La protección de las personas civiles en poder del enemigo y el establecimiento de una jurisdicción penal internacional.

31-12-2000 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Julio Jorge Urbina

  Resumen:

En este trabajo se analizan recientes casos de importancia sobre los que decidieron el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por lo que atañe a crímenes cometidos en contra de civiles en poder del bando enemigo y que constituyen violaciones graves del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Se examina asimismo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para tratar crímenes de esta naturaleza. En opinión del autor, los dos tribunales internacionales, y en particular el TPIY, han contribuido de manera significativa a la protección jurídica de los civiles al dar un significado más preciso a las disposiciones sobre las violaciones de los tratados de derecho humanitario. Por otra parte, la decisión del TPIY de aplicar a los conflictos armados no internacionales las disposiciones jurídicas sobre las violaciones graves (caso Tadic) ha instaurado una base firme para una mejor protección de los civiles contra los crímenes cometidos en las guerras civiles. La nueva Corte Penal Internacional tendrá una práctica segura sobre la cual fundamentarse, en virtud del derecho internacional humanitario, por lo que atañe a la protección de los civiles en poder del enemigo.
 

     

  Consideraciones generales.  

 
Los cambios políticos y estratégicos que se han producido en la sociedad internacional a principios de los años noventa no supusieron, pese a las expectativas iniciales, el inicio de una nueva era de paz y de respeto de los derechos humanos en la que los conflictos armados fueran progresivamente desapareciendo. Muy al contrario, a lo largo de esta última década del siglo XX, en este periodo cargado de incertidumbres que hemos denominado posguerra fría, asistimos al estallido de nuevas situaciones de violencia por razones de índole religiosa o étnica que, ante la indiferencia deliberada de los contendientes hacia las normas humanitarias, han desencadenado enormes sufrimientos entre las poblaciones civiles afectadas [1 ]
 
La magnitud de las crisis humanitarias a las que hemos asistido –sobre todo, en la antigua Yugoslavia o Ruanda- y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos fundamentales cometidas contra las personas civiles llevaron a las Naciones Unidas y, especialmente, al Consejo de Seguridad a considerar que este comportamiento de los beligerantes, que vulneraba los principios más básicos y esenciales del derecho internacional humanitario, constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales [2 ] A partir de esta calificación, ha adoptado numerosas medidas [3 ] algunas de ellas sin precedentes, entre las que destacamos por su trascendencia la creación de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia (TPIY) y para Ruanda (TPIR), a los que se encomendó la represión las citadas conductas y el castigo de los responsables de las atrocidades cometidas, sobre todo, contra las personas civiles. Con ello se buscaba poner fin a la impunidad que había alentado a los contendientes a cometer las más execrables vulneraciones de los derechos humanos para conseguir sus objetivos políticos, ya que la existencia de un órgano de este tipo disuadiría a éstos de cometer nuevas infracciones [4 ]

 
Ahora bien, la labor de estos tribunales no iba a resultar sencilla, ya que, entre otras dificultades, se toparon con la ardua tarea de adaptar las normas humanitarias contenidas en los Convenios de Gine bra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales de 1977, así como en el viejo Reglamento anexo al IV Convenio de La Haya de 1907, al nuevo contexto bélico en que debían ser aplicadas, que poco tenía que ver con las tipologías de conflictos armados más habituales en el momento de su redacción. Se trataba así de asegurar una mayor protección de las personas civiles, sobre todo, cuando se encuentren en poder del enemigo, respetando el principio nullum crime sine lege . A este respecto, los jueces adoptaron una actitud progresiva, lo que permitió que ya muy tempranamente el TPIY – y también el TPIR- comenzase a adoptar decisiones de una importancia capital para el desarrollo del derecho internacional humanitario, configurando poco a poco una jurisprudencia que ha permitido la cristalización de ciertos avances en este corpus normativo largamente esperados, especialmente en relación con la protección de las personas civiles.
 
Dentro de este contexto de violaciones masivas y reiteradas de los derechos humanos fundamentales en los recientes conflictos armados, creemos que son las personas civiles en poder del enemigo las que han sufrido las consecuencias más graves, sobre todo, mujeres y niños. Así, hemos asistido a ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, toma de rehenes, ausencia de las debidas garantías procesales, restricciones a la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación, ataques deliberados contra no combatientes, hospitales y ambulancias, restricciones al acceso a alimentos y atención a la salud, devastación y destrucción indiscriminada y violaciones graves de los derechos humanos en los lugares de detención. Todo ello en el marco de un plan sistemático de “limpieza étnica”, que entrañaba, además, deportaciones y traslados forzados y masivos de personas de sus casas en violación flagrante de las disposiciones del IV Convenio de Gi nebra de 1949, así como la destrucción o incautación de sus bienes [5 ]
 
Por eso, dentro de la multiplicidad de cuestiones suscitadas por la jurisprudencia de sendos Tribunales Penales Internacionales, nos centraremos en la interpretación que han hecho de las disposiciones que tratan de salvaguardar la dignidad de las personas civiles que se encuentran en poder del enemigo, contenidas en el IV Convenio de Ginebra de 1949 y en el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de 8 de junio de 1977 (Protocolo I de 1977), así como los problemas que suscita la aplicación de estas normas en un entorno caracterizado por la violencia étnica. Por esta razón, analizaremos fundamentalmente la labor del TPIY, puesto que este órgano es el único que se ha encontrado en la tesitura de aplicar los citados instrumentos jurídicos en un conflicto armado internacional. Sin embargo, no pretendemos olvidar la importancia de la jurisprudencia del TPIR, que ha sido pionera en ciertos aspectos –como el de la violación de mujeres -, en la medida en que pese a no aplicarse los citados instrumentos convencionales, las personas civiles en conflictos armados internos gozan de un conjunto de derechos reconocidos en el art. 3 común y en el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, de 8 de junio de 1977 (Protocolo II de 1977) y que son comunes a toda situación de violencia, con independencia de su naturaleza o intensidad.
 
La importante labor desempeñada por ambos Tribunales Penales Internacionales ha contribuido de manera muy decisiva al establecimiento de una jurisdicción penal internacional con carácter permanente, que ha terminado por concretarse con la elaboración, en 1998, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en estos momentos en fase de ratific ación. Por ello, también trataremos de analizar cómo ha quedado reflejada la protección de las personas civiles en poder del enemigo dentro de la nómina de crímenes de su competencia, sobre todo, a la luz de la jurisprudencia de los citados tribunales.
 

  La protección de las personas civiles en poder del enemigo y su reflejo en la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda.  

 
Frente a los sufrimientos padecidos por las personas civiles en los actuales conflictos armados, el derecho internacional humanitario desde sus orígenes constituye un corpus normativo, inspirado en el principio de humanidad, que pretende proteger a las víctimas en cualquier situación de violencia, es decir, asegurar el respeto de un conjunto de derechos esenciales de la persona –especialmente a quienes no participan en las hostilidades -, de manera que la dignidad humana no se vea barrida por las pasiones generadas por la guerra.
 
A este respecto, las terribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial dejaron claro de una manera dramática la necesidad de establecer una reglamentación específica dirigida a proteger a la población civil y de castigar a los responsables de las conductas que durante el citado conflicto habían atentado gravemente contra la dignidad del hombre. En respuesta a esta situación, se elaboró el IV Convenio de Ginebra de 1949, dirigido a preservar a las personas civiles de los sufrimientos a que se ven sometidas durante los conflictos armados.
 
