En el norte de Irak, Sirwan Nabi, de 16 años, estaba cuidando ovejas cerca de su casa cuando vio un objeto pequeño que brillaba en el suelo. Creyendo que no podía ser peligroso, lo levantó. Era una mina terrestre. La explosión le costó la mano derecha y le dejó fragmentos de metal en las piernas.
“Ese incidente cambió mi vida en un 90 %”, dice Sirwan. “Hay muchas cosas que ya no puedo hacer como antes. Escribir es difícil. Comer es difícil. Pero estoy agradecido de estar vivo”.
Ahora, con 18 años, Sirwan está resuelto a seguir estudiando, a pesar de que quedó muy rezagado de sus compañeros de clase. Su historia es un doloroso recordatorio de que las minas terrestres siguen dejando niños heridos, afectando vidas y despojando a comunidades enteras de su futuro.
Del sudeste europeo al sudeste asiático, los mortíferos restos explosivos de guerra siguen siendo una amenaza cotidiana. En los Balcanes, todavía se están retirando las minas de la década de 1990. En Camboya, la contaminación data de los años 1970. En Laos, las municiones sin estallar de conflictos de hace medio siglo amenazan la vida de la gente hasta el día de hoy.
A pesar de la insistencia en su utilidad militar, la historia demuestra que las minas terrestres no son eficaces en la guerra moderna. Durante la Guerra del Golfo, en 1991, Irak colocó casi 9 millones de minas terrestres creyendo que eso retrasaría el avance de las tropas durante días. Con sus equipos modernos, los soldados cruzaron los campos minados en apenas unas horas, pero el legado de muerte para la población civil persiste todas estas décadas después.
“No existen las minas antipersonal seguras”, afirma Fahad Ahmed, asesor jurídico del CICR. “Son armas que activan las víctimas, que causan daños indiscriminados y que dejan peligros mortales por generaciones. Cabe preguntarnos qué vigencia operativa pueden conservar que justifique el inmenso sufrimiento humano que causan. Estas armas pertenecen al pasado y ahí deben quedar”.
La Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal ha sido un éxito mundial. Desde su adopción, se ha reducido drásticamente el número de víctimas, se han destruido más de 55 millones de minas almacenadas y se ha establecido un rechazo casi universal de su uso. Hoy, 161 países son parte de la Convención, lo que demuestra que el avance es posible.
Pero el avance también es frágil. Cualquier paso atrás es un riesgo de que se reviertan décadas de logros humanitarios y se condene a las generaciones futuras a vivir con miedo a estas armas que matan indiscriminadamente.
La comunidad internacional tiene que actuar ya. Los Estados Partes en la Convención deben implementar la totalidad de sus obligaciones. Los que todavía no se hayan adherido, deben hacerlo sin demora. Para proteger a las personas civiles de hoy y preservar a las generaciones futuras, debemos mantener y fortalecer esta prohibición mundial.
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