De manera explícita e inequívoca, el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares (TPAN) prohíbe usar, amenazar con usar, desarrollar, producir, ensayar y almacenar armas nucleares, y obliga a todos los Estados Partes a no ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a realizar cualquier actividad prohibida por el Tratado.
“Hoy es una victoria para la humanidad. Este Tratado –resultado de más de 75 años de labor– envía una señal clara: las armas nucleares son inaceptables desde una perspectiva moral, humanitaria y, ahora, también jurídica. Pone en marcha barreras jurídicas aún más elevadas y activa una estigmatización de las ojivas nucleares aún mayor de la que ya existe. Nos permite imaginar que un mundo libre de estas armas inhumanas es un objetivo alcanzable”, afirmó Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Los dirigentes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebran la entrada en vigor del TPAN y felicitan a todos los 51 Estados[1] cuya ratificación al Tratado pone de manifiesto su rechazo a aceptar armas nucleares como una parte inevitable de la arquitectura de seguridad internacional. Invitan a otros dirigentes mundiales, incluidos los de Estados poseedores de arsenal nuclear, a seguir su ejemplo y participar en el camino hacia un mundo libre de armas nucleares, en consonancia con obligaciones internacionales de larga data, en particular, en virtud del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP).
Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional), afirmó: “La entrada en vigor de este instrumento del derecho internacional humanitario llega como un recordatorio oportuno y contundente de que, pese a las actuales tensiones mundiales, podemos superar incluso nuestros retos principales y más arraigados, en el verdadero espíritu del multilateralismo. Deberíamos apelar a esta capacidad de aunar y coordinar eficazmente nuestra labor mientras lidiamos con otros retos mundiales y letales.”
El Tratado establece la obligación de los Estados, con respecto a las víctimas bajo su jurisdicción, de proporcionarles asistencia, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, sin discriminación, además de proveer los medios para su inclusión social y económica. También exige a los Estados que restauren las zonas contaminadas por el uso o el ensayo de armas nucleares.
“El Tratado es una medida innovadora para afrontar el legado de destrucción causado por estas armas. Las pruebas convincentes del sufrimiento y de la devastación causados por las armas nucleares, así como la amenaza que su uso puede suponer para la supervivencia de la humanidad, hace cada vez más indefendibles los intentos de justificar su empleo o su mera existencia. Resulta sumamente dudoso que alguna vez estas armas puedan utilizarse de conformidad con el derecho internacional humanitario”, expresó el señor Maurer.
El Tratado entra en vigor en un contexto en que el mundo es testigo de lo que sucede cuando un sistema de salud pública se ve desbordado de pacientes. Las necesidades surgidas de una detonación nuclear harían imposible cualquier respuesta sanitaria pertinente. Ningún sistema de salud, ningún gobierno y ninguna organización de asistencia es capaz de atender adecuadamente las necesidades de salud y otras necesidades de asistencia que una explosión nuclear traería consigo.
La adopción de políticas más agresivas sobre armas nucleares por parte de Estados poseedores de arsenal nuclear y la continua modernización de este tipo de armamento señalan, de manera preocupante, un riesgo cada vez mayor de utilización de armas nucleares. Por estas razones, se torna imperativo que actuemos ahora para, en primer lugar, evitar que se produzca una detonación nuclear, eliminando cualquier uso y ensayo de armas nucleares del ámbito de la posibilidad.
Los Estados Partes, que celebrarán su primera reunión durante 2021, deben ahora velar por la implementación estricta de las disposiciones del Tratado y promover la adhesión a este instrumento.
“El Tratado nos plantea, a todos, una pregunta realmente simple: ¿queremos que se prohíban las armas nucleares o no? Estamos dispuestos, junto con nuestras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a intensificar nuestros esfuerzos para lograr la adhesión más amplia posible del Tratado e insistir en su visión de la seguridad colectiva. La entrada en vigor del Tratado sobre la prohibición nuclear es el principio –no el final– de nuestros esfuerzos”, afirmó Francesco Rocca.
[1] Antigua y Barbuda, Austria, Bangladesh, Belice, Benín, Bolivia, Botsuana, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiyi, Gambia, Guyana, Honduras, Irlanda, Islas Cook, Jamaica, Kazajistán, Kiribati, Lesoto, Malasia, Maldivas, Malta, México, Namibia, Nauru, Nicaragua, Nigeria, Niue, Nueva Zelanda, Palau, Palestina, Panamá, Paraguay, República Democrática Popular Lao, San Cristóbal y Nieves, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Santa Sede, Sudáfrica, Tailandia, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela y Vietnam.
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