Así, en el art. 13 del citado Convenio se enuncia el principio general en virtud del cual se considera que la población civil es merecedora de protección, igual que otras víctimas de los conflictos armados, como los combatientes heridos, enfermos o náufragos, o los prisioneros de guerra. Con ello, se está formulando el principio de inmunidad de la población civil frente a las consecuencias de los conflictos armados, derivado del principio de distinción. No obstante, la mayor parte de las normas contenidas en el IV Convenio de Ginebra de 1949 se ocupan de la protección de las personas civiles frente a la arbitrariedad del Estado enemigo en dos situaciones: cuando se encuentran en su territorio al inicio del conflicto o en un territorio ocupado; y no frente a los efectos de las hostilidades. Además, se introduce como novedad que la violación de sus principales disposiciones entraña la responsabilidad internacional del individuo bajo la calificación de infracciones graves.
 
Transcurridos 50 años de la redacción del IV Convenio de Ginebra de 1949, la protección de las personas civiles cuando se encuentran en poder del enemigo, que nos proponemos analizar a la luz de la jurisprudencia del TPIY, está lejos de ser una cuestión decimonónica, sino que posee una rabiosa actualidad por los acontecimientos que se han sucedido en el territorio de la antigua Yugoslavia, así como por otras situaciones que han colocado en un primer plano la necesidad de proteger los derechos de las personas civiles en poder del enemigo, como en el caso de la ocupación de Kuwait por parte de Irak [6 ]
 

  La protección de las personas civiles en poder del enemigo en los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda.  

 
La importancia dada a la protección de las personas civiles en poder del enemigo ha quedado reflejada en la competencia ratione materiae de ambos tribunales, en la que se incluían todos crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y Ruanda. Así, en los Estatutos del TPIY y del TPIR –aprobados por el Consejo de Seguridad a través de las Resoluciones 827 (1993) y 955 (1994) respectivamente- figuran el genocidio y los crímenes contra la humanidad. En relación con los crímenes de guerra, el Estatuto del TPIY contempla dos categorías: infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 (art. 2) y violaciones de las leyes o usos de la guerra (art. 3); mientras que el Estatuto del TPIR se refiere a las violaciones del art. 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo II de 1977, lo que supuso el reconocimiento de la responsabilidad internacional del individuo por crímenes de guerra cometidos en conflictos armados internos.
 
Ahora bien, para la comisión de estos crímenes, el TPIY exige la concurrencia de ciertas condiciones, entre las que destaca la naturaleza del conflicto armado; esta cuestión se va a plantear en relación con los crímenes de guerra, al objeto de determinar el alcance de los arts. 2 y 3 del Estatuto, sobre todo, en relación con los conflictos armados internos. A este respecto, el TPIY en su primera decisión en el caso Tadic tuvo oportunidad de aclarar este aspecto al considerar que la noción de “infracciones graves” contenida en el art. 2 del Estatuto coincide con la prevista en los arts. 50, 51, 130 y 147 comunes a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, de modo que su ámbito de aplicación sería el de los citados instrumentos convencionales, esto es, los conflictos armados internacionales según el art. 2 común [7 ] . Frente a esta actitud conservadora, el Tribunal adoptará una posición innovadora y valiente al configurar el art. 3 del Estatuto como una cláusula residual dentro de la que podrían incluirse todas las violaciones graves del derecho internacional humanitario que no constituyeran infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ya fueran cometidas en conflictos armados internacionales o internos [8 ] .
 

La consecuencia de la postura mantenida por el TPIY a la hora de interpretar el alcance de los arts. 2 y 3 del Estatuto es que habrá que determinar caso por caso la naturaleza d el conflicto, ya que el Consejo de Seguridad no quiso hacer ninguna manifestación al respecto por las dificultades que entrañaba. Por tanto, los jueces se han visto obligados a pronunciarse sobre esta cuestión en sus sentencias, sobre todo, a los efectos de poder condenar a los acusados por infracciones graves, lo que no se ha hecho siempre de manera coincidente, poniendo en evidencia las dificultades de calificar los conflictos en la antigua Yugoslavia. No obstante, la jurisprudencia muestra una tendencia hacia la consideración como conflicto armado internacional en atención a la implicación de Croacia y Serbia en el conflicto en Bosnia-Herzegovina  [9] .
 

Asimismo, es preciso dejar constancia de que el amplio elenco de actos que vulneran los derechos humanos básicos de las personas civiles en poder del enemigo se encuentran recogidos dentro de la competencia ratione materiae del TPIY. En efecto, la redacción del art. 2 del Estatuto es coincidente con la del art. 147 del IV Convenio de Ginebra de 1949. Además, en virtud de la interpretación que hizo el propio Tribunal del art. 3 del Estatuto, toda violación grave de la protección de las personas civiles que no constituya una infracción grave también será objeto de enjuiciamiento, lo que resulta especialmente importante en relación con la violencia sexual contra la mujer. Todo ello sin perjuicio de que llegado el caso, estas infracciones podrían llegar a constituir crímenes contra la humanidad o genocidio. Esta consideración se ha visto confirmada por las distintas Actas de Acusación dictadas por el Fiscal, en donde se recoge una variada gama de actos que atentan contra las personas civiles bajo distintas calificaciones jurídicas.
 

  La protección de las personas civiles en la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda.  

 
Esta preocupación por asegurar el respeto de los derechos fundamentales de las personas civiles cuando se encuentran en poder del enemigo se ha visto confirmada en las distintas sentencias que han ido pronunciando ambos Tribunales. No obstante, nos vamos a centrar, sobre todo, en la interpretación que ha hecho el TPIY de distintos aspectos de la reglamentación contenida en el IV Convenio de Ginebra de 1949 a fin de asegurar que los responsables de infracciones cometidas contra las personas civiles sean condenados por tales actos, sin olvidar que éstas también se encuentran protegidas en situaciones de conflictos armados internos.
 

  a. Estatuto de persona protegida.  

 
A la hora de hablar de la protección de las personas civiles hay que determinar quienes son merecedores de protección. El IV Convenio de Ginebra de 1949 (IV Convenio) se refiere únicamente a personas protegidas y no a personas civiles, quizá porque pese a reconocer en el art. 13 que el conjunto de las poblaciones civiles de los beligerantes deben ser protegidas de las consecuencias que se derivan de los conflictos armados, la mayor parte de sus disposiciones se centran en la situación de las personas civiles en poder del enemigo [10 ] . De ello podemos deducir que ésta última es una categoría más amplia que la primera, es decir, que no toda persona civil está protegida por este Convenio.
 

En concreto, el art. 4 considera como “personas protegidas” “les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Pui ssance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes”. El elemento determinante para definir las personas protegidas es, a primera vista, el de la nacionalidad de las víctimas. De esta forma, los beneficiarios son las personas con nacionalidad del Estado enemigo presentes en el territorio de un beligerante y los habitantes de un territorio ocupado que no posean la nacionalidad de la Potencia ocupante [11 ] .
 

Sin embargo, este criterio no encaja bien en las nuevas tipologías de conflictos armados a las que asistimos en la actualidad. Por ello, el TPIY se encontró con la necesidad de adaptar esta noción a las condiciones en que se desarrolló el conflicto armado en Bosnia-Herzegovina con el objetivo de considerar protegidas por el IV Convenio a las personas civiles que habían sido víctimas de infracciones graves, cometidas por individuos de diferente etnia pero que poseían la misma nacionalidad.
 

En este sentido, el TPIY ha interpretado ampliamente el art. 4, considerando que la nacionalidad no es el criterio exclusivo para otorgar la consideración de “persona protegida”. Es especialmente significativa la situación de los refugiados y los apátridas, donde la situación real de desprotección en la que se encuentran prevalece sobre su nacionalidad, de manera que serán considerados como tales aunque sean ciudadanos del Estado en cuyo poder se encuentran. Así se deduce del art. 44 del IV Convenio y del art. 73 del Protocolo I de 1977.
 

