Trato a la población civil en Colombia durante el 2025

Estas dinámicas generaron condiciones de presión y vulnerabilidad que en muchos casos forzaron a las personas a abandonar sus territorios, con la consiguiente pérdida de sus medios de vida, redes de apoyo y formas de subsistencia. Algunas comunidades fueron confinadas por actores armados, lo que impidió, entre otras cosas, el acceso oportuno a la atención médica, con los riesgos agravados que eso acarrea para la vida y la salud; por ejemplo, la falta de acceso a los controles prenatales para las mujeres embarazadas o a las vacunaciones contra la fiebre amarilla. 

Entre las distintas formas de violencia registradas, la violencia sexual siguió siendo particularmente grave y, al mismo tiempo, una de las menos visibles. Las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, en parte porque muchas víctimas y sobrevivientes enfrentan estigmatización, temor a represalias y barreras para reportar lo ocurrido y acceder a las rutas de atención y asistencia.

Además de la violación, la violencia sexual comprende prácticas como el acoso sexual, la desnudez forzada, el sexo por supervivencia y la esclavitud sexual, entre otras. Sus efectos no se limitan a quienes la sufren: también impactan sus vínculos familiares y comunitarios, afectan su salud física y mental y alteran sus condiciones de vida y su entorno social. En diversos casos, los actores armados han recurrido a este tipo de violencia como forma de intimidación, castigo o demostración de poder. 

En los conflictos armados, las personas que no participan directamente en las hostilidades, o que han dejado de hacerlo, deben ser respetadas y protegidas en todas las circunstancias. El DIH prohíbe toda forma de violencia contra su vida, su integridad física o dignidad, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes.