Hacia una nueva realidad penitenciaria: modelos seguros, sostenibles y humanos
De acuerdo con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos –las Reglas Nelson Mandela–, el objetivo de las penas y medidas privativas de la libertad es principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia; esto solo puede alcanzarse si se aprovecha el periodo de la privación de la libertad para lograr, en lo posible, la reinserción social de las personas en la sociedad tras su puesta en libertad.
Así, los centros penitenciarios son espacios de custodia, pero también de tratamiento. En ellos se organiza y sucede una rutina de vida: las personas privadas de libertad se alimentan, reciben atención médica, hacen deporte, estudian, son visitadas por sus familiares e interactúan con el personal penitenciario, que a su vez lleva a cabo procedimientos de seguridad, tratamiento, administración y mantenimiento.
Pensar en los centros penitenciarios exclusivamente como lugares de encierro, dejando en segundo plano la rutina cotidiana y el tratamiento, no necesariamente resulta en espacios seguros y sostenibles.
Un sistema penitenciario útil a la sociedad no es aquel que construye más prisiones o celdas, sino aquel en el que el diseño de la infraestructura penitenciaria responde al propósito de la privación de libertad. Aquel en el que existen las condiciones necesarias para apoyar el tratamiento y la reinserción social, asegurando la reducción de la reincidencia.
América Latina y los desafíos compartidos
En América Latina muchos sistemas penitenciarios comparten desafíos que no podrán resolverse a largo plazo si no se concibe la infraestructura penitenciaria como un componente esencial del funcionamiento de los centros y no únicamente como una respuesta a la necesidad de más camas.
La sobrepoblación y el hacinamiento representan retos que no se resuelven únicamente con ampliar las instalaciones penitenciarias. Además, en la región sigue habiendo deficiencias materiales básicas en la mayor parte de los centros penitenciarios: mala ventilación e iluminación, problemas de temperatura o humedad e instalaciones sanitarias inadecuadas.
Estas fallas no son solo aspectos técnicos: inciden en la salud física y mental de las personas privadas de libertad –aumentando los costos de su atención médica–, así como en la convivencia y seguridad del centro, y también repercuten en las condiciones laborales del personal penitenciario, que realiza largas jornadas de trabajo en esos mismos espacios.
Otro problema importante es que los sistemas penitenciarios de la región han importado modelos arquitectónicos que fueron concebidos para otros contextos, muchas veces sin que éstos respondan a las necesidades operativas, sociales y ambientales de los sistemas penitenciarios locales. Un diseño que funciona bajo determinadas condiciones climáticas, presupuestarias e institucionales, puede resultar inadecuado en otra realidad y generar espacios difíciles de operar, mantener o adaptar a las dinámicas cotidianas del centro penitenciario.
La región también comparte el desafío de no tener normas y estándares nacionales en infraestructura penitenciaria, lo que dificulta la planificación y el diseño de centros adecuados, que se traduce en costos económicos importantes a largo plazo.
La construcción de un centro penitenciario supone una inversión pública muy elevada, que puede alcanzar decenas o cientos de millones de dólares según su tamaño y nivel de seguridad (cuanto mayores son las exigencias de seguridad física, más costosa resulta la infraestructura, debido a la necesidad de sistemas constructivos, tecnológicos y de control más complejos). Aunque los proyectos suelen considerar períodos de amortización de 20 a 25 años, en la práctica los establecimientos penitenciarios permanecen en funcionamiento por mayor tiempo, e incluso más de un siglo en algunos casos. Por ello, las decisiones de diseño y construcción tienen efectos de largo plazo sobre los costos de operación y mantenimiento, y sobre la gestión y las condiciones de privación de la libertad.
Cuando no existe un modelo de gestión penitenciaria claro, los diseños o reformas de los centros pueden resultar en que sean difíciles de operar: las lógicas de movimientos internos pierden funcionalidad, los sectores no responden adecuadamente a las actividades previstas y la infraestructura termina exigiendo a la gestión adaptarse a un entorno construido que no fue pensado desde la operación real y cotidiana. Los centros deben diseñarse y operarse a partir de la relación entre infraestructura, procedimientos y recursos humanos disponibles.
Una respuesta técnica regional que recupera la humanidad
Frente a estos desafíos, representantes de 11 sistemas penitenciarios de las Américas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana) con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) intercambiaron experiencias para elaborar criterios que contribuyan a promover una infraestructura funcional, digna y alineada con las Reglas Nelson Mandela.
Los Criterios para Estándares Técnicos en Infraestructura Penitenciaria, reunidos en la Guía CETIP, buscan ser una herramienta adaptable a las realidades operativas, institucionales y culturales de cada país. Fueron desarrollados para elaborar o actualizar estándares nacionales,
reformar o adecuar centros penitenciarios ya existentes, e identificar prioridades de mejora e inversión pública.
La guía CETIP busca traducir los principios de las Reglas Nelson Mandela –como el de la dignidad humana y la no discriminación– en criterios de planificación y diseño, respondiendo a una pregunta fundamental: ¿cómo debe funcionar el centro? Es decir, pensar qué condiciones materiales y operativas efectivamente hacen posible su aplicación.
La guía apuesta por una nueva realidad penitenciaria, posible y sostenible: una que responda a la lógica de diseñar mejor antes que construir más, teniendo como meta cárceles más humanas, más seguras y en las que la dignidad no quede suspendida; una realidad que supere la mirada limitada de que el fin último de los centros es el encierro y la contención y que, en cambio, apueste por la reinserción social para cumplir el objetivo de proteger a la sociedad del delito y reducir la reincidencia, y así útiles para la sociedad.
