En el punto de mira: violaciones del derecho internacional humanitario - Cometido de los medios de comunicación

31-12-1998 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Roy W. Gutman

Cincuenta años después de que las Naciones Unidas proclamaran su ambiciosa Declaración Universal de Derechos Humanos, cualquier escéptico podría demostrar sin mayores dificultades que el compromiso de la comunidad internacional para con el documento es, en el mejor de los casos, superficial. La ineficacia de las Naciones Unidas para impedir el genocidio en Bosnia-Herzegovina y en Ruanda, agravada por su omisión de una exhaustiva autocrítica que le habría permitido aprender de la experiencia de la tragedia de Bosnia, ha dejado al descubierto la farsa.
 

Dicho esto, hay que reconocer que las Naciones Unidas no son monolíticas ni son sinónimo de la comunidad internacional. Además, las actitudes han cambiado en la cima de la propia institución y en muchos de sus Estados miembros, así como entre las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación; actualmente son muchos los grupos que, desde muy diversos lugares, prestan particular atención a los crímenes de guerra. La señal más significativa del cambio ha sido la institución por parte del Consejo de Seguridad, de tribunales internacionales ad hoc para juzgar los casos de genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra en los conflictos de Bosnia y Ruanda. Es posible que se instituya un tercer tribunal para juzgar los múltiples crímenes contra la humanidad cometidos en Camboya durante los años setenta. Por último, representantes de diversos Estados aprobaron recientemente en Roma los términos de referencia relativos a un tribunal penal permanente. Pero, a pesar de estos avances hacia el cese de la impunidad, las grandes potencias aún no han cumplido la obligación impuesta en los Convenios de Ginebra de d etener a los acusados de crímenes en la guerra de Bosnia.
 

Las organizaciones no gubernamentales también han aprendido algo de estos terribles sucesos registrados tras al final de la guerra fría. Algunas han adoptado una postura más militante en lo referente a los crímenes de guerra y otras violaciones patentes de los derechos humanos; otras han reelaborado sus manuales de formación o han intentado abrir en mayor medida sus actividades a la opinión pública.
 

También entre los periodistas se extiende la idea de la necesidad de reflexión. Las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y la impunidad son material para la prensa, por la sencilla razón de que el crimen es noticia. Por su tradicional función de perro guardián, la prensa tiene la obligación de informar acerca del quebrantamiento de la ley, sobre todo si el infractor es un Estado o una institución financiada con dinero de los contribuyentes.
 

Aun así, la cobertura mediática de los conflictos internacionales o internos no suele presentarse desde la perspectiva de las infracciones cometidas contra las leyes de la guerra. De hecho, el derecho internacional humanitario es una enrevesada jungla de premisas, principios, aseveraciones y tecnicismos, impenetrable para la mayoría de los legos. ¿Mejoraría la cobertura mediática con un mayor conocimiento de los derechos humanos y de los Convenios de Ginebra? La respuesta de este periodista, basada en su experiencia personal, es afirmativa.

  La experiencia de un periodista  

 
La cobertura de los conflictos armados de los últimos diez años ha dejado en muchos periodistas una sensación de frustración y desaliento.
 

Los periodistas figuraron entre los primeros en descubrir que las grandes potencias, lejos de defender el derecho humanitario, estaban dispuestas a eludirlo, a no ser que hubiera intereses comerciales o de vital importancia en juego y siempre que no se atrajera la atención de la prensa. A comienzos de agosto de 1992, a raíz de mis reportajes sobre las matanzas sistemáticas en los campos de prisioneros del norte de Bosnia, de las impresionantes imágenes difundidas por la ITN británica y de la información enviada desde el lugar de los hechos por Ed Vulliamy, corresponsal de The Guardian , el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, hizo una declaración aparentemente firme aunque evasiva que, pese a todo, dejaba traslucir una clara conciencia de que se había violado el derecho internacional humanitario. No denunció crímenes contra la humanidad ni exigió la clausura de los campos de prisioneros y la liberación de éstos, ni tan siquiera una investigación para verificar sise habían cometido crímenes. Solamente pidió que se permitiera el acceso del CICR al campo de Omarska y a otros campos de prisioneros. La reacción de las otras potencias fue más lenta. El Gobierno francés tardó más de una semana en mencionar la existencia de los campos de prisioneros, y el británico, que en el curso de ese mismo mes tenía programada una importante conferencia diplomática, se negó a cubrir los gastos de viaje para que Tadeusz Mazowiecki, ex primer ministro polaco, nombrado por las Naciones Unidas observador especial sobre derechos humanos, encargado de estudiar las acusaciones por las atrocidades perpetradas en Bosnia, pudiera asistir a dicha conferencia.
 

