México: a tres años de la Ley de Desaparición, urge profundizar implementación y proteger lo ganado

"Durante estos tres años se han logrado importantes avances en la implementación de la LGPD. Los colectivos y familiares de personas desaparecidas, junto a las autoridades, han trabajado incansablemente para crear mecanismos de búsqueda e instrumentos jurídicos locales que respondan a sus necesidades", aseguró Martin de Boer, jefe de operaciones del CICR para México. "Hoy contamos con 15 leyes estatales aprobadas que permiten una protección más amplia de los derechos de las víctimas de desaparición y sus familiares".

El CICR también resalta como logros de 2020 la conformación de las comisiones de búsqueda en todas las entidades federativas y la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) que permite establecer la distribución de competencias entre las distintas instituciones concernidas. La LGPD creó además mecanismos especiales como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para la coordinación entre diversas instituciones, y el Sistema Único de Gestión de Información Tecnológica e Informática, para asegurar que la información pueda compartirse entre instituciones.

Si bien hay muchos logros que resaltar, la institución humanitaria subraya que aún hay muchos retos para la adecuada implementación de la LGPD. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México se reportan 82.323 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 7.038 desaparecieron durante el 2020. Lo anterior indica que la problemática persiste y que se requieren mantener los esfuerzos realizados hasta el momento.

En este sentido, el CICR manifiesta su inquietud por una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que podría modificar diversos ordenamientos jurídicos, entre ellos la LGPD, con consecuencias negativas en los procesos de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.

Esta iniciativa, que hasta el momento no ha sido consultada con las familias, propone, entre otros, eliminar la participación de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda, lo que dificultaría el cumplimiento de las acciones relacionadas con el diseño, evaluación de procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Esto afectaría la naturaleza del sistema como mecanismo de cooperación interinstitucional, así como la gestión de información y registros entre todos los actores que lo conforman.

Por otra parte, la Iniciativa propone desligar la búsqueda de la investigación, lo que podría ocasionar una fragmentación más profunda entre estas dos líneas fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas en el país. "La búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal son procesos que se refuerzan mutuamente, por lo que resulta clave seguir consolidando mecanismos y procedimientos que propicien una efectiva comunicación y coordinación entre la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda, tanto a nivel federal como estatal, y así garantizar el derecho a la verdad y justicia para las familias", agregó De Boer.

El CICR, en su calidad de organización humanitaria que acompaña a las víctimas de desaparición y sus familiares, hace un llamado a las autoridades para proteger lo ganado y fortalecer los sistemas y entidades creadas, respetando así los consensos previos.

La institución reitera toda su disposición para brindar apoyo técnico y acompañamiento a las familias de personas desaparecidas y a las autoridades, y así seguir impulsando espacios de diálogo para lograr la implementación de la ley.