Armas nucleares

10 octubre 2018

Desde la primera y única vez en que se emplearon armas nucleares, en 1945, la comunidad internacional se ha esforzado por zanjar la cuestión de la aplicación del derecho de la guerra a esas armas. Durante décadas, el discurso acerca de las armas nucleares se centró en sus aspectos militares y de seguridad, así como en las preocupaciones sobre su proliferación. Sin embargo, el debate se extiende cada vez más hacia las implicaciones del empleo de esas armas en el plano del derecho internacional humanitario (DIH) y hacia sus catastróficas consecuencias humanitarias.

Si bien ya existían una serie de acuerdos internacionales que limitaban el desarrollo y la proliferación de armas nucleares, estas armas se prohibieron a nivel internacional apenas en 2017, cuando se aprobó el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Desde 1945, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha instado a que se prohíba el uso de armas nucleares, y saludó la adopción del Tratado como una medida histórica y esperada para eliminarlas. Dadas las tensiones que se registran a nivel regional e internacional, el riesgo de que se empleen armas nucleares es el más alto desde la Guerra Fría. Para lograr que las armas nucleares no vuelvan a emplearse nunca más y sean eliminadas por completo, el Movimiento exhorta a los Estados a que se adhieran al Tratado y a que cumplan sus obligaciones y compromisos de larga data en materia de desarme nuclear.

Existen razones humanitarias, morales y jurídicas que justifican la prohibición de las armas nucleares. Son el tipo más destructivo de armas creado hasta ahora, y su uso o ensayo generarían consecuencias catastróficas en el plano humanitario. Esas consecuencias son resultado del calor, la onda de choque y la radiación generados por la explosión nuclear, así como por el hecho de que estas fuerzas pueden extenderse a grandes distancias. Como se comprobó en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, la detonación de un arma nuclear en una zona poblada o en sus cercanías puede provocar una enorme cantidad de víctimas y daños generalizados en la infraestructura civil. También puede devastar las instalaciones y los servicios médicos, por lo cual las actividades de socorro y asistencia se tornan casi imposibles, lo que evidencia la falta de capacidad de respuesta humanitaria adecuada inmediatamente después del bombardeo. Muchos sobrevivientes serán víctimas de enfermedades causadas por la radiación en las semanas y los meses siguientes, mientras que otros enfrentarán un mayor riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer más adelante.

En 1996, la Corte Internacional de Justicia concluyó que el empleo de armas nucleares sería generalmente contrario a los principios y las normas del DIH. La Corte también determinó que los Estados tienen la obligación de emprender y celebrar negociaciones conducentes al desarme nuclear. La reciente aprobación del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares fortaleció más que nunca el marco jurídico para la eliminación de estas armas. Mediante su adhesión, los Estados cumplen su responsabilidad de proteger a la humanidad contra una catástrofe nuclear, sobre la base de un concepto de seguridad sin armas nucleares más viable y humana.