El incumplimiento del Derecho Humanitario - Acciones internacionales

24-02-1999por Susana Núñez Palacios

       

     

  El CICR no asume la responsabilidad de las opiniones expresadas por el autor del siguiente texto. La publicación del mismo no es, pues, una toma de posición del CICR.  

     

Para referirnos al incumplimiento del derecho internacional humanitario y las consecuencias de ese incumplimiento es necesario que antes definamos a este derecho para precisar el ámbito conceptual de nuestro análisis. Al respecto nos es sumamente útil citar la definición que nos da el doctor Swinarski en su Introducción al Derecho Internacional Humanitario:

  Es el cuerpo de normas internacionales de origen convencional y consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados internacionales o no internacionales y que limita, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra o que protege a las personas y los bienes afectados o que pueden estar afectados por el conflicto .

Al derecho humanitario se le ha llamado ius in bello, es decir, el derecho aplicable en situación bélica, en tanto que su finalidad es proteger a los seres humanos en tiempo de guerra y para ello regula diversos aspectos y actos que sólo se dan durante la guerra, ya sea interna o internacional. Las fuentes convencionales del derecho humanitario son el llamado “Derecho de Ginebra” y el “Derecho de la Haya”. El primero esta formado por las normas que protegen a los individuos que son víctimas de los conflictos armados que se encuentran en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos adicionales de 1977. El segundo, el “derecho de la Haya” es el conjunto de normas que tienen la finalidad de limitar los medios y los métodos de combate y que se encuentran en las convenciones realizadas en las Conferencias de la Haya en 1899 y 1907.

El profesor Dietrich Schindler considera que el derecho humanitario es una rama del Derecho Internacional diferente a la de los derechos humanos, aunque en estrecha relación. Al explicar la evolución histórica del derecho humanitario, este autor, recuerda la forma diferente como se analizaba el derecho humanitario en las primeras reuniones de la ONU: “...se consideró en primer lugar que si la organización se ocupaba del derecho de la guerra, la opinión pública dudaría de su capacidad para mantener la paz. Por consiguiente, en su primera reunión, celebrada en 1949, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas decidió que el derecho de la guerra no figurase entre los temas que habían de tratarse. En la Declaración Universal de 1948, se deja totalmente de lado la cuestión del respeto de los derechos humanos en los conflictos armados. Paralelamente, en la elaboración de los Convenios de Ginebra de 1949, no se trataron los derechos humanos... Durante largo tiempo, apenas si se atendió a estas relaciones entre esas dos ramas del derecho internacional. No fue sino hacia finales de la década de 1960 cuando se llegó a una concienciación, con motivo de los conflictos armados de aquella época: las guerras de liberación en África, el conflicto de Medio Oriente, los conflictos de Nigeria y de Viet Nam (sic), que eran, simultáneamente, aspectos pertenecientes al derecho de la guerra y a los derechos humanos. La Conferencia sobre los Derechos Humanos, convocada por las Naciones Unidas y celebrada, el año de 1968 en Teherán, tendió oficialmente un puente entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De hecho, en su resolución XXIII del 12 de mayo de 1968 relativa al respeto de los derechos humanos en período de conflicto armado, la Conferencia solicita que se mejore la aplicación de los convenios sobre los conflictos armados existentes y que se concierten nuevos acuerdos”.

Para comprender la importancia del derecho humanitario debemos recordar que la guerra es, para el derecho internacional actual, un acto ilícito, esto es, un delito. Las únicas excepciones a la prohibición del uso de la guerra son: a) medidas de seguridad colectiva (por ejemplo, las que puede adoptar la ONU de acuerdo con el capítulo VII de la Carta); b) las guerras de liberación nacional; c) la legítima defensa o guerra defensiva.

Sin embargo, a pesar de que la guerra está prohibida se utiliza en el mundo, en mayor o menor medida dependiendo de la situación internacional, de manera permanente, ante esto el derecho internacional no puede dejar de lado su regulación, no es esto un acto de convalidación como algunos consideran sino, por el contrario, el reconocimiento de una realidad con la finalidad de evitar males mayores. En esta per spectiva el derecho internacional humanitario permite contar con una protección especial para los seres humanos que viven una lamentable situación especial.

  ¿CUÁLES SON LOS SUJETOS RESPONSABLES DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANITARIO?  

En los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales se enlistan aquellas violaciones consideradas como especialmente graves, llamadas también crímenes de guerra. Se entiende por infracciones graves cualesquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos en los Convenios y en los protocolos: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar intencionalmente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, toda omisión deliberada que ponga gravemente en peligro la integridad física o mental de una persona en poder de una Parte distinta de aquella de la que depende, la deportación o los traslados ilegales, la detención ilegal, el hecho de obligar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o de privarla de su derecho a ser juzgada regular e imparcialmente según las prescripciones de los Convenios y el Protocolo, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación no justificada de bienes por necesidades militares y llevadas a cabo, en gran medida, de manera ilícita y arbitraria. También son infracciones graves los actos intencionales siguientes, cuando ocasionan la muerte o perjudican gravemente a la integridad física o a la salud; los ataques contra la población civil, contra las personas civiles contra los bienes civiles, los ataques indiscriminados o los ataques contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará pérdidas en vidas humanas, heridos entre las personas civiles o daños a bienes civiles que sean excesivos en relación con la vent aja militar concreta y directa prevista; los ataques contra las localidades no defendidas y las zonas desmilitarizadas, los ataques contra las personas reconocidas fuera de combate y el uso pérfido del signo de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o de otros signos protectores reconocidos. Además son también infracciones graves cualquier traslado por la Potencia ocupante de parte de la propia población civil al territorio que ocupa, la deportación o el traslado de la totalidad o de una parte de la población de ese territorio, toda injustificada demora en la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles, la práctica del apartheid y demás prácticas análogas, los ataques dirigidos contra bienes culturales claramente reconocidos.