Lejos de haber aprendido la lección del comienzo del holocausto nazi, los Gobiernos de numerosos países europeos y de Estados Unidos parecían perfectamente dispuestos a repetir los errores de los años treinta, excepto el de cerrar las fronteras a los refugiados que huían para salvar la vida. A mediados de 1992 llegó a Bosnia un primer contingente de tropas francesas y luego otro de efectivos británicos, pero su misión se limitaba estrictament e a la protección de los envíos de alimentos y ayuda humanitaria —y a veces ni siquiera eso—, en lugar de proteger a los martirizados civiles inocentes.

Sólo a partir del despliegue de las Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), se manifestó la pasividad en denunciar las violaciones de los Convenios de Ginebra. Los Convenios cuentan con escasos mecanismos para garantizar su aplicación, excepto el compromiso asumido por las Partes de respetarlos y velar por que sean respetados. Un amplio proyecto de investigación que realicé en 1993 me convenció de que la comunidad internacional, en la época de los reportajes sobre Omarska, no eludía sus responsabilidades por negligencia, sino debido a una mentalidad fraguada a lo largo de decenios. En lugar de vigilar la aplicación de los Convenios, el personal de UNPROFOR estuvo presente varias veces en la escena del crimen, sin investigar ni informar acerca de lo sucedido.

La sola idea de que los Cascos Azules —los soldados buenos por antonomasia— miren para otro lado mientras se están cometiendo crímenes en su presencia puede equivaler, para el observador desprevenido, a la abdicación de una responsabilidad más importante que cualquier mandato de Naciones Unidas. Incluso sin conocer el contenido de los Convenios de Ginebra ni de otros tratados fundamentales del derecho internacional humanitario, el mero sentido común indica que ningún ciudadano del mundo moderno puede presenciar violaciones flagrantes de los derechos humanos sin investigar ni exigir que alguien ponga remedio a lo que está sucediendo. Sin embargo, las Naciones Unidas adoptan la perspectiva legalista según la cual los Cascos Azules no están sujetos a los Convenios de Ginebra. Es algo que averigüé mientras cubría los sucesos en Bihac.
 

En noviembre de 1994, pendía una amenaza de ataque sobre la localidad de Bihac, situada en el norte de Bosnia y declarada «zona de seguridad» por las Naciones Unidas. Para en trar en la ciudad, las tropas serbobosnias tenían que atacar el hospital municipal. Previendo una tragedia, un encargado de asuntos civiles de las Naciones Unidas solicitó al militar al mando de las fuerzas locales que protegiera el hospital, invocando los Convenios de Ginebra. El oficial, de nacionalidad estadounidense, argumentó que las tropas de las Naciones Unidas tenían el deber de garantizar que el hospital de Bihac recibiera el alto nivel de protección estipulado para tales instituciones por el IV Convenio de Ginebra, y consiguió el visto bueno del jefe de asuntos civiles en Sarajevo, un ruso. El oficial al mando, de nacionalidad canadiense, desplegó sus efectivos procedentes de Bangladesh en los terrenos del hospital y logró bloquear la ofensiva. Pero, dos semanas más tarde, un funcionario de los servicios jurídicos dictaminó que las Naciones Unidas no están sujetas a los Convenios de Ginebra, dado que el organismo mundial no es parte en los Convenios de 1949, y dijo que el oficial al mando sólo está obligado a obedecer las órdenes del Consejo de Seguridad.
 

