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La posición del CICR sobre el uso de armas explosivas en zonas pobladas

Civilians prepare to carry dead bodies of unidentified persons after an explosion in Mogadishu, Somalia.

El CICR mantiene una posición pública clara y coherente hacia todos los Estados respecto del uso de armas explosivas en zonas pobladas y el respeto de las leyes de la guerra.

Las armas explosivas con área de impacto extensa conllevan un alto riesgo de ocasionar efectos indiscriminados cuando se utilizan en zonas pobladas. Además de provocar la muerte y mutilación de personas civiles, el uso de estas armas en zonas pobladas puede alterar o destruir servicios esenciales que las personas civiles necesitan para sobrevivir, como instalaciones de salud y redes eléctricas, de agua y saneamiento. A falta de esos servicios, la vida se vuelve considerablemente más difícil o imposible, por lo cual la población se ve obligada a desplazarse para obtenerlos en otro lugar. Es por ello que desde 2011, el CICR promueve, como cuestión de política, la abstención del uso de armas explosivas pesadas en zonas pobladas. Una política de abstención implica que estas armas no se utilicen en zonas pobladas a menos que se adopten medidas suficientes de mitigación para reducir sus efectos en superficies amplias y el riesgo de que se vea perjudicada la población civil.

Impacto indiscriminado

El uso de armas explosivas con área de impacto extensa en zonas pobladas puede tener efectos indiscriminados en caso de que dichas armas tengan un radio destructivo amplio, esparzan fragmentos en una zona extensa o sean imprecisas al punto de alcanzar un área mayor a la prevista. Estas armas, que pueden ser bombas y misiles, morteros y cohetes, así como algunos artefactos explosivos improvisados, representan una de las principales amenazas para las personas civiles.

El alto riesgo de que los efectos de esas armas explosivas excedan con creces el objetivo militar previsto hace que sea muy difícil que puedan utilizarse en zonas pobladas sin incumplir el derecho internacional humanitario. Es por eso que las partes en conflicto tienen el deber de distinguir entre objetivos militares y personas civiles o bienes de carácter civil, y de evitar o reducir al mínimo los daños a la población civil. Desde hace más de una década venimos reiterando públicamente esta posición.

Más de 90 Estados ya han suscrito la Declaración Política sobre Armas Explosivas en Zonas Pobladas de 2022 y se han comprometido a disponer lo necesario para que sus fuerzas armadas adopten medidas para evitar los daños a la población civil, entre otras, abstenerse de utilizar armas explosivas en zonas pobladas o restringirse, según corresponda, en caso de que sea de prever que su empleo provoque daños a la población civil o a bienes de carácter civil. Instamos a los Estados que no lo hayan hecho aún a que suscriban la declaración.

Apoyo internacional

Al mes de julio de 2026, la Declaración política acerca del fortalecimiento de la protección de la población civil contra las consecuencias humanitarias derivadas del uso de armas explosivas en zonas pobladas ha sido suscrita por al menos 91 países.