Esta interpretación, que pone el énfasis en los lazos reales o los vínculos de fidelidad entre la Potencia ocupante y la víctima más que en la nacionalidad, permite considerar “personas protegidas” a las víctimas de los actuales conflictos armados, que en su mayor parte poseen un carácter interétnico, como en la antigua Yugoslavia. Estos conflictos, ha señalado el TPIY en la sentencia de 15 de julio de 1999 sobre el caso Tadic : “se caractérisent par l’émergence de nouveaux États pendant le conflit et de ce fait, les allégeances peuvent tenir plus à l’appartenance ethnique qu’à la nationalité. Autrement dit, l’appartenance ethnique peut déterminer l’allégeance à une nation. Dans ces circonstances, la condition de nationalité s’avère encore moins adaptée à la détermination du statut de «personne protégée». S’agissant de pareils conflits, non seulement le texte de la Convention et les travaux qui ont abouti à sa rédaction, mais également, et plus significativement, l’objet et le but de la Convention, suggèrent que le critère déterminant est celui de l’allégeance à une Partie au conflit et, partant, du contrôle exercé par ladite Partie sur les personnes qui se trouvent sur un territoire donné” [12 ] .
 

Por ello, tras considerar que el conflicto armado en Bosnia-Herzegovina tenía un carácter internacional por la implicación de la República Federal de Yugoslavia y de Croacia, el TPIY ha reconocido en los casos Tadic , Blaskic y Aleksovski que las víctimas civiles musulmanas debían ser consideradas “personas protegidas” en el sentido del art. 4 del IV Convenio a pesar de poseer la misma nacionalidad (la de Bosnia-Herzegovina) que las personas en cuyas manos se encontraban, ya que éstas –serbios o croatas- actuaban de facto como órganos de otro Estado, la República Federal de Yugoslavia o Croacia y, por tanto, las víctimas se encontraban en poder de las fuerzas armadas de un Estado del cual no eran nacionales [13 ] . Asimismo, tampoco ha estimado, en el caso Blaskic , que las víctimas civiles musulmanas carecieran de protección porque Croacia y Bosnia-Herzegovina fueran Estados cobeligerantes, atendiendo a las relaciones reales entre ambos Estados y no a los posibles acuerdos firmados [14 ] .
 

En el caso Celebici se planteó que las víctimas civiles serbias no podían ser “personas protegidas” por tener la misma nacionalidad que las autoridades bosnias que las habían detenido, la de Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, nuevamente, el TPIY ha dado preferencia a los lazos de carácter étnico sobre la nacionalidad a la hora de interpretar el art. 4 del IV Convenio. Así, ha afirmado:
 

“À supposer que la Bosnie-Herzégovine ait octroyé sa nationalité aux Serbes, aux Croates et aux Musulmans de Bosnie en 1992, il se peut que le lien entre les Serbes de Bosnie et cet État soit insuffisant pour que la Chambre de première instance puisse dans cette affaire considérer ces derniers comme des ressortissants bosniaques ... De plus, les Serbes de Bosnie avaient clairement fait connaître leur souhait de ne pas être des ressortissants bosniaques en adoptant une Constitution en vertu de laquelle ils faisaient partie de la Yougoslavie et en s’engageant dans un conflit armé destiné à atteindre ce but” [15 ] .
 

De esta forma el TPIY ha flexibilizado la aplicación del rígido criterio de la nacionalidad en situaciones de conflicto armado internacional donde este factor no resultaba adecuado por el carácter interétnico del mismo y hubiera privado de protección a la mayor parte de las personas civiles en Bosnia-Herzegovina, en la medida en que víctimas y verdugos tenían la misma nacionalidad, lo que era contrario al objeto y fin del IV Convenio. Para evitar este posible resultado, el TPIY atendió más a la pertenencia a diferentes grupos étnicos de las víctimas y las autoridades en cuyo poder estaban que a su nacionalidad [16 ] . Ello permitió condenar por infracciones graves a los responsables de actos calificados como tales por el IV Convenio de Ginebra de 1949 contra las personas civiles que se encontraban en su poder [17 ] . Al hacer esto, contribuyó a adaptar este instrumento jurídico al nuevo contexto bélico en que d ebía ser aplicado a fin de garantizar la protección lo más amplia posible de las víctimas civiles.
 

  b. Protección básica otorgada a las personas civiles en poder del enemigo: el principio de trato humano.  

 
Una vez definida la noción de persona protegida, el derecho internacional humanitario trata de salvaguardar los derechos esenciales de todas personas civiles en poder del enemigo. A este respecto, los arts. 27 del IV Convenio y 75 del Protocolo I de 1977, juegan un papel esencial, ya que enuncian la protección básica, que viene presidida por el principio general en virtud del cual toda persona civil tiene el derecho a ser tratada en toda circunstancia con humanidad. El TPIY ha reconocido que este principio tiene un carácter fundamental para la protección de las víctimas de los conflictos armados como expresión de la voluntad de respetar la dignidad del hombre en estas situaciones, afirmando que constituye la base sobre la que se asientan los Convenios de Ginebra de 1949 [18 ] . Además, reconoce que este principio es aplicable a toda situación de conflicto armado, ya que el mismo constituye el fundamento del art. 3 común, que establece la protección básica concedida a las víctimas en una situación de conflicto armado interno y aparece reflejado en los arts. 4 y 7 del Protocolo II de 1977 [19 ] .
 

Este principio implica la necesidad de respetar la dignidad humana en los conflictos armados y, por tanto, el reconocimiento de que las personas civiles poseen un conjunto de derechos que resultan inalienables. De esta forma, todo acto incompatible con dicho principio se encuentra prohibido, ya que su objetivo es “protéger l’être humain de toute atteinte à sa dignité personnelle, que celle-ci découle de violences corporelles, d’humiliations ou de coups portés à l’honneur, au respect de soi ou au bien-être mental d’une personne”[20 ]

 
Así, se establece   el derecho de las personas civiles a ser protegidas frente a cualquier acto de violencia o intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública (art. 27), que incluye la prohibición del homicidio, la tortura, las penas corporales, las mutilaciones y los experimentos médicos o científicos no justificados por razones médicas y cualquier otro acto de crueldad; la prohibición de ejercer cualquier tipo de coacción contra las personas civiles, especialmente, para obtener informaciones; la prohibición del pillaje, de las represalias contra las personas civiles o sus bienes y de las penas colectivas (art. 33) o la toma de rehenes (art. 34), así como de utilizarlas como “escudos humanos”, es decir, para evitar con su presencia el ataque a objetivos militares (art. 28), como hicieron los croatas con civiles musulmanes en el conflicto de Bosnia-Herzegovina [21 ]
 

En definitiva, el reconocimiento de este conjunto de derechos pone de manifiesto, como ha reiterado el TPIY, que el propósito fundamental de las normas humanitarias es la defensa de la dignidad humana en las excepcionales circunstancias de un conflicto armado, de manera que las personas civiles en poder del enemigo no quedan a su merced, sino que poseen un conjunto de derechos que el Estado tiene la obligación de salvaguardar, ya que su violación se califica como infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, tal como establece el art. 147 del IV Convenio, es decir, como crímenes de guerra, consideración que se ha visto confirmada por el art. 2 del Estatuto del TPIY y por su jurisprudencia.
 

La cuestión que se le plantea a continuación al TPIY es establecer cuales son los elementos constitutivos de dichas infracciones. Al hacer esto los jueces llevan a cabo una importante labor clarificadora al precisar el alcance de las disposiciones del IV Convenio y con ello contribuyen de manera decisiva a reforzar la prote cción de las personas civiles en el nuevo contexto bélico [22 ] . En esta tarea, se van a servir de los instrumentos convencionales en materia de derechos humanos, así como de las decisiones de organismos internacionales, judiciales o no, encargados de velar por su aplicación y respeto, lo que significa reconocer la existencia un punto de convergencia entre dos sectores normativos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, que residiría en la defensa de la dignidad humana en cualquier circunstancia [23 ] .
 