Si alguien hubiese supuesto que la UNPROFOR se sentía obligada a impedir o tan siquiera a vigilar los actos de genocidio, los crímenes contra la humanidad o cualquier otra de las graves infracciones mencionadas en los Convenios, la caída de Srebrenica, en julio de 1995, le habría quitado la venda de los ojos. Antes de su evacuación a una zona segura, las tropas holandesas tuvieron ocasión de ver cómo el ejército serbobosnio separaba a los hombres y a los adolescentes de las mujeres, los niños y los ancianos, cargaba a este último grupo en autobuses y camiones, y enviaba a los primeros al lugar donde serían masacrados, como se supo más adelante. Los primeros 54 miembros holandeses de las «fuerzas de paz» que los serbios hicieron prisioneros en sus puestos de observación y mantuvieron como rehenes en clara violación del derecho internacional fueron puestos en libertad, el 15 de julio, y enviados a Bosnia en autobús, tras s er privados de sus armas y equipos. De camino hacia la salvación, mientras se encontraban aún en territorio serbobosnio, los holandeses fueron testigos de inequívocos signos de matanzas: calzado y mochilas de más de cien personas alineados junto a la carretera, decenas de cadáveres apilados en un carro y cuerpos sin vida a lo largo de los arcenes. Los testigos de Srebrenica afirman que las principales ejecuciones se habían perpetrado un día antes, el 14 de julio. Cabría suponer que cualquiera que hubiese presenciado indicios tan patentes de ejecuciones extrajudiciales —un crimen de guerra según los Convenios de Ginebra— habría informado al respecto inmediatamente.

Los sucesos que investigué y acerca de los cuales escribí por aquella época, en Omarska, Vogosca, Bihac y Srebrenica, se combinaban para formar una estrategia inquietante, como comprendí más adelante. Acudí al CICR en busca de una explicación y me indicaron que las Naciones Unidas, por no ser parte en los Convenios ni parte en el conflicto, no imponen a los Cascos Azules la plena observancia de los Convenios de Ginebra. En lugar de eso, antes de desplegar sus efectivos, el secretario general de las Naciones Unidas suele darles instrucciones generales sobre el respeto de los principios de dichos Convenios. En el caso de Bosnia, esas instrucciones nunca llegaron a darse, lo cual plantea otro interrogante: ¿quién tiene el cometido, en la comunidad internacional, de velar por la aplicación de los Convenios? Según los Convenios, el CICR tiene encomendado un conflictivo doble mandato: velar por su aplicación y, a la vez, proporcionar toda la protección posible a los prisioneros de guerra y a otras personas protegidas. La denuncia de los infractores puede tener consecuencias directas y negativas para su acceso al lugar de los hechos. Por lo tanto, la práctica habitual del CICR de entablar contactos discretos con la parte infractora es una reacción comprensible. Pero esto implica, por desgracia, que rara vez las violaciones llegan al conocimiento de la opinión pública. Las tropas extranjeras —si llevan cascos azules— pueden argumentar que pertenecen a un organismo que no es parte en los Convenios. Pueden mirar para otro lado, y de hecho lo hacen. Así pues, las partes en conflicto quedan libradas a sí mismas: por un lado, los que están violando el derecho, que difícilmente van a autoinculparse y, por otro, las víctimas, cuyos alegatos rara vez son escuchados sin una buena dosis de escepticismo. En consecuencia, no hay nadie en el campo de batalla ni en sus proximidades que pueda denunciar en tiempo real, ante la opinión pública, las infracciones cometidas contra el derecho internacional humanitario. Y los infractores tienen todas las cartas a su favor para gozar de total impunidad.

     

  ¿Una función de los medios de comunicación?  

 
En numerosas conversaciones se fraguó la idea de que ésa podría ser una función de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces habrá observado un corresponsal un abuso patente sin llamarlo por su nombre: «crimen de guerra»? Pero; ¿cómo puede hacer un periodista para reconocer un crimen de guerra cuando lo ve?
 

