Brasil: encuentro para debatir los desafíos en materia de protección en el contexto de la violencia armada en el nordeste del país
Fortaleza (CE) – La Oficina de Asesoría Jurídica para Organizaciones Populares (GAJOP), con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), llevó a cabo el II Encuentro de Programas de Protección Provisoria (PPPro), en Fortaleza (CE), los días 5 y 6 de diciembre. A partir de la consigna “Desafíos para la protección de las personas en el contexto de la violencia armada en la Región Nordeste (NE)”, el evento reunió a más de 50 personas, entre ellas, autoridades del Gobierno Federal de Brasil, de los Gobiernos de Ceará, Bahía y Pernambuco, y técnicos a cargo de la implementación de estos programas de protección provisoria en seis estados del país.
Los debates se centraron en las consecuencias humanitarias de la violencia armada, como asesinatos, desplazamientos forzosos, desaparición de personas, uso excesivo de la fuerza pública, efectos en la salud mental y restricciones de acceso a los servicios públicos esenciales.
Los PPPro, una iniciativa pionera de Ceará, son medidas provisorias implementadas por organismos gubernamentales para garantizar la seguridad de personas en situaciones de riesgo inminente.
Felipe Freitas, Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de Bahía.
Daniel Muñoz-Rojas, jefe de Actividades Operacionales de la delegación regional del CICR para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, recordó que la organización humanitaria trabaja con socios para fortalecer los sistemas existentes. Para el asesor de protección del CICR en Fortaleza, Cláudio Silva, los programas exigen el desarrollo de un mecanismo o sistema que aborde las deficiencias actuales y que integre las diversas políticas públicas, el Sistema de Justicia y de Seguridad Pública.
Daniel Muñoz-Rojas, jefe de Actividades Operacionales de la delegación regional del CICR para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, recordó que la organización humanitaria trabaja con socios para fortalecer los sistemas existentes. Para el asesor de protección del CICR en Fortaleza, Cláudio Silva, los programas exigen el desarrollo de un mecanismo o sistema que aborde las deficiencias actuales y que integre las diversas políticas públicas, el Sistema de Justicia y de Seguridad Pública.
El director de Defensa de los Derechos Humanos del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC), Felipe Biasoli, señaló que el organismo se ha esforzado para cumplir las expectativas y reforzar el presupuesto. Agregó también que se presentará un Plan Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y de Anteproyecto de Ley.
Felipe Biasoli, durante su participación el primer día del evento.
En el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía existen tres programas de protección que funcionan en colaboración con los estados, mediante la firma de acuerdos o, en los estados en los que no hay un acuerdo vigente, por medio del equipo federal. Estos programas son PROVITA (Programa de Protección de Víctimas y Testigos Amenazados), PPDDH (Programa de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas), y PPCAAM (Programa de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Amenazados de Muerte).
Parceria
La secretaria de Derechos Humanos del estado de Ceará, Socorro França, destacó la importancia de la alianza y del papel del CICR en el estado. “Tenemos una idea de cómo vivimos y sobrevivimos gracias a los programas de protección. El CICR nos permitió avanzar mucho, no solo en la protección de las víctimas de violencia, sino también en relación con las personas desaparecidas”, destacó. Además, hablo sobre el esfuerzo del Gobierno de Ceará, que asignó 24 millones de reales para el Programa de Protección Provisoria (PPPro/CE). “Deberíamos tener un PPPro nacional. Solo así podremos implementar esta política pública”, afirmó.
Socorro França durante el acto inaugural del evento.
El diputado estatal Renato Roseno, presidente del Comité para Prevenir y Combatir la Violencia (CPCV), afirmó que es necesario fortalecer los programas de protección. Para el parlamentario, es necesario ampliar la capacidad de los agentes de seguridad pública e integrarlos a un lineamiento nacional para actuar con un protocolo en casos de amenaza. Por otro lado, el Defensor Público del Estado de Ceará Leandro Bessa afirmó que la situación de violencia policial, personas desaparecidas y desplazadas son algunas de las preocupaciones de la institución.
A su vez, la directora ejecutiva de GAJOP, Deila Martins, afirmó que el contexto de violencia va cambiando y agravándose, lo que explica una necesidad de desarrollo de una tecnología o estrategia para garantizar la protección inmediata. Según ella, la Región Nordeste ha creado estrategias que se pueden implementar en otras unidades de la Federación.
Deila Martins abordó el cambio y el empeoramiento de la violencia armada.
Los participantes presentaron sus programas de protección provisional.
El CICR en Fortaleza
Desde 2018, el CICR trabaja en Ceará para contribuir a responder a las consecuencias humanitarias de la violencia armada en la población. La organización colabora con las autoridades de Ceará y la sociedad civil para asistir en las cuestiones relacionadas con las restricciones de acceso a los servicios públicos esenciales, a las personas privadas de libertad, a las personas desaparecidas y sus familiares, y a las desplazadas.