En relación con el homicidio, el TPIY aclara en el caso Celebici que “l’intention, l’élément moral nécessaire pour qu’un meurtre ou un homicide intentionnel soit constitué ainsi que l’ont reconnu les Conventions de Genève, est présent dès lors qu’il est démontré que l’accusé avait l’intention de tuer ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui par l’effet de son imprudence et du peu de cas qu’il faisait de la vie humaine” [24 ] .
 

Asimismo, lleva a cabo una labor de delimitación de tres figuras que se hallan muy próximas: las torturas, el hecho de causar intencionalmente grandes sufrimientos o atentar gravemente a la integridad física y a la salud, y los tratos inhumanos. Para ello, comienza por señalar que la tortura es la figura más restrictiva, ya que implica actos u omisiones que pretenden la consecución de un fin concreto prohibido y que causan graves sufrimientos físicos o morales. La infracción definida como infligir graves sufrimientos o atentar a la integridad física o a la salud es más amplia que la anterior, ya que frente a la tortura, en este caso los actos u omisiones no necesitan ser cometidos para conseguir un fin prohibido. Finalmente, ambas categorías se hallan englobadas dentro de los tratos inhumanos, que implican actos u omisiones que causan graves sufrimientos físicos o morales o que atentan gravemente a la integridad fís ica o mental o a la dignidad humana y, además, todos los actos que violen el principio fundamental de trato humano y atenten en especial contra la dignidad humana [25 ] .
 

En relación con la tortura, el TPIY y el TPIR afirman que se halla prohibida tanto en conflictos armados internacionales como internos, reconociendo el carácter consuetudinario de la misma, e incluso que constituye una norma de ius coge ns [26 ] . De este modo, la violación de esta norma no sólo daría lugar a la responsabilidad internacional del individuo, sino también constituiría un crimen internacional susceptible de generar responsabilidad del Estado [27 ] . Asimismo, prestan una especial atención a la definición de esta noción en el derecho internacional humanitario. Para ello, ambos tribunales recurren a la contenida en el Convenio de las Naciones Unidas contra la tortura de 1984, ya que consideran que ha adquirido un carácter consuetudinario y, por tanto, es aplicable en cualquier circunstancia y no sólo en las situaciones previstas por dicho convenio [28 ] . A ello, hay que sumar, como veremos más adelante, la consideración de que la violación es en determinados casos una forma de tortura.
 

  c. La protección de los bienes pertenecientes a las personas civiles.  

 
Junto con la preservación de los derechos fundamentales ligados a la defensa de la dignidad humana, el TPIY ha reconocido que el derecho internacional humanitario establece límites estrictos a las medidas que una parte en conflicto puede adoptar legalmente con respecto a los bienes públicos o privados en un territorio que se encuentra bajo su control [29 ] .. A este respecto, tanto el Reglamento anexo al IV Convenio de la Haya de 1907 como el IV Convenio de Ginebra de 1949 contienen disposicio nes dirigidas a proteger los bienes pertenecientes a las personas civiles, tratando de evitar que el enemigo los destruya o se incaute de ellos de forma arbitraria. Entre estas, tiene un carácter esencial la prohibición de la destrucción o apropiación de bienes no justificada por las necesidades militares (art. 53 del IV Convenio) [30 ] . Sin embargo, para ser considerada como una infracción grave, según el art. 147 debe ser cometida en gran escala. Además, debemos añadir la interdicción del pillaje, que a diferencia de la prohibición anterior tiene un alcance general, aplicándose a la totalidad de los territorios de las partes en conflicto y no sólo en casos de ocupación militar.
 

A este respecto, el TPIY se encontró con que entre las medidas empleadas por los contendientes para llevar a cabo la “limpieza étnica” se encontraba la rapiña o la destrucción de bienes para expulsar a las personas civiles de un territorio bajo su control. En respuesta a esta situación, el tribunal reafirmó que la violación de las disposiciones que protegen los derechos patrimoniales de las personas civiles en caso de conflicto armado constituyen crímenes de guerra[31 ] . Pero no se detiene aquí, sino que hace una interpretación extensiva de esta prohibición, reconociendo que “l’interdiction de l’appropriation arbitraire de biens ennemis, publics ou privés, est de portée générale et s’étend à la fois aux actes de pillage commis par des soldats isolés dans leur propre intérêt et à la saisie organisée de biens, opérée dans le cadre d’une exploitation économique systématique du territoire occupé” [32 ] .
 

De esta manera, el TPIY interpreta que los actos aislados de pillaje entrañan responsabilidad internacional de individuo de la misma manera que los cometidos a gran escala, lo que pone de manifiesto que la gravedad de estos actos no deriva de su carácter masivo. En esta misma línea, el TPIY ha interpretado que la referencia a que la destrucción o apropiación de bienes no ju stificada por necesidades militares sea ejecutada en gran escala ha de apreciarse en las circunstancias del caso, de manera que un único hecho, como la destrucción de un hospital, podría ser suficiente para la comisión de una infracción grave [33 ] .
 

Todo ello pone de manifiesto la importancia que el TPIY ha querido dar también a la protección de los bienes. En efecto, en muchos casos la política de “limpieza étnica” se llevó a cabo a través del pillaje o de la destrucción de los bienes pertenecientes a las personas que se quería expulsar del territorio, lo que constituía en realidad un acto de coacción o intimidación igualmente prohibido por las normas fundamentales que protegen a las personas civiles en poder del enemigo.
 

  d. Internamiento de personas civiles.  

 
Otro aspecto de la protección de las personas civiles al que ha prestado una especial atención el TPIY ha sido el de las condiciones en las que se produce el internamiento o la detención de personas civiles, en la medida en que una buena parte de los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia se produjeron en campos de detención o internamiento [34 ] . Así, en el caso Celebici , donde los acusados habían recluido a numerosos civiles en el citado campo de detención, ha reconocido el carácter excepcional de esta medida y que, en consecuencia, debe estar fundada en motivos justificados:
 

“le fait qu’une personne est un ressortissant ou s’est rangée aux côtés d’une partie ennemie ne peut pas être considéré comme une menace pour la sécurité de l’autre partie, sur le territoire de laquelle il réside, et ne constitue dès lors pas un critère valable pour justifier son internement ou sa mise en résidence forcée. Pour légitimer le recours à ces mesures, il faut que la partie ait des raisons sérieuses de penser que la personne repr ésente, par ses activités, connaissances ou qualifications, une menace véritable pour sa sécurité présente et future. Le fait d’être un homme et en âge de porter les armes ne devrait pas nécessairement être considéré comme justifiant l’application de telles mesures” [35 ] .
 

 Además, se deben respetar las condiciones establecidas en el IV Convenio a la hora de adoptar una decisión en este sentido, lo que significa que las personas civiles deben disponer de una serie de garantías procesales para que la decisión pueda ser revisada por un tribunal u órgano administrativo competente [36 ] . Si esto no se cumpliese, el internamiento o la detención podría ser declarados ilícitos, circunstancia que se ve confirmada por el hecho de que se considera una infracción grave el confinamiento ilegítimo de personas protegidas [37 ] . En este punto, la jurisprudencia del TPIY ha venido a confirmar lo establecido en el IV Convenio [38 ] .
 

Una vez decidido el internamiento, es necesario proteger a las personas civiles frente a los abusos de la Potencia en cuyo poder se encuentren, garantizándoles que serán tratadas con humanidad, lo que implica el reconocimiento de un conjunto de derechos ligados al respeto de la dignidad humana. En este sentido, el TPIY ha afirmado en el caso Celebici :
 

“Ce qui est essentiel, c’est que les mesures de contraintes adoptées ne portent pas atteinte au droit fondamental des personnes concernées à être traitées avec humanité. Le droit au respect de la personne humaine couvre l’ensemble des droits individuels, c’est-à-dire les droits et qualités qui sont, comme tels, indissociables de la personne, du fait même de son existence, en particulier, le droit à l’intégrité corporelle, morale et intellectuelle” [39 ] .
 

