Argentina, Colombia, Perú, Brasil y México cuentan hoy con leyes específicas sobre desaparición de personas. En 2026 Colombia sumó a su estructura legal la Política Integral de Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, Guatemala anunció la creación del Mecanismo Especial de Búsqueda Humanitaria y Honduras discute la Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas en el Congreso. Sin embargo, persisten desafíos para consolidar respuestas integrales y evitar la fragmentación de esfuerzos y recursos. Donde aún no existen marcos normativos específicos en la materia, es necesario avanzar en su desarrollo; y donde existen, resulta fundamental que se traduzcan en políticas públicas y medidas efectivas.
"Contar con una ley es un paso histórico, pero es el punto de partida, no el fin. Sin activación inmediata, presupuesto protegido y capacidad forense, el marco legal corre el riesgo de quedarse en el papel. Su valor se mide en la certeza que entrega a las familias, actores centrales y no meras espectadoras", afirma Mariano Griva, coordinador de Protección de Vínculos Familiares del CICR.
Para que estos marcos se traduzcan en efectividad real, es imprescindible garantizar:
• Activación inmediata: búsqueda urgente desde las primeras horas, con enfoque especializado y diferenciado.
• Participación de las familias: mecanismos interinstitucionales que garanticen su voz en cada etapa.
• Sostenibilidad: presupuestos protegidos y políticas de Estado que trasciendan gobiernos o coyunturas.
• Capacidad forense: servicios médico-legales fortalecidos para la recuperación, identificación y restitución digna de las personas fallecidas.
Algunas cifras oficiales dan cuenta de la magnitud del desafío: más de 130.000 personas continúan desaparecidas en México. En el marco de los conflictos armados en Colombia se documentan más de 226.000 casos, mientras Brasil registró 85.233 personas desaparecidas en 2025 y Perú un incremento del 18% ese mismo año. Sin embargo, aún persisten retos para dimensionar la verdadera magnitud de la situación humanitaria debido a la ausencia de registros centralizados y actualizados de personas desaparecidas en la mayoría de los países de la región, así como al subregistro de casos, en gran medida resultado de los riesgos y barreras de acceso a las instituciones que aún enfrentan muchas familias. Por ello, los datos deben entenderse en el contexto de cada país y no como cifras comparables entre sí.
El CICR trabaja desde hace décadas - junto con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja— en la asistencia técnica a los Estados de la región y el acompañamiento directo a las familias: en México y Centroamérica, promueve el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda; en Colombia y la región andina, la respuesta a la búsqueda en contexto de conflicto armado; en Venezuela, el fortalecimiento técnico forense ante emergencias; en Brasil y el Cono Sur, el impulso a políticas públicas y bancos de datos genéticos.
Toda persona desaparecida tiene derecho a ser buscada, y toda familia, al derecho a saber, sin importar las circunstancias ni el tiempo transcurrido, hasta lograr la identificación o reencuentro con la persona desaparecida. El CICR reafirma su compromiso de seguir apoyando técnicamente a los Estados de la región y acompañando el trabajo de las familias, cuya inclusión y necesidades deben estar en el centro de una respuesta sostenida como política de Estado.
