Aumento del hacinamiento en centros de detención transitoria
El año pasado el sistema penitenciario colombiano continuó atravesando una difícil situación con la consecuente vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad
La sobrepoblación en los establecimientos bajo la responsabilidad de autoridades penitenciarias disminuyó sustancialmente desde el inicio de la pandemia de COVID 19: se pasó de un 51 % a un 21 % de hacinamiento. Sin embargo, este fenómeno se trasladó a los centros de detención transitoria que presentan tasas críticas de hacinamiento.
En los centros penitenciarios también hay dificultades para garantizar el acceso a condiciones dignas y a los servicios básicos como salud, agua, alimentación, higiene y espacio suficiente para las personas privadas de libertad. A esto se suma el deterioro de la infraestructura de los centros de reclusión que es, a menudo, deficiente y carente de mantenimiento. Además, la falta de personal y la escasez de proyectos de educación y rehabilitación impactan negativamente en el proceso de reinserción social.
Entre las personas actualmente detenidas, algunos sectores como los adultos mayores, las personas con discapacidades o con afectaciones de salud mental ven su situación de vulnerabilidad agravada por falta de un enfoque diferencial. Para las mujeres cabeza de familia detenidas, la prisión genera la desintegración de vínculos afectivos con efectos profundamente negativos en los hijos menores de edad a causa de la alteración de su formación educativa y la multiplicación de los factores de exclusión.
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