Con este objetivo, se ha establecido una reglamentación muy detallada de las condiciones de internamiento, que trata, entre otras cosas, de garantizar que el internamiento se realice en condiciones de seguridad, higiene y salubridad (art. 85). Por ello, los lugares de internamiento no podrán situarse en zonas especialmente expuestas a los peligros de las hostilidades (art. 83) y la Potencia detenedora deberá atender a la alimentación y prestar la asistencia sanitaria que exija la salud de los internados (art. 81).
 

En relación con esta cuestión, el TPIY se ha referido en el asunto Aleksovski a las condiciones de detención de los civiles y ha admitido que éstas han de valorarse a la luz de las circunstancias del caso concreto, como la situación de conflicto armado o la ubicación del campo de detención, que en el supuesto citado estaba localizado en una posición donde el aprovisionamiento de agua, alimentos o medicinas o los cuidados a los detenidos son difíciles de organizar y garantizar [40 ] . Sin embargo, pese a que la violación de estas obligaciones, por sí solas, no constituirían un crimen de guerra, a menos que dieran lugar a tratos inhumanos o discriminatorios, lo cierto es que el TPIY tendría que haber tenido en cuenta las mencionadas disposiciones, ya que la situación del campo es esencial y el IV Convenio trata de asegurar que éste se encuentre en una zona libre de operaciones militares y de fácil acceso para todo tipo de suministros esenciales. En caso de que la Potencia detenedora no pueda proporcionárselos a los detenidos, tendría que permitir que lo hiciera un organismo humanitario imparcial, como el CICR. Por ello, esta apreciación del TPIY nos parece muy arriesgada porque flexibiliza, en nuestra opinión excesivamente, las obligaciones establecidas por el IV Convenio, lo que podría redundar en un perjuicio para los detenidos o internados.
 

  e. Protección de las mujeres frente a la violencia sexual.  

 
Una de las consecuencias del principio de trato humano es la necesidad de proporcionar una protección reforzada a aquellas categorías de personas civiles que sufren de una manera particularmente grave las consecuencias de los conflictos armados y que, por ello, se encuentran en una situación de especial desamparo, como es el caso de las mujeres, sobre todo, frente a la violencia sexual.
 

A este respecto, la multiplicación de actos de esta naturaleza contra las mujeres en conflictos como los de la antigua Yugoslavia o Ruanda ha llevado a una toma de conciencia clara de este problema y dio lugar a un avance significativo del derecho internacional humanitario en la línea de atribuir una importancia cada vez mayor a la protección de los derechos humanos de la mujer [41 ] .
 

Así, en los Estatutos del TPIR y del TPIY se calificaban los actos de violencia sexual como crímenes contra la humanidad (art. 3 y 5 respectivamente) y, además, en el de Ruanda, como violaciones del art. 3 común y del Protocolo II de 1977 (art. 4). La inclusión de estas referencias pone de manifiesto la preocupación de los redactores de estos textos por castigar los atentados contra la dignidad de la mujer. Pese a que en el Estatuto del TPIY no se incluyeron como infracciones graves o violaciones de las leyes o usos de la guerra, ello no impidió que este Tribunal siguiese los pasos de su homónimo de Ruanda y considerara la violación como “un act abject, qui porte atteinte au plus profond de la dignité humaine et de l’integrité physique” [42 ] .

De cara a la represión de los actos de violencia sexual, la sentencia del TPIR en el caso Akayesu posee una enorme trascendencia para el desarrollo del derecho internacional humanitario, porque por primera vez se reconoció que la violación sistemática de mujeres constituía un crimen contra la humanidad e, incluso, una forma de genocidio [43 ] .
 

Así, en el asunto en cuestión el tribunal afirmó que “sexual violence was a step in the process of destruction of the tutsi group - destruction of the spirit, of the will to live, and of life itself”[44 ] .
 

Además, avanzó que la violación podría ser considerada como una forma de tortura [45 ] , lo cual se ha visto confirmado y desarrollado por el TPIY en el caso Celebici , que consideró que siempre que los actos de violencia sexual reúnan los elementos constitutivos de la tortura podrán ser calificados como tal [46 ] .
 

Este reconocimiento reviste una enorme importancia, ya que permitió a condenar a los responsables de violaciones y otros actos de violencia sexual por haber cometido infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949.
 

La importancia de la sentencia en el caso Akayesu reside, igualmente, en que el TPIR se ha visto obligado elaborar una noción de violación a los efectos del derecho internacional [47 ] , que ha servido como referente para sentencias posteriores del TPIY [48 ] . Al hacerlo, optó por una definición amplia, ya que “while rape has been historically defined in national jurisdictions as non-consensual sexual intercourse, variations on the form of rape may include acts which involve the insertion of objects and/or the use of bodily orifices not considered to be intrinsically sexual” [49 ] . De este modo, equiparó a la violación otros actos de violencia sexual, lo que se ha visto confirmado por sentencias posteriores del TPIY [50 ] .
 
Por tanto, la jurisprudencia de ambos tribunales ha jugado un papel fundamental de cara al castigo de las violaciones cometidas en conflictos armados, ya que a partir de ese momento se va a considerar que estas conductas dan lugar a responsabilidad internacional del individuo, como crímenes de guerra, contra la humanidad o genocidio [51 ] . Con ello se p uso fin a una situación en la que la represión de estas conductas resultaba incierta.
 

  La protección de las personas civiles en poder del enemigo en el estatuto de Roma de la corte penal internacional.  

 
Como acabamos de ver, la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda constituye un importante aporte al desarrollo del derecho internacional humanitario. En efecto, al interpretar sus normas de una manera progresiva, adaptándolas al nuevo contexto bélico en que tenían que ser aplicadas para conseguir el castigo de los responsables de las graves y masivas violaciones de los derechos humanos acaecidas en ambos territorios, contribuyeron a la cristalización de decisivos avances jurídicos largamente esperados, como el reconocimiento de que la violación de las normas humanitarias en el contexto de un conflicto armado interno entrañan la responsabilidad internacional del individuo [52 ] . Ello, sin duda, ha redundado en una protección más eficaz de las personas civiles, especialmente, cuando se encuentran en poder del enemigo.
 

Pero la trascendencia de esta jurisprudencia no se limita a este aspecto, sino que va más allá, ya que ha contribuido de manera decisiva a la creación de una Corte Penal Internacional de carácter permanente. Así, muchas de las aportaciones de sus sentencias se han incorporado al Estatuto del citado tribunal, aprobado en Roma por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, el 17 de julio de 1998. Es precisamente al referirse a la competencia material de esta Corte Penal Internacional (CPI) cuando se observa de una manera más clara esta influencia, sobre todo, en relación con la protección de las personas civiles en poder del enemigo, tanto en conflictos armados internacionales como internos.
 

En relación con los conflictos armados internacionales, se incluye en el Estatuto de Roma de 1998 la noción de infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 (art. 8, 2, a ), reproduciéndose el contenido del art. 147 del IV Convenio [53 ] . De esta forma, las conductas que violen el citado precepto entrarán dentro de la competencia del TPI, para cuya aplicación contará con la innovadora interpretación que el TPIY ha hecho del concepto de persona protegida.
 

Asimismo, dentro de la categoría de otras violaciones de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales (art. 8, 2, b ) se presta una especial atención a la protección de las personas civiles en poder del enemigo, conteniéndose algunos de los aspectos más novedosos del Estatuto. Se tipifican como crímenes de guerra numerosas conductas que atentan contra los derechos humanos esenciales de las personas civiles o sus bienes [54 ] . Destacamos, entre otros, la calificación como crimen de guerra el traslado directo o indirecto de parte de la población civil de la Potencia ocupante al territorio bajo su control [55 ] . Esta figura, ya calificada como infracción grave en el Protocolo I de 1977, reviste una gran importancia como lo demuestran las deportaciones masivas llevadas a cabo en la antigua Yugoslavia como parte de la política de “limpieza étnica” [56 ] .
 

