La ley no discrimina. Tampoco nosotros debemos hacerlo

Hace algunas semanas, visité la ciudad de Mosul, donde se libró una batalla emblemática de la guerra en Irak. La destrucción física era inmensa y, aunque no era visible, la desintegración del tejido social también podía palparse claramente.

Lo mismo puede decirse de las comunidades afectadas por conflictos y por violencia en todo el mundo: Siria, Sudán del Sur, Yemen, Myanmar y otros lugares también. El conflicto destruye las comunidades y las afecta hasta lo más profundo.

La discriminación y el ostracismo son la realidad cotidiana de millones de personas que se encuentran en zonas de conflicto en todo el mundo. La exclusión las marca de múltiples formas.

A algunas -sobrevivientes de violencia sexual, personas con discapacidad- se las excluye de la sociedad. Son ignoradas, invisibles, no tienen voz. Se las excluye de los servicios básicos, la vida comunitaria, la educación y el trabajo.

A otras se los excluye deliberadamente, en nombre del castigo: son las personas acusadas de cometer actos terroristas y detenidas sin que medie proceso judicial, las que integran las filas del enemigo, incluidas las familias de los combatientes extranjeros.

¿Cómo pueden las sociedades reparar las divisiones sociales, que pueden entrar en un espiral de ciclos intergeneracionales de violencia? ¿Cómo se puede lograr la paz y, al mismo tiempo, lograr que se haga justicia y que se trate a los enemigos de manera humanitaria?

Algunas de las respuestas están en el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y se materializan en los principios de imparcialidad, no discriminación, inclusión, igualdad, humanidad, dignidad y representación.

El derecho internacional humanitario no emite juicio sobre los motivos de los enfrentamientos; no discrimina a las personas que protege, ni alienta la discriminación entre ellas. El trato humano es para todos.

Este año se conmemora el 70.o aniversario de los Convenios de Ginebra, acordados luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en un mundo que había sufrido los terribles horrores de esa guerra y no quería que volvieran a repetirse.

Un mundo que sufría la falta de protección jurídica para los civiles que se encontraban en el territorio de un Estado enemigo, incluidos los detenidos por una potencia enemiga por razones de seguridad. Eran épocas en las que había millones de civiles en territorios ocupados, desprotegidos ante la posibilidad de que se los deportara, tomados como rehenes o internados en campos de concentración.

Y también, por primera vez, el derecho internacional estableció obligaciones vinculantes sobre la protección de los civiles, hombres, mujeres y niños comunes.

El espíritu humanitario y la determinación de aliviar el sufrimiento de las personas fueron tales que las negociaciones que tuvieron lugar en 1949 duraron solo cuatro meses.

No obstante, el proceso de negociación no estuvo exento de dificultades. Reconoció los dilemas, incluidos los derechos legítimos de los Estados en materia de seguridad, y las normas del DIH se redactaron cuidadosamente para lograr un equilibrio entre la necesidad militar y las consideraciones humanitarias, a fin de brindar la mejor protección a las poblaciones afectadas por conflictos.

Estimados y estimadas colegas,

En 2019, también debemos participar con más ahínco en conversaciones difíciles sobre cómo aplicar el derecho en las guerras complejas que se libran hoy en día, cuando los conflictos se prolongan cada vez más, los enfrentamientos tienen lugar en zonas urbanas densamente pobladas, las batallas son asimétricas, la distinción entre combatientes y civiles se torna difícil, y los civiles son cada vez más victimizados y estigmatizados.

No se trata de conversaciones sencillas, y es necesario tener en cuenta los imperativos de seguridad, tanto humana como del Estado. Sin embargo, y al igual que en 1949, el diálogo y las acciones deben centrarse, por sobre todas las cosas, en proteger al gran número de civiles afectados y a otras personas que quedan fuera de combate, así como a defender sus derechos y su dignidad.

El derecho internacional humanitario brinda protección ante la peligrosa percepción de que ciertos grupos son inhumanos y, por ende, se los puede descartar o maltratar impunemente. Nadie queda fuera de la protección de la ley.

El derecho internacional humanitario contribuye a que las sociedades convivan una vez finalizada la guerra y, más que promover medidas que alimenten las represalias, prioriza el trato humano y digno de los excluidos.

El derecho internacional humanitario también puede servir de guía para el respeto de principios básicos en la lucha contra el terrorismo y la guerra asimétrica.

Asimismo, importa destacar que la acción humanitaria debe poder ejercerse con libertad, para que se la pueda llevar adelante sin discriminación. Las organizaciones humanitarias imparciales no pueden llegar hasta las personas necesitadas de forma oportuna y eficaz si la acción la acción humanitaria es criminalizada u obstaculizada por posiciones de soberanía exageradas, procedimientos para la aplicación de sanciones complejos y medidas de lucha contra el terrorismo.

Los principios humanitarios significan, además, que las mismas organizaciones humanitarias deben ser más inclusivas y dotar de más poder a las comunidades afectadas por el conflicto, para que ellas mismas velen por las personas discriminadas, ignoradas o invisibilizadas.

A la luz de este imperativo, en el día de ayer el Secretario General y yo nos reunimos con la abogada Julienne Lusenge para tratar el enorme daño que provocan la violencia sexual y de género. Con demasiada frecuencia, estas violaciones están rodeadas de un halo de estigma y suelen quedar sin respuesta. Nos hemos comprometido a que nuestras organizaciones hagan más por las y los sobrevivientes de la violencia sexual en todo el mundo.

Setenta años después del establecimiento de los Convenios de Ginebra, continuamos buscando nuevas vías de diálogo y un nuevo consenso sobre estos difíciles temas.

El mundo ha avanzado desde 1949, y deberíamos haber aprendido la lección. Ya se han acordado estándares mínimos de trato humano. No deberíamos tener que llegar al punto de sufrir horrores a mayor escala para alcanzar nuevamente este compromiso. Es hora de que quienes abogan por la imparcialidad y el trato humano den un paso adelante.