América latina y el Caribe: cuando acceder a servicios de salud se convierte en un riesgo

En contextos marcados por la violencia armada, el personal de salud puede ser hostigado y agredido física o verbalmente. Las ambulancias encuentran mayores riesgos para el traslado seguro de los pacientes. La infraestructura de los centros de salud puede ser dañada durante los enfrentamientos, y su funcionamiento se ve a menudo interrumpido. Mientras que los pacientes, ya sea por temor, riesgos de seguridad, dificultades de acceso a las infraestructuras de salud, o simplemente por el cierre de servicios, no logran acceder a la atención médica. 

Estas problemáticas son cada vez más frecuentes en los países de Latinoamérica y el Caribe, según lo han podido constatar el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja en varias de las comunidades directamente afectadas. 

“Si bien los eventos de violencia contra la salud ocurren de manera generalizada, Colombia, México, Haití y Ecuador están entre los países en los que se registran con mayor frecuencia eventos graves ligados a la violencia armada. Cuando el personal sanitario y el sistema de salud están en riesgo, las comunidades se ven directamente afectadas. Proteger su correcto funcionamiento es esencial para garantizar el acceso de la población a los servicios de salud", explica Gabriel Mayorga, Asesor Regional del CICR para la Protección y Respeto a la Asistencia de Salud.

Lejos de ser hechos aislados, estos eventos reflejan un patrón preocupante de violencia que afecta la prestación de los servicios de salud en contextos de conflicto armado y otras situaciones de violencia en la región. En el contexto colombiano, según cifras de la Mesa Nacional de Misión Médica*, en 2025 se registraron un total de 282 actos violentos contra la asistencia de salud relacionados con los conflictos armados no internacionales, que suponen infracciones según el derecho internacional humanitario.

Entre ellos, se destacan amenazas y homicidios contra personal sanitario y personas heridas que ya no participan en las hostilidades, tanto en ambulancias como en instituciones de salud.

Asimismo, se han registrado restricciones a la movilidad para comunidades en las zonas más afectadas por los conflictos armados, lo que limita el acceso oportuno a servicios de salud con consecuencias mortales en algunos casos para los pacientes. 

"Recuerdo el caso de una madre de una comunidad indígena que murió junto a su bebé al tener complicaciones con su embarazo y no poder acceder al centro de salud más cercano, debido a restricciones de movilidad producto de dinámicas de los conflictos armados", relata una colaboradora del área de Salud del CICR en Colombia.

En este tipo de situaciones, el CICR mantiene un diálogo bilateral y confidencial con todas las partes en conflicto para recordarles su obligación de respetar y proteger la asistencia de salud bajo el derecho internacional humanitario.

En países en los que no existe un conflicto armado, también existen repercusiones en los servicios de salud a causa de la violencia. En México el CICR ha documentado más de 190 incidentes graves que afectaron los servicios de salud y la atención a los pacientes entre 2024 y 2025, con base en información primaria y fuentes abiertas. Estos incluyen agresiones y homicidios del personal de salud, pacientes y familiares, e incursiones armadas en estructuras sanitarias, robo de datos y de insumos, entre otros. 

Más allá de las cifras, estos incidentes tienen un impacto profundo en la vida de los prestadores de servicios de salud. Fernanda (nombre protegido), psicóloga del sur de México, pasó de brindar apoyo en salud mental a personal sanitario afectado por la violencia, a ser víctima de este fenómeno.

 “Que seamos profesionales de la salud mental no nos libra de padecer la violencia y sus consecuencias. Hemos recibido amenazas y nuestra vida se ha puesto en peligro. En mi caso, tuve que desplazarme del lugar donde vivía, dejé mi casa, mi red de apoyo y el centro de salud donde trabajaba cerró por más de un año. Aún tengo pesadillas y siento mucha ansiedad cuando pienso que en algún momento abrirán de nuevo el centro de trabajo y deberé volver. He tenido que buscar por mi cuenta terapia psicológica y médica para poder afrontarlo mejor”, relata.

Haití es otro de los países que genera mayor preocupación al CICR. El recrudecimiento de la violencia armada desde 2024 ha llevado a que más de 70 % de los servicios de salud en la capital, Puerto Príncipe, se encuentren fuera de servicio. La gran mayoría de estructuras de salud han sido afectadas, impidiendo el acceso seguro para la población. Los servicios de urgencias, la atención para madres gestantes y lactantes, y demás especialidades médicas están colapsadas. Adicionalmente, muchos pacientes con enfermedades crónicas se quedan sin atención médica.

En este contexto de violencia que afecta y limita significativamente el acceso a los servicios de salud, el Hôpital Universitaire La Paix (HUP), la única gran estructura hospitalaria estatal que permanece en funcionamiento en Puerto Príncipe, enfrenta múltiples desafíos.

 “No tenemos suficientes camas para atender a todos los pacientes que llegan a nuestro hospital; hay pacientes a los que debemos tratar y reanimar en el suelo”, relata la doctora Myriam Gousse, jefa de urgencias del hospital.

 La presión también recae sobre el personal de salud. “A veces recibimos heridos armados que desenfundan sus armas para obligar al personal médico a atenderlos. Estos episodios se repiten con mayor frecuencia”, agrega la doctora Gousse.

Por su parte, Ecuador enfrenta una preocupante escalada de violencia armada que afecta a los servicios de salud, especialmente en las zonas de mayor conflictividad. 

Este fenómeno ha generado importantes desafíos para la gestión de las instituciones de salud en estas áreas críticas, lo que ha llevado a la suspensión temporal de ciertos servicios, y mayores dificultades para el acceso de la población a la atención médica.

“Ante esta situación, la Cruz Roja Ecuatoriana en conjunto con los miembros del Movimiento Cruz Roja ha intensificado sus esfuerzos para promover el respeto hacia los servicios de salud y brindar apoyo tanto al Ministerio de Salud, unidades médicas y personal sanitario, como a las comunidades afectadas. Nuestras acciones reivindican el derecho de los profesionales de la salud a desempeñar su labor en un entorno libre de presiones y amenazas”, explica Jhonny García, Coordinador de Seguridad de la Cruz Roja Ecuatoriana.

Fortalecimiento de capacidades del sector salud

Acompañamos a los diferentes niveles del sistema de salud para prevenir, mitigar y gestionar los efectos de la violencia.

En Haití, durante 2026, fuertes enfrentamientos armados están afectando a la población de la capital, Puerto Príncipe. Durante meses, el CICR ha proporcionado suministros médicos y capacitaciones en primeros auxilios a trabajadores de salud comunitarios

En los contextos más afectados por la problemática, facilitamos formaciones y talleres para que el personal de salud y las estructuras sanitarias estén mejor preparados y sean más resilientes para responder y recuperarse frente a incidentes de violencia.
Además, promovemos de forma conjunta protocolos de seguridad y planes de contingencia para los equipos de salud que trabajan en contextos de alta peligrosidad.

Cooperación regional
Desde 2024, el CICR, junto con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de la región, Sociedades Nacionales Aliadas y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han intensificado su cooperación regional para una respuesta coordinada ante esta problemática.
Brindamos apoyo técnico conjunto a equipos del Movimiento Cruz Roja en la región, así como formaciones, eventos e intercambio de conocimientos entre los actores más afectados.

Sensibilización pública

Lanzamos campañas públicas para promover el respeto y llamar al fortalecimiento de la protección de quienes brindan asistencia de salud.