En relación con los conflictos armados internos, el Estatuto de Roma contempla las violaciones graves de las leyes y usos aplicables en este tipo de enfrentamientos armados, especialmente las referidas al art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 (art. 8, 2, c y e ), en la línea de lo establecido por el Estatuto del TPIR, garantizándose de este modo la protección de los derechos humanos fundamentales de las personas civile s en poder del enemigo, ya que la obligación de respeto de estas disposiciones incumbe no sólo a las autoridades estatales, sino también a los grupos armados que luchen en un conflicto de esta naturaleza. A este respecto, la jurisprudencia de ambos tribunales jugó un papel esencial de cara a la aceptación de este aspecto dentro del Estatuto de Roma.
 

Ahora bien, la penalización de los actos de violencia sexual contra la mujer es uno de los aspectos de la competencia material del TPI donde quizá más haya influido la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Así, siguiendo la doctrina establecida por el TPIR en la sentencia Akayesu y el TPIY en las sentencias Celebici y Furundzija , en el Estatuto de Roma se tipifican como crímenes contra la humanidad y como crímenes de guerra, tanto en conflictos armados internos como internacionales, la “violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual comparable” [57 ] . Es de destacar que se haya optado por una redacción amplia, en la línea de lo establecido por ambos tribunales, que incluye un extenso elenco de actos de violencia sexual equiparándolos a la violación [58 ] .
 

Tras la aprobación del Estatuto de Roma de 1998, el trabajo desarrollado por los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda supuso un importante aporte para la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, al menos, por lo que se refiere a la protección de las personas civiles en poder del enemigo. En efecto, a la hora de establecer los elementos de los crímenes previstos en el Estatuto de Roma se ha seguido la interpretación realizada por ambos tribunales en sus sentencias. A este respecto, el crimen de guerra de tortura coincide sustancialm ente con la definición elaborada por el TPIY en las sentencias Celebici y Furundzi ja [59 ] . Del mismo modo, en lo que atañe a violencia sexual, la noción de violación contenida en las sentencias Akayesu del TPIR y Furundzija del TPIY aparece reflejada en el Proyecto de texto definitivo de los Elementos de los Crímenes [60 ] .
 

  Consideraciones finales.  

 
Como acabamos de analizar, los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda han contribuido a través de su jurisprudencia de una manera decisiva al desarrollo de las normas humanitarias relativas a la salvaguardia de los derechos de las personas civiles cuando se encuentren en poder del enemigo, ya se trate de un conflicto armado internacional o interno. Al hacerlo han querido ofrecer una respuesta adecuada a las masivas y graves violaciones del derecho internacional humanitario que se han cometido a lo largo de esta última década en dos territorios que se han visto especialmente azotados por la barbarie y la violencia indiscriminada.
 

Una especial atención han prestado ambos tribunales –sobre todo, el TPIY- a la protección de las personas civiles en poder del enemigo, en la medida en que eran las principales víctimas de los crímenes cometidos, enfatizando la obligación que tienen tanto las autoridades estatales como los grupos armados de proteger los derechos de aquellas personas que no toman parte en las hostilidades, ya nos encontremos en un conflicto armado internacional o interno.
 

En relación con la antigua Yugoslavia, el TPIY ha contribuido a adaptar las disposiciones del IV Convenio de Ginebra de 1949 a las nuevas características de los actuales conflictos armados y a precisar el alcance y contenido de muchas de sus disposiciones. A este respecto, hemos de destacar el valor esencial atribuido al principio de trato humano, como piedra angular del sistema de protección de las personas civiles. Al mismo tiempo, la jurisprudencia del TPIY ha permitido constatar los interrelación existente entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, puesto que el tribunal no ha dudado en emplear como elementos de interpretación los convenios sobre derechos humanos, así como la jurisprudencia de los tribunales existentes en este ámbito a la hora de precisar el contenido de distintos crímenes. Esto significa el reconocimiento de que la defensa de la dignidad humana ha de producirse tanto en tiempo de paz como de conflicto armado, y que las violaciones de los derechos humanos esenciales son idénticas con independencia del contexto donde se produzcan. Con ello, el TPIY – y también el TPIR - ha contribuido a la elaboración de un estándar mínimo de humanidad.
 

Finalmente, no podemos dejar de poner de manifiesto que la importante labor de ambos tribunales ha supuesto un importante aporte al establecimiento de una jurisdicción penal de carácter permanente. Así, su impronta ha quedado reflejada, entre otros aspectos, en la competencia material de la Corte Penal Internacional.

  Julio Jorge Urbina es Profesor Titular Interino de Derecho Internacional Público Universidad de Santiago de Compostela
 
 
  Notas  
 
 

1. Así, lo ha constatado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otras, en las Resoluciones 1265 (1999), de 17 de septiembre de 1999, y 1296 (2000), de 19 de abril de 2000.

2. Al margen de que esta constatación es posible deducirla de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en relación con las diferentes situaciones de violencia de las que se ha ocupado, desde la antigua Yugoslavia hasta Timor Oriental o Sierra Leona, con carácter general ha reconocido en la Resolución 1296 (2000) que “des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme dans des situations de conflit armé peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales”.

3. En relación con las medidas adoptadas por las Naciones Unidas para poner fin a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, cfr. Julio JORGE URBINA: Protección de las víctimas de los conflictos armados, Naciones Unidas y Derecho Internacional Humanitario , Cruz Roja Española/Tirant lo blanch, Valencia, 2000, pp. 301-365.

4. A este respecto, vid. Marco SASSOLI: “Le rôle des tribunaux pénaux internationaux dans la répression des crimes de guerre”, en LATTANZI, F.; SCISO, E. (a cura di): Dai Tribunali Penali Internazionali ad hoc a una Corte Permanente, Editoriale Scientifica, Napoli, 1996, p. 118

5. Una exposición detallada de las violaciones de los derechos humanos cometidas en la antigua Yugoslavia la podemos encontrar en los sucesivos informes elaborados por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos para la antigua Yugoslavia, Tadeusz Mazowiecki. Entre ellos, en relación con las consecuencias de la “limpieza étnica”, vid.   Informe sobre los derechos humanos en el territorio de la antigua Yugoslavia preparado por el Sr. Tadeusz Mazowiecki, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con el párrafo 15 de la Resolución 1992/S-1/1 de la Comisión y con la Decisión 1992/305 del Consejo Económico y Social , Doc. A/47/666-S/24809, 17 de noviembre de 1992, Anexo, pp. 3-9. 

6. Sobre esta cuestión, vid. Araceli MANGAS MARTÍN: “Derecho Internacional Humanitario y crisis del Golfo”, en MOURA RAMOS, R.M. (coord.): A Crise do Golfo e o Direito Internacional , Universidade Católica Portuguesa, Porto, 1993, pp. 156-170; Hilaire McCOUBREY: “Civilians in occupied territory”, en ROWE, P. (ed.): The Gulf War 1990-91 in International and English Law , Routledge, London, 1993, pp. 205-223. Asimismo, no podemos dejar de mencionar la situación de los territorios ocupados de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán, donde el Consejo de Seguridad ha condenado a Israel en distintas ocasiones, como en la Resolución 681 (1990), por la violación de las disposiciones del IV Convenio de Ginebra de 1949. 

