Desde hace 10 años el CICR ha tenido presencia permanente en Honduras, uno de los países de la región más afectados por la violencia. En este tiempo hemos sido testigos de las consecuencias humanitarias que enfrentan las personas migrantes y desplazadas internamente, los familiares de personas desaparecidas, las personas privadas de libertad y las víctimas de la violencia. Nuestro compromiso de trabajar para mitigar el sufrimiento de todas ellas no ha cesado.
En 2021 las consecuencias económicas de la COVID-19, de las tormentas ETA y Iota y de la violencia continuaron generando desplazamientos y migraciones en Honduras. Nuestra acción abarcó la asistencia para cubrir necesidades básicas y contribuir a mejorar los medios de vida de estas personas, así como la respuesta a sus necesidades de protección.
El año pasado también impuso retos para el acompañamiento en la búsqueda y atención integral a los familiares de personas desaparecidas y fallecidas, sin embargo, nuestra acción no se detuvo. Gracias a nuestras gestiones logísticas existió una mejor coordinación entre familiares y autoridades para los procesos de búsqueda en vida y de personas fallecidas.
La violencia y la pandemia continuaron presionando el sistema de salud. La Sala de Atención de Triaje y Urgencias (SATU), construida por el CICR en 2020, jugó un rol primordial para la categorización, referencia y aislamiento de casos sospechosos de COVID-19. Mantuvimos visitas a centros penitenciarios para promover condiciones dignas de detención, el respeto de los derechos fundamentales, las garantías judiciales y el acceso a la salud de las personas privadas de libertad.
Seguiremos trabajando de la mano con las comunidades afectadas por la violencia, con la Cruz Roja Hondureña y con las autoridades para mitigar las consecuencias humanitarias que provoca la violencia en Honduras.
