La amenaza constante de los artefactos explosivos en Colombia

Durante 2022, comunidades enteras experimentaron temor, ansiedad e impotencia, ya que la amenaza constante de estos artefactos les imposibilitó transitar libremente por sus territorios, pescar, cazar, acceder a sus cultivos y a otros medios de subsistencia. Además, obstaculizó su acceso a servicios básicos de salud y educación, y aumentó la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que, al no contar con espacios seguros, quedaron en mayor riesgo de ser involucrados en los conflictos armados.

El número de víctimas directas es otra forma de evidenciar la gravedad de esta problemática. El año pasado, registramos 515 víctimas de minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y artefactos de detonación controlada. De estas personas, 56 fallecieron y el resto sobrevivió con secuelas físicas y psicológicas que permanecerán a lo largo de su vida.

Los casos se reportaron en 18 departamentos del país, pero seis de ellos fueron los más afectados: en Cauca, Antioquia, Nariño, Arauca, Norte de Santander y Meta se concentró el 70 % de las víctimas. El análisis del fenómeno desde un enfoque territorial muestra varios elementos que llaman la atención como, por ejemplo, las nuevas zonas donde se ha extendido la problemática.

De los 86 municipios en los que se presentaron accidentes el año pasado, el 57 % no había reportado víctimas en 2021. Además, en 2022, se identificaron 26 nuevos municipios afectados por artefactos explosivos en los que no se habían presentado víctimas en los últimos cuatro años. Estos datos evidencian que la evolución de la problemática está estrechamente ligada a las dinámicas de los conflictos armados y la violencia, que se reconfiguran de manera permanente y que pueden variar ampliamente de una zona a otra.

Otro elemento relevante es el impacto que tienen los distintos tipos de artefactos explosivos. El año pasado, las víctimas de minas antipersonal y restos explosivos de guerra disminuyeron en un 13 % respecto al número que se registró en 2021. No obstante, al mismo tiempo aumentó la afectación de los artefactos explosivos lanzados y de detonación controlada. Del total de víctimas que se reportaron en 2022, el 69 % fue a causa de este tipo de artefactos.

El tercer aspecto, y uno de los más preocupantes, es el efecto que tiene esta problemática sobre la población civil. Del número de víctimas que registramos el año pasado, el 54 % correspondió a civiles, entre los que se encuentran 43 menores de edad.

Esta situación, sumada a otros efectos del fenómeno complejizó el panorama para las comunidades. Ejemplo de ello son los 30 municipios en los que se registraron accidentes con artefactos explosivos y en donde la población, además, tuvo que afrontar desplazamientos masivos y confinamientos. Estos hechos también se registraron en zonas en las que no se reportaron víctimas directas, pero donde la presencia de artefactos explosivos tiene efectos devastadores.

Todos estos aspectos son prueba de la dimensión de la problemática y del sufrimiento que genera en la población. Es fundamental sensibilizar a los actores armados, a las instituciones del Estado y a la ciudadanía sobre la realidad que viven las comunidades, una realidad que no es normal y que no debería ser normalizada.

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