Urgen cambios drásticos en la política criminal colombiana

09 marzo 2017

Durante meses, cuando la lluvia caía sobre el patio 9 de la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, mojaba todas las pertenencias de las internas, especialmente sus colchones y colchonetas. Esto afectaba especialmente a las que duermen en el suelo o "la carretera", como ellas lo llaman.

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En 2016, este fue uno de los patios a los que el CICR llevó proyectos de impermeabilización de los techos, con los que se mejoró la calidad de vida de las reclusas. No obstante, el patio 9 es solo un ejemplo; en este y en otros centros de reclusión hay sectores con problemas de filtración, higiene y mala calidad del agua. El estado de los baños y duchas es crítico por la antigüedad de las instalaciones y el número de internas.

Esta es solo una muestra de cómo la falta de coherencia en la política criminal impacta drásticamente en la política penitenciaria. Del año 2000 hasta enero de 2017 el número de detenidos en Colombia pasó de 51.500 a 119.500, y el hacinamiento creció de un 35,7 por ciento a un 52,5 por ciento. Además, la falta de personal y, en su mayor parte, una infraestructura obsoleta, sumado a las condiciones indignas de detención, impactan negativamente el proceso de reinserción social.

El hacinamiento, la falta de higiene y una deficiente atención médica fomentan la rápida propagación de enfermedades como varicela y tuberculosis, y otras de transmisión sexual como hepatitis B y VIH/SIDA.

Asimismo, los internos afectados por algún tipo de enfermedad mental no están separados en pabellones especiales. Esto no solo afecta el desarrollo de su enfermedad, sino que también los expone a ser atacados por otros reclusos o incluso facilita que lleguen a hacerse daño.

En Colombia, el Estado no cumple con sus obligaciones frente a las personas que castiga por violar la ley. La Corte Constitucional ha reconocido las falencias del sistema carcelario colombiano en su jurisprudencia (Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015), en la que manifiesta la urgente necesidad de un cambio en la política carcelaria, actualmente orientada a endurecer las penas, a pesar de no poder atender adecuadamente las necesidades de los internos a corto ni largo plazo.

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) Datos actualizados al 14 de febrero de 2016.

Priorizar la reinserción

¿Es la construcción de más establecimientos carcelarios la solución al problema? Actualmente existen unos 119.500 internos (cerca de 40.000 personas más de lo que permite la capacidad carcelaria), lo que ubica a Colombia como el segundo país con más población detenida en Suramérica después de Brasil (622.000), según informes del Instituto de Investigación de Política Criminal (ICPR, por su sigla en inglés).

Un 30 por ciento de estas personas ni siquiera ha sido condenada, sino que se encuentra en detención preventiva a la espera de que se defina su situación jurídica. El Estado tiene que preguntarse qué personas y qué tipo de delitos merecen penas de privación de la libertad y cuáles no. Algunas personas no deberían estar detenidas, no porque sean inocentes, sino porque podrían pagar su condena de otras formas. Aunque la legislación colombiana contempla penas alternativas, rara vez se aplican.

Para el CICR, la respuesta a la crisis implica un rediseño de la política criminal en el que se priorice la prevención y la reinserción, y que no privilegie la detención preventiva en establecimientos carcelarios como la única medida contra la inseguridad ciudadana.

Muy pocos internos tienen garantizados los programas para su efectiva resocialización y reintegración. Según cifras del INPEC de diciembre de 2016, en las cárceles del país hay cerca de 18.700 detenidos que reincidieron en los delitos. 

El problema carcelario no depende de una entidad en particular. Es una tarea de la que se debe encargar todo el Estado. Si bien es importante solucionar las consecuencias del hacinamiento, también es urgente abordar las causas de una crisis que cada año adquiere dimensiones insostenibles que comprometen el respeto a la dignidad humana. Sin duda, es tiempo de buscar resultados concretos e implementar una política criminal coherente.

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