Colombia - Editorial: No hay excusas; la protección de los civiles y el cumplimiento del DIH no son opcionales

Al inicio de mi misión como jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, me alertó el deterioro de la situación humanitaria como resultado de la intensificación de los conflictos armados en el país.

Durante 2024, el aumento de las violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) y, por ende, de las consecuencias humanitarias, fue evidente en las zonas más afectadas por esos conflictos. El uso de artefactos explosivos, los desplazamientos y confinamientos, así como la gravedad de los ataques a la asistencia de salud, se elevaron en números que no se veían en el país hace más de ocho años. A pesar de ser un año particularmente complejo, desde 2018, la Delegación viene advirtiendo sobre cómo las consecuencias humanitarias se han agravado año tras año.

Más allá de las cifras, son las comunidades las que nos han compartido sus temores y vulnerabilidades frente a los riesgos a los que se sienten cada vez más expuestas. En los territorios, se experimenta día a día el temor de sufrir los efectos de los conflictos armados y la violencia. El homicidio, la desaparición, la violencia sexual y el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes son algunos de los riesgos a los que se enfrentan las comunidades. La preocupación por el aumento de las consecuencias humanitarias se suma a la volatilidad de un contexto donde la fragmentación de los grupos armados, el control que ejercen y el enfrentamiento entre actores estatales y no estatales deja a la población civil en el medio y con menos capacidades de encontrar maneras de protegerse a sí misma, sus familias y sus bienes.

Por eso, desde la delegación del CICR en Colombia, vemos la necesidad urgente de insistir en que el cumplimiento del DIH no es opcional, y su respeto no debe estar condicionado en ningún momento ni estar sujeto a la existencia de negociaciones de paz. De hecho, es en los tiempos más álgidos de los conflictos armados cuando se hace más necesario cumplirlo sin condiciones. Para las partes en conflicto, el DIH no debería convertirse en una carta de trámite, sino que es su obligación garantizar que la población civil quede al margen de los enfrentamientos y permanezca protegida. El DIH debe ser una luz en medio del caos.

La falta de respeto del DIH se agudiza cuando aumentan las confrontaciones y hay mayor control por parte de los actores armados, como ocurrió en 2024 en Colombia. Esta situación genera efectos devastadores en quienes no participan o dejaron de participar en las hostilidades. Un ejemplo de esta situación es el constante incumplimiento del principio de distinción, que ha conllevado a que las comunidades, cada vez más, queden en medio de la confrontación y sean estigmatizadas y amenazadas.

En 2024, estuvimos del lado de comunidades que, en algunos de los lugares más remotos del país, enfrentan riesgos cada día. Acompañamos a miles de personas en momentos de crisis, asegurándonos de que recibieran la ayuda que necesitaban. Apoyamos a comunidades en el acceso al agua, impulsamos proyectos que les dieran nuevas oportunidades y dialogamos con los actores armados y las entidades del Estado para buscar que la población civil esté protegida.

Más allá de las cifras, son las comunidades las que nos han compartido sus temores y vulnerabilidades frente a los riesgos a los que se sienten cada vez más expuestas.

Cada una de estas acciones tuvo un mismo propósito: que las personas puedan vivir con más tranquilidad, con más herramientas para enfrentar la incertidumbre y con más esperanza en el futuro.

Nuestros equipos han sido testigos de la difícil realidad que viven las comunidades afectadas por los conflictos armados en el país y que, muchas veces, es invisible. Esto demuestra que el trabajo del CICR en Colombia es cada vez más relevante y necesario. Por esto, resaltamos la necesidad urgente de que todas las partes de los conflictos armados permitan el acceso de las organizaciones humanitarias imparciales y respeten su labor en todo momento y lugar.

Lastimosamente, el 2025 no presenta un panorama alentador, y nos preocupa cómo el aumento de las hostilidades sigue afectando a la población civil. Sin compromisos claros por las partes de los conflictos armados, el futuro puede ser aún más preocupante.

Por eso, insistimos en que el cumplimiento del DIH debe ser obligatorio, sin dilaciones y no debe estar ligado a ningún interés más allá de la protección de las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. Porque, ante un panorama –tanto en Colombia como en otros lugares del mundo– en el que los conflictos tienden a recrudecerse y a verse cada vez más agravados por diferentes fenómenos globales y regionales, ya no deben existir excusas: el DIH debe respetarse. Cuando esto sucede, miles de familias conservan su vida y su dignidad.

Patrick Hamilton
Jefe de la Delegación del CICR en Colombia