Según el estudio realizado por el CICR, tres de cada cinco instalaciones consultadas sufrieron saqueos desde que se intensificaron los conflictos.
“Hubo saqueos en nuestro centro de salud. Se llevaron los medicamentos y todos los bienes materiales. Actualmente, se nos dificulta mucho tratar patologías comunes, como el paludismo, las infecciones respiratorias y las diarreas, ya que la atención se complica debido a la falta de medicamentos”, cuenta Safari 1, enfermero en un centro de salud del territorio de Kalehe, en Kivu Sur.
En virtud del DIH, las partes en un conflicto armado deben respetar y proteger los hospitales y otras unidades sanitarias y facilitar el acceso a la asistencia de salud. Dado que los hospitales y los demás establecimientos sanitarios desempeñan funciones exclusivamente humanitarias, no deben ser atacados, destruidos ni saqueados, y su funcionamiento no debe obstaculizarse indebidamente.
La intensificación de los combates en la región de Kivu, así como los cambios en los territorios bajo el control de las diferentes partes, afectaron gravemente el circuito de transporte de los medicamentos y el suministro a los centros de salud. Ante la imposibilidad actual de aterrizar en los aeropuertos de Goma y de Bukavu, el envío de medicamentos de Kinsasa a las provincias de Kivu se volvió complejo y costoso, ya que ahora requiere desvíos a través de otros países. Por otra parte, la entrega en las zonas de atención de salud cercanas a las de combate se tornó peligrosa. Lo mismo ocurre en las zonas del Gran Kivu Norte, donde el abastecimiento de las instalaciones de salud se ve limitado por la inseguridad.
“Casi tres cuartos de los establecimientos incluidos en el estudio sufren la falta de medicamentos como consecuencia de los conflictos armados, pero también debido al agotamiento progresivo de las existencias proporcionadas por actores humanitarios a los que se les redujo la financiación de manera notable”, explica Etienne Penlap. “También hay faltante de analgésicos, como paracetamol e ibuprofeno”, se lamenta.
La disminución drástica de la financiación de las organizaciones humanitarias tuvo un impacto considerable en la disponibilidad de medicamentos, ya que muchas de ellas redujeron o cesaron su actividad. Por ejemplo, el centro que se encargaba de distribuir en Kivu los kits posviolación (Kits PeP), destinados a tratar a los sobrevivientes, debió cesar su actividad por falta de financiación, mientras que la violencia sexual sigue siendo una problemática importante.
“La gravedad de la situación requiere que todas las partes en conflicto tomen medidas urgentes para respetar y proteger a los enfermos y al personal de salud, así como también para facilitar el paso rápido y sin obstáculos del socorro humanitario, que incluya los servicios y los insumos médicos, independientemente de las líneas del frente. Asimismo, es necesario que todos los actores correspondientes procuren una financiación transparente y previsible para las actividades de atención de salud”, concluye François Moreillon.