Personalmente he reflexionado acerca de sucesos que he presenciado y acerca de los cuales no he informado de manera adecuada. En octubre de 1991, cuando arreciaba la guerra serbocroata, visité un hospital en el frente, en la localidad croata de Vinkovci, donde todas y cada una de las salas por encima del nivel del suelo habían quedado destruidas y donde todas las cruces rojas que lucían en el edificio y en los vehículos del hospital habían sido otras tantas dianas. Los médicos croatas atendían en el sótano a sus pacientes, la mayoría heridos militares, entre ellos varios serbios. Redacté una dramática relativa a los soldados ingresados en una de las salas (la tripulación multiétnica de un carro de combate yugoslavo) y al artillero croata que los había convertido en lisiados. Mencioné, sólo de pasada, el estado del edificio, como un ejemplo más de la «tragedia» de Eslavonia occidental. ¿Tragedia? Una breve investigación habría puesto en claro que se trataba además de una grave violación del derecho internacional.
 

Años más tarde me enteré de que, por esa misma época, un delegado del CICR había llegado a la conclusión de que el hospital de Vinkovci era un ejemplo " perfecto " de violación de los Convenios de Ginebra. Además, no era el único hospital objeto de constantes ataques. El personal del CICR comprobó que lo mismo sucedía con el de Karlovac y el de Osijek. Naturalmente, el CICR no pudo ofrecer un relato exhaustivo del ataque contra el hospital de Vukovar, para el cual se emplearon, según fuentes croatas, cientos de proyectiles de mortero y dos bombas de gravedad de 250 kilos. Cuando, después de tomar la localidad, los serbios comprobaron que, a pesar de todo, no habían arrasado el hospital, se llevaron a los supervivientes y los ejecutaron.

Así pues, Vinkovci no era un ejemplo aislado, sino parte de una estrategia que tenía como objetivo a los hospitales. Habría sido una buena historia para un periódico. Lógicamente, un periodista cuidadoso habría tenido que atravesar el frente, obtener la versión del otro bando, regresar al lado croata y probablemente ir y volver alguna vez más hasta que todos los hechos encajaran. Cientos de periodistas de decenas de países estaban cubriendo la guerra, pero ninguno —por lo que yo sé— documentó el crimen o la destrucción del hospital de Vinkovci. Es un hecho del que cabe extraer una lección.
 

Con independencia de lo que las Naciones Unidas exijan en el futuro a sus fuerzas de paz en relación con los Convenios de Ginebra, los propios medios de comunicación también pueden vigilar su aplicación. Buscando ejemplos inequívocos, investigando lo que sucedió en rea lidad e informando casi en tiempo real, los periodistas podrían dar a conocer un drama humano que la opinión pública de casi todos los países podría relacionar con la aplicación la violación de normas universalmente aceptadas. Resulta difícil evaluar en abstracto la potencial repercusión sobre la sensibilización de la opinión pública; pero, en determinadas circunstancias, tal repercusión podría ser considerable. Si la prensa hubiese difundido con más habilidad los abusos perpetrados durante la guerra de Croacia de 1991, sus reportajes habrían alertado al mundo con respecto a la verdadera naturaleza del conflicto y lo habrían preparado mejor para la explosión de crímenes registrada durante la guerra de Bosnia, de 1992-1995. Y, si los periodistas hubiesen proporcionado un marco jurídico de referencia para los malos tratos sistemáticos en los campos de prisioneros, la destrucción de la cultura y los ataques contra las ciudades y la población civil durante el conflicto de Bosnia, tanto la opinión pública como los Gobiernos de las principales potencias habrían dispuesto probablemente de una base más sólida para determinar una respuesta.

