Una incertidumbre que no cesa

Nuestras cifras, que son solo una parte de la problemática, muestran que esta práctica sigue existiendo en el país. Documentamos 209 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados y la violencia en 15 departamentos, ocurridos durante 2022, siendo Arauca, Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander las zonas más afectadas. En estos lugares se concentró el 79% de los casos de los cuales tenemos conocimiento. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, hemos documentado la ocurrencia de 1.122 nuevas desapariciones.

El control social y la presión de los portadores de armas no solo condicionan las actividades diarias de las comunidades, sino su acceso a las instituciones encargadas de la búsqueda y la atención de sus necesidades. En algunos casos, por miedo a represalias, las familias prefieren esperar meses o años antes de reportar que su familiar ha desaparecido.

Las decisiones de los actores armados frente a la gestión de personas fallecidas, así como el mantenimiento del contacto entre familiares, pueden evitar desapariciones en Colombia. En algunas zonas del país, una de las formas de ejercer control social sobre las comunidades es no permitirles recoger los cuerpos de personas fallecidas ni avisar sobre su existencia. En otros casos, los grupos armados sí han avisado a diferentes organizaciones humanitarias para que recuperen los cuerpos humanos.

Ante el drama que representa para miles de familias poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos fallecidos en el contexto de los conflictos armados, insistimos en la necesidad de reforzar la respuesta estatal para promover la recuperación digna de cuerpos, incluso en los lugares más alejados. Para lograrlo, son fundamentales la voluntad incondicional y la disponibilidad de los recursos que se requieran, especialmente en el adecuado funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). De igual manera, los portadores de armas deben prevenir las desapariciones de personas, una obligación para todas las partes derivada de las leyes de la guerra.

Todo lo expuesto es parte del panorama de las desapariciones ocurridas desde 2016 y también de los casos ocurridos anteriormente. En ese sentido, el Estado deber tomar las medidas necesarias para que las desapariciones cesen, y para averiguar el paradero de las personas desaparecidas. Debe promoverse la operatividad del Mecanismo de Búsqueda Urgente, que podría contribuir a evitar que ocurran nuevas desapariciones. Esto implica que este mecanismo sea conocido entre los funcionarios involucrados, así como la creación de un sistema de seguimiento de las acciones que las instituciones realizan cuando el mecanismo se activa.

Adicionalmente, es fundamental que se facilite el acceso de los familiares de las personas desaparecidas a la atención de salud mental adecuada dentro del sistema público de salud. Estas personas no son solo cifras: son sueños rotos, familias destruidas, horas de búsqueda y espera, una respuesta que a veces no llega y, sobre todo, la incertidumbre y el dolor de no saber qué pasó y dónde están.