Perú: autoridades debaten la eficacia de medidas para reducir hacinamiento y mejoras en el sistema carcelario

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el CICR convocaron a representantes de instituciones del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Defensoría Pública para evaluar el estado de aplicación de los Decretos Legislativos 1296, 1300 y 1322 que tratan sobre los beneficios penitenciarios y conversión de las penas.

El coloquio interinstitucional se enfocó en la situación de las cárceles en el país, en particular en posibles mejoras en la aplicación de dichas normas con el objetivo de reducir el grave hacinamiento en los penales, que llega al 121%, y hacer así más eficiente la gestión de la detención.

"Si bien el Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad de la delincuencia, también es cierto que el Estado debe brindar espacios adecuados a las personas privadas de libertad para que cumplan sus condenas. El hacinamiento, como se sabe, genera graves consecuencias humanitarias que impactan a todo el sistema carcelario no sólo a los internos sino también a los custodios", sostiene David Cisneros, responsable del programa penitenciario de la delegación regional del CICR para Perú, Bolivia y Ecuador.

Ya desde enero del 2014, en el marco del conversatorio "Medidas de Emergencia ante la crisis generada por el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios", autoridades públicas relacionadas con la situación penitenciaria (jueces penales, autoridades penitenciarias, fiscales, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República) hicieron sugerencias para monitorear la situación del hacinamiento carcelario, trabajar propuestas y hacer recomendaciones.