Lejos de estar anticuados o superados por los acontecimientos, los Convenios de Ginebra de 1949 pueden aportar a la opinión pública una guía normativa con respecto a lo realmente importante en un conflicto. Después de todo, recogen las lecciones aprendidas después del peor conflicto del siglo, y su contenido —gran parte del cual se remonta a una época bastante anterior— así lo refleja. Mientras que el objetivo del CICR es fomentar su aplicación citando ejemplos concretos, los medios de comunicación, por su parte, pueden concentrar su atención en los crímenes de guerra. La opinión pública comprenderá mejor lo que está en juego en una guerra si los periodistas están al tanto de lo que es un acto lícito, ilícito o criminal, particularmente en el comienzo de esta nueva era de institución de tribunales internacionales para juzgar los abusos. Al final de este de cenio, que tal vez se recuerde como la década de la limpieza étnica, en las postrimerías de un siglo de guerras totales contra la población civil y próximos ya a la conclusión de un milenio tumultuoso, probablemente ha llegado el momento de informar mejor a la opinión pública acerca de estas distinciones.
 
 
  Unos medios de comunicación conocedores del derecho humanitario internacional para la prevención del sufrimiento y los crímenes
 

  Un proyecto  

 
Con el fin de promover el conocimiento del derecho internacional humanitario, un grupo de periodistas y juristas, respaldado por el Washington College of Law de la American University y su Departamento de Comunicaciones, ha organizado el «Proyecto Crímenes de Guerra». La finalidad del proyecto es ofrecer a los periodistas estadounidenses y extranjeros una formación en el ámbito del derecho humanitario. Con el apoyo financiero de la Fundación de la Familia Sandler y la Fundación Ford, nuestro primer objetivo es publicar un breve manual sobre los crímenes de guerra, que consistirá en unos 60 artículos periodísticos sobre violaciones graves de los Convenios de Ginebra y crímenes contra la humanidad. En cada artículo se presentará un ejemplo inequívoco, presenciado directamente o suficientemente documentado por el periodista, junto con un análisis de la legislación aplicable, de los aspectos que conviene tener en cuenta y de los tecnicismos que puedan resultar relevantes. Para facilitar el análisis jurídico, un estudiante de postgrado del Washington College of Law ha revisado las publicaciones jurídicas en busca de artículos sobre cada una de las violaciones graves y ha preparado una breve introducción.
 

Todos los artículos están siendo revisados por periodistas y juristas, con el asesoramiento de los servicios jurídi cos del CICR y de destacados expertos militares. También hay artículos sobre nueve guerras importantes, consideradas desde la nueva perspectiva del derecho internacional humanitario, poniendo de relieve, sobre todo, los crímenes de guerra. Se pretende que cada guerra sea el paradigma de un tipo de conflicto. Las elegidas son: conflicto árabe-israelí, como típico ejemplo de una guerra que superó con creces todo lo previsto en los Convenios de Ginebra; Bosnia, como modelo para estudiar casi todas las violaciones posibles del derecho humanitario; Camboya, como ejemplo de los límites artificiales de la Convención sobre el Genocidio; Chechenia, como modelo de violación de los Convenios de Ginebra por parte de los dos bandos; Colombia, para estudiar un caso en el que las organizaciones paramilitares quedan fuera de control; guerra del Golfo, como ejemplo de conflicto en el que las grandes potencias intentaron aplicar los Convenios; Irak-Irán, uno de los últimos grandes conflictos internacionales; Liberia, ejemplo de la barbarie característica de las guerras localizadas africanas; Ruanda, el fracaso de la comunidad mundial antes, durante y después del genocidio.
 

Destacados expertos están preparando una serie de artículos sobre otros temas. Para aumentar el impacto de este manual en formato de bolsillo, los principales artículos estarán ilustrados. La documentación gráfica está a cargo de un exdocumentalista de la agencia Magnum y del diseño de la obra se encarga un equipo de profesionales: Gilles Peress, fotógrafo de Magnum, y Jeff Streeper, diseñador gráfico con estudio en Nueva York.
 

Con motivo de la presentación del libro, prevista para 1999, se organizarán varios seminarios destinados a los medios de comunicación, que tendrán por tema la cobertura periodística de los conflictos armados y los crímenes de guerra. Se prevé, asimismo, preparar otra publicación sobre los aspectos profesionales y éticos del periodismo de guerra. Los siguientes proyectos son u na página en Internet, una película, un plan de estudios para escuelas de periodismo y exposiciones de fotografías.
 
 
  Roy W. Gutman   es periodista y ganador del premio Pulitzer.  

Original: inglés