7. En consecuencia, el TPIY no cree que se pueda aplicar la noción de “infracciones graves” a situaciones de conflictos armados internos (ICTY, Appeals Chamber, The Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a “Dule” –case IT-94-1-AR72- , Decisión on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 October 1995, párr. 81, p. 46). No obstante, el juez Abi-Saab sostuvo la postura contraria (Texto de la Opinión separada del juez Abi-Saab en H.R.L.J. , vol. 16, 1995, nº 10-12, p. 470). Sobre esta cuestión, vid. Luigi CONDORELLI: “Le Tribunal Penal Internacional pour l’Ex-Yougoslavie et sa jurisprudence”, C.E.B.D.I. , vo l. I, 1997, pp. 255-256.

8. Cfr.   Prosecutor v. Dusko Tadic , Decisión on the defence …, cit. , párr. 91, p. 51. Al pronunciarse en este sentido, el TPIY reitera que el individuo es responsable internacionalmente por la comisión de crímenes de guerra en conflictos armados internos y, al mismo tiempo, reconoce la existencia de un conjunto de normas humanitarias que son aplicables a toda situación de conflicto armado, con independencia de su naturaleza o intensidad. Vid. CONDORELLI, op. cit. , p. 256.

9. En este sentido, hemos de referirnos a las sentencias de la sala de Apelación en los casos Tadic (TPIY, Chambre d’Appel, Le Procureur c. Dusko Tadic -Affaire nº: IT-94-1-A- , Jugement, 15 juillet 1999, párr. 162) o Aleksovski (TPIY, Chambre d’Appel, Le Procureur c. Zlatko Aleksovski -Affaire nº: IT-95-14/1-A- , Jugement, 24 mars 2000, párrs. 145-146). Asimismo, hemos de mencionar las sentencias de las Salas de Primera Instancia en los casos Celebici (TPIY, Chambre de Première Instance, Le Procureur c. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias "Pavo", Hazim Delic, Esad Landzo alias "Zenga" -Affaire nº IT-96-21-T- , Jugement, 16 novembre 1998, párr. 234) o Blaskic (TPIY, Chambre de Première Instance I, Le Procureur c. Tihomir Blaskic -Affaire nº: IT-95-14-T- , Jugement, 3 mars 2000, párr. 123).

10. Una definición de persona civil de alcance general s e incluye en el art. 50, 1 del Protocolo I de 1977. En este precepto se opta por una definición negativa, en la que se consideran como personas civiles aquellos individuos que no entran dentro de la categoría de combatientes. Se eligió esta forma de definición porque es la que permitía incluir a un mayor número de personas dentro de esta noción y evitaba que determinadas categorías de personas pudieran quedar en una situación de indefinición y, con ello, verse privadas de protección. En todo caso, lo que caracteriza a las personas civiles es su no participación directa en las hostilidades. Es de destacar que esta definición de persona civil, según el TPIR, es igualmente aplicable en un conflicto armado interno, pese a que en este contexto no está definida la noción de combatiente (ICTR, Trial Chamber, The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana -Case No. ICTR-95-1-T- , Judgement, 21 May 1999, párrs. 179-180). Ahora bien, el propio TPIR hace una delimitación de quienes no podrían ser considerados civiles en un conflicto como el de Ruanda y que podrían ser en cierto modo equiparables a los combatientes: “Non-civilians would include, for example, members of the FAR, the RPF, the police and the Gendarmerie Nationale” ( Ibidem , párr. 127). Sin duda, el interés de las víctimas exigía que la noción de persona civil fuera idéntica en cualquier situación de violencia. 

11. Por ello, no están protegidos los ciudadanos de un Estado no parte en el IV Convenio. Asimismo, los nacionales de Estados neutrales y los de un Estado cobeligerante no serán protegidos mientras que el Estado del que son nacionales mantenga representación diplomática normal en el Estado en cuyas manos se encuentran. Al respecto, vid. Jean S. PICTET(ed.): Commentaire de la Convention de Genève relative à la protection des persones civiles en temps de guerre , Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1956, p. 54-55.

12. Le Procureur c. Dusko Tadic , cit. , párr. 166. Esta interpretación se ha visto confirmada por las sentencias en los casos Blaskic  ( Le Procureur c. Tihomir Blaskic , cit. , párr. 126-127) y Aleksovski ( Le Procureur c. Zlatko Aleksovski , cit. , párr. 151-152).

13. A este respecto, hay que destacar que el TPIY ha interpretado de una manera amplia la expresión “en poder de”, entendiendo que “elle ne doit pas éter comprise uniquement au sense physique d’être détenu mais elle indique que le civil en question se trouve sur un territoire placé sous le contrôle de la partie adverse”. Le Procureur c. Delalic et consorts , cit. , párr. 246.

14. Al respecto, vid.   Le Procureur c. Tihomir Blaskic , cit. , párrs. 137-139.

15. Le Procureur c. Delalic et consorts , cit. , párr. 259.

16. En este sentido, vid. F. Javier QUEL LÓPEZ: “La competencia material de los Tribunales Penales Internacionales: consideraciones sobre los crímenes tipificados”, en QUEL LÓPEZ, F.J. (ed.): Creación de una jurisdicción penal internacional , Escuela Diplomática/AEPDIRI/BOE, Madrid, 2000, p. 97; Theodor MERON: “The humanization of humanitarian law”, A.J.I.L. , vol. 94, 2000, nº 2, pp. 258-259.

17. Al respecto, entre otras, vid. ICTY, Trial Chamber, The Prosecutor v. Ivica Rajic a/k/a Viktor Andric (Case Nº IT-95-12-R61) , Review of the indictment pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 13 September 1996, párr. 37.

18. Le Procureur c. Delalic et consorts , cit. , párrs. 523-524.

19. Ibidem , párrs. 531-532.

20. TPIY, La Chambre de Première Instance II, Le Procureur c. Anto Furundzija (Affaire No. IT-95-17/1-T) , Jugement, 10 décembre 1998, párr. 183.

21. El TPIY reconoció en el caso Blaskic que esta conducta constituía un trato cruel e inhumano y, por tanto, una infracción grave de las Convenciones de Ginebra. Vid.   Le Procureur c. Tihomir Blaskic, cit. , par. 716. 

22. Con carácter general, ABI-SAAB destaca la importancia de esta labor de clarificación y de sistematización de los distintos crímenes que se encuentran dentro de su competencia. Vid. Georges ABI-SAAB: “International Criminal Tribunals and the development of International Humanitarian Law and Human Rights Law”, en YAKPO, E.; BOUMEDRA, T. (eds.): Liber Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui , Kluwer Law International, The Hague, 1999, p. 651.

23. Al respecto, vid.   Le Procureur c. Anto Furundzija , cit ., par. 183. Entre la doctrina, vid. Manuel PÉREZ GONZÁLEZ: “Las relaciones entre el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario”, C.E.B.D.I. , vol. I, 1997, p. 340; MERON, op. cit. , p. 266.

24. Le Procureur c. Delalic et consorts , cit ., párr. 439.

25. Ibidem , párr. 442.

26. Ibidem , párr. 454; Le Procureur c. Anto Furundzija , cit ., párr. 153.

27. “En l'état actuel du droit international humanitaire en vigueur, peut être engagée non seulement la responsabilité pénale individuelle mais également celle de l’Etat, si ses agents se livrent à des actes de torture ou s’il n'e les en empêche pas la perpétration de ces actes ou n’en punit pas les auteurs. Si la torture prend la forme d'une pratique courante d'agents de l'État, elle constitue une violation grave et à une large échelle d'une obligation internationale d'une importance essentielle pour la sauvegarde de l'être humain et, par conséquent, un acte illicite particulièrement grave qui engage la responsabilité de l'Etat”. Le Procureur c. Anto Furundzija , cit ., párr. 142.

28. En este sentido, vid. ICTR, Trial Chamber I, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu       (Case Nº ICTR-96-4-T) , 2 September 1998, párr. 681; Le Procureur c. Delalic et consorts , cit , párr. 459; y Le Procureur c. Anto Furundzija , cit ., párr. 160. Dentro de esta definición, merece resaltarse que el TPIY adopta una posición amplia, según la cual la tortura se comete, no sólo con la finalidad de obtener informaciones de la víctima o de una tercera persona, sino también para castigarlas, intimidarla, humillarlas, coaccionarlas o discriminarlas por cualquier razón. Cfr. Le Procureur c. Delalic et consorts , cit , párr. 494.

