Contaminación por armas: Reducción del riesgo al que están expuestas las comunidades

Contamos con la experiencia y los conocimientos necesarios para evaluar las consecuencias que representan para la población civil la contaminación por armas y los peligros de la emisión o la dispersión de agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN). La base del trabajo que realizamos en este ámbito es la sensibilización sobre riesgos y comportamientos más seguros. Se emplea un enfoque basado en la evidencia que brinda una perspectiva crítica para comprender tanto la naturaleza y el impacto de la contaminación como los efectos sobre las personas civiles, para luego diseñar y adoptar medidas que permitan que las personas generen resiliencia con respecto a la contaminación por armas.

Organizamos campañas informativas, educativas y de comunicación para poner en conocimiento de las comunidades los riesgos que representan los restos explosivos de guerra. Trabajamos para crear conciencia de los peligros de los explosivos sin estallar, dónde podrían estar y cómo identificarlos y evitarlos.

En algunos contextos posteriores a conflictos, sensibilizar sobre los riesgos en las poblaciones afectadas puede resultar insuficiente para que comiencen a adoptar un comportamiento más seguro y evitar riesgos cuando no existe alternativa. Nuestra metodología procura ayudar a que los miembros de la comunidad afectada adopten efectivamente un comportamiento más seguro. Por ejemplo, donde la tierra contaminada pone en gran riesgo a los agricultores, diseñamos medidas de mitigación adecuadas, como ayudar a realizar las actividades agrícolas en áreas seguras o concebir proyectos alternativos para la generación de ingresos. 

En términos generales, prestamos apoyo a las iniciativas de detección y señalización de áreas contaminadas, promovemos la remoción y la eliminación seguras de los explosivos e identificamos soluciones provisorias que disminuyan la exposición de las personas a la contaminación por armas hasta que se limpien las zonas afectadas. Sin embargo, en caso de que no haya un sistema en marcha a nivel local o que las autoridades mismas no puedan limpiar las zonas contaminadas, podemos intervenir y llevar adelante la limpieza, así como otras actividades para la reducción de riesgos.

Fortalecemos las capacidades nacionales para localizar y eliminar minas terrestres y restos explosivos de guerra de las zonas de conflicto y para gestionar los efectos que los traumatismos por ondas expansivas y por residuos tóxicos generan en la salud. Esa labor consiste en identificar áreas contaminadas, formar y dotar a los grupos de remoción de las herramientas necesarias, además de prestar apoyo y conocimientos técnicos. De esa forma, hacemos lo posible por que el país cuente con capacidades nacionales sostenibles y de calidad para responder al problema en el largo plazo.

Brindamos formación especializada en gestión de traumatismos por ondas expansivas a las personas que probablemente sean las primeras en intervenir luego de un incidente, en particular quienes trabajan en la remoción de explosivos sin estallar de una zona contaminada. También fomentamos las buenas prácticas y apoyamos el desarrollo de las capacidades nacionales en este ámbito.

Aunque la probabilidad de incidencia es baja, el impacto de un agente QBRN puede ser catastrófico. Trabajamos en torno a la contingencia y la formación con el fin de lograr la preparación para reducir al mínimo posible los efectos para la población civil.

Ayudamos a los hospitales de las zonas de conflicto a que el personal y las instalaciones estén preparados para tratar pacientes contaminados con agentes químicos durante un conflicto armado y otras situaciones de violencia.

Aportamos nuestra experiencia y conocimientos técnicos para promover marcos normativos y jurídicos más sólidos, como las Normas Internacionales para la Acción contra las Minas o las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones. Nuestro objetivo es fortalecer las normas para prevenir el uso de armas que perjudican innecesariamente a las personas civiles, respaldar los mecanismos que reducen el riesgo y promover los derechos de las comunidades afectadas ante el daño que esas armas pueden ocasionar.