29. En este sentido, vid. Le Procureur c. Delalic et consorts , cit , párr. 587.

30. Este precepto se aplica únicamente a situaciones de ocupación militar. Por ello, el TPIY tuvo que considerar que Croacia era de hecho una Potencia ocupante. Vid. Le Procureur c. Tihomir Blaskic, cit. , párr. 149; The Prosecutor v. Ivica Rajic , cit. , párr. 39.

31. Al respecto, vid. Le Procureur c. Delalic et consorts , cit , párr. 589.

32. Ibidem , párr. 590.

33. Al respecto, vid. Le Procureur c. Tihomir Blaskic, cit. , párr. 157.

34. El art. 27 del IV Convenio admite que los beligerantes podrán adoptar las medidas de control que estimen necesarias para su seguridad, como la residencia forzosa, la detención o el internam iento de las personas protegidas en los casos expresamente previstos. Estas medidas pueden ser adoptadas contra extranjeros que se encuentren en el territorio de una parte en conflicto al inicio de las hostilidades o contra personas civiles en un territorio ocupado, pero únicamente por razones imperiosas de seguridad. 35. Le Procureur c. Delalic et consorts, cit. , par. 577.

36. Ibidem , párrs. 580-582.

37. Al respecto, vid. PICTET, Commentaire ... , cit. , p. 642.

  38. Le Procureur c. Delalic et consorts , cit. , par. 583.

39. Ibidem , par. 570.

40. TPIY, Chambre de Première Instance, Le Procureur c. Zlatko Aleksovski (Affaire nº IT-95-14/1-T) , Jugement, 25 juin 1999, párrs. 212-214.

41. El IV Convenio de Ginebra de 1949 (art 27, 2) y sus Protocolos Adicionales de 1977 (arts. 76 del Protocolo I de 1977 y 4, 2, e) del Protocolo II de 1977) prohíben expresamente la violación y otras formas de violencia sexual. Sin embargo, estas conductas no llegaron a ser consideradas en cuanto tales como infracciones graves, lo que impedía que estos actos pudieran ser sancionados.

42. Le Procureur c. Delalic et consorts , cit. , párr. 495. En el caso Furundzija el TPIY ha admitido que la violencia sexual puede constituir una infracción grave de los Convenios de Ginebra de 1949 o una violación de las leyes y usos de la guerra ( Le Procureur c. Anto Furundzija , cit. , párr. 172).

43. Al respecto, vid. Kelly D. ASKIN: “Sexual violence in Decisions and Indictments of the Yugoslav and Rwandan Tribunals: Current status”, A.J.I.L. , vol. 93, 1999, nº 1, p. 98; Christine STRUMPEN-DARRIE: “Rape: A survey of current international jurisprudence”, Human Rights Brief ( on line ), vol. 7, 2000, nº 3 (Disponible en Internet: < URL: www.wcl.american.edu/pub/humright/brief/v7i3/rape.htm, 4 de agosto de 2000). Todo ello, sin olvidar que el Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente ya dictó una condena por violaciones cometidas por las tropas japonesas en Nankín. Cfr. B.V.A. RÖLING; C.F. RÜTER (eds.): The Tokyo Judgement , vol. I, APA/University Press Amsterdam BV, Amsterdam, 1977, p. 453-454.

44. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu , cit. , párr 732.

45. “Like torture, rape is used for such purposes as intimidation, degradation, humiliation, discrimination, punishment, control or destruction of a person. Like torture, rape is a violation of personal dignity, and rape in fact constitutes torture when it is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity”. Ibidem , párr. 687.

46. Le Procureur c. Delalic et consorts , cit. , párrs. 495-496.

47. “The Tribunal defines rape as a physical invasion of a sexual nature, committed on a person under circumstances which are coercive. The Tribunal considers sexual violence, which includes rape, as any act of a sexual nature which is committed on a person under circumstances which are coercive. Sexual violence is not limited to physical invasion of the human body and may include acts which do not involve penetration or even physical contact”. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu , cit. , párr. 688.

48. Así lo ha reconocido en la sentencia Celebici ( Le Procureur c. Delalic et consorts , cit. , párr. 478) o Furundzija ( Le Procureur c. Anto Furundzija , cit. , párr. 176).

49. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu , cit. , párr. 686.

50. A este respecto, vid. Le Procureur c. Anto Furundzija , cit. , párr. 186.

51. Sobre esta cuestión, vid. ASKIN: op. cit. , pp. 122-123.

52. Así lo reconoció la Comisión de Derecho Internacional, que tuvo que modificar su proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad para adaptarlo a los cambios que se habían producido como consecuencia de la labor de ambos tribunales. Vid. Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48º periodo de sesiones (6 de mayo a 26 de julio de 1996), Asamblea General, Documentos Oficiales, Quincuagésimo primer periodo de sesiones, Supl emento Nº 10 (A/51/10), Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p. 150.

53. A este respecto, en el Proyecto de texto definitivo de los Elementos de los Crímenes, al referirse a los crímenes previstos en el art. 8, 2, a) se precisa que las referencias a un “conflicto armado internacional” incluyen la ocupación militar.

54. En concreto, en el art. 8, 2, b) del Estatuto de Roma se contemplan el sometimiento a mutilaciones físicas o a experimentos o tratamientos no justificados por razones médicas que causen la muerte o pongan en peligro su salud (párr. x); matar o herir a traición (párr. xi); la destrucción o confiscación de bienes del enemigo no justificadas por necesidades militares (párr. xiii); declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga (párr. xiv); participación forzada de nacionales de la parte enemiga en hostilidades contra su país (párr. xv); saquear una ciudad o plaza (párr. xvi); cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular los tratos humillantes y degradantes (párr. xxi); emplear a las personas civiles como “escudos humanos” (párr. xxiii); privar a las personas civiles de los objetos indispensables para su supervivencia y obstaculizar la llegada de la ayuda humanitaria (párr. xxv); reclutamiento de niños menores de 15 años o utilizarlos activamente en las hostilidades (párr. xxvi). En definitiva, nos encontramos con una amplia nómina de crímenes de guerra que completan los previstos bajo la calificación de infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, reforzando así la protección de las personas civiles en poder del enemigo.

55. Por su parte, la deportación de las personas civiles dentro o fuera del territorio ocupado ya figura como infracción grave de los Convenios de Ginebra de 1949, e incluso como crimen contra la humanidad. Pero es importante destacar que en el Estatuto se contiene una definición de esta figura.

56. En este sentido, vid. Andreas ZIMMERMANN: “The creation of a Permanent International Criminal Court”, Max Planck Yearbook of United Nations Law , vol. 2, 1998, p. 195. A este respecto, en diversas Actas de Acusación el Fiscal del TPIY se ha referido a esta figura.

57. No se mencionan expresamente en el Estatuto de Roma los actos de violencia sexual como una forma de genocidio, a diferencia de lo establecido por el TPIR en la sentencia Akayesu , pero en el Proyecto de texto definitivo de los Elementos de los Crímenes se contempla que el genocidio mediante lesión grave a la integridad física o mental incluye, entre otros, violaciones o violencia sexual en general. Cfr .Informe de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional , Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.2, p. 7. 

58 . Vid. ZIMMERMANN, op. cit. , p. 194.

59. Vid. Le Procureur c. Delalic et consorts , cit. , párr. 494; Le Procureur c. Anto Furundzija , cit. , párr. 162.

60. Vid. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu , cit. , párr. 688; Le Procureur c. Anto Furundzija , cit. , párr. 185.