Tradicionalmente, se consideraba al Estado como el único violador del derecho internacional, por lo tanto era este el único que incurría en responsabilidad internacional. Actualmente son varios los sujetos del derecho internacional que pueden ser sancionados por no cumplir con este derecho. En el tema específico que nos ocupa, a partir de 1945 se han estructurado un conjunto de normas y algunos órganos para establecer la responsabilidad internacional tanto del Estado como del Individuo por la comisión de crímenes de guerra.

En su sentencia del 30 de septiembre de 1946 el tribunal de Nuremberg señaló lo siguiente:

" Hace tiempo se ha reconocido que el derecho internacional impone deberes y responsabilidades a los individuos igual que a los Estados... Los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por los hombres, no por entidades abstractas, y sólo mediante el castigo a los individuos que cometen tales crímenes pueden hacerse cumplir las disposiciones del derecho internacional... El principio de derecho internacional que, en ciertas circunstancias, protege a los representantes de un Estado, no puede aplicarse a los actos que tal derecho condena como criminales. Los autores de dichos actos no pueden resguardarse tras sus cargos oficiales para librarse de la sanción de los juicios apropiados... Quien viola las leyes de la guerra no puede lograr la inmunidad por el sólo hecho de actuar en obediencia a la autoridad del Estado, cuando el Estado, al autorizar su actuación, sobrepasa su competencia según el derecho internacional... El hecho de que se ordene a un soldado que mate o torture, en violación de la ley internacional de la guerra, jamás se ha reconocido como una defensa de tales actos de brutalidad...   

     

A su vez en los Principios de Nuremberg se establece que los crímenes de guerra son: “principalmente violaciones a las leyes o costumbres de guerra que incluyen, entre otras, asesinatos, malos tratos o deportación para trabajos forzados o para cualquier otro propósito de la población civil de o en territorio ocupado; asesinato o malos tratos de prisioneros de guerra o personas en alta mar, muerte de rehenes, saqueo de la propiedad pública o privada, destrucción de ciudades, poblaciones y pueblos o devastación no justificada por necesidades militares”.

En conclusión, la experiencia internacional ha demostrado que quienes incurren en violación al derecho humanitario son, precisamente los participantes directos en las mismas, es decir, los Estados y los individuos.

  CONSECUENCIAS DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO HUMANITARIO  

  1. SANCIÓN EN INSTANCIAS INTERNAS  

En los Convenios y en el Protocolo se prevé que los gobiernos tomarán todas las medidas legislativas necesarias para determinar las sanciones penales adecuadas que han de aplicarse a la s personas que cometan o den la orden de cometer cualquiera de las infracciones graves; buscarán a las personas acusadas de haber cometido o de haber dado la orden de cometer esas infracciones incluidas las que resulten de una omisión contraria a un deber de actuar. Los jefes militares deben velar por impedir las infracciones contra los Convenios y el Protocolo, y, en caso necesario, reprimirlas y denunciarlas a las autoridades competentes.

También, cada Parte contratante deberá tomar las medidas necesarias para que cesen los actos contrarios a los Convenios, además de las infracciones graves. Pero, para estas últimas se prevé la aplicación del principio de jurisdicción universal y, como consecuencia la obligación de conceder la extradición cuando el Estado requerido no haya hecho comparecer al inculpado ante sus propios tribunales. Lo hasta aquí mencionado corresponde a las acciones estatales cuando el violador del derecho humanitario es un individuo.

  2. SANCIÓN EN LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES  

La otra posibilidad es que sean las instancias internacionales las que establezcan la responsabilidad. En este caso pueden darse dos situaciones:

  2.1 RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A UN ESTADO : corresponde aquí a un órgano internacional decidir acerca de la violación y de la sanción, pueden intervenir, por ejemplo la Corte Internacional de Justicia o el Consejo de Seguridad, con base en el procedimiento que regula a cada uno.

Por ejemplo, las sanciones que se establecieron para Irak por la invasión de Kuwait, incluidos crímenes de guerra, se adoptaron con base el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas que señala las acciones del Consejo d e Seguridad para el mantenimiento de la paz.

  2.2 RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A UN INDIVIDUO: La otra posibilidad es que la violación del derecho humanitario sea imputable a uno o a varios individuos. En este supuesto puede sancionar al individuo un tribunal internacional. Lo ideal es que pudiésemos contar con un tribunal penal internacional permanente, sin embargo, esto todavía no se ha logrado; afortunadamente recientemente se adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en la Conferencia celebrada en Roma del 15 de junio al 17 de julio de este año.

Hasta este momento sólo han existido tribunales penales internacionales especiales: el de Nuremberg, el de Tokio, el de la ex Yugoslavia y el de Ruanda. Los dos primeros presentaron graves deficiencias y provocaron la violación a principios fundamentales del derecho. Los dos últimos, al ser una experiencia reciente, se estructuraron evitando las deficiencias de los primeros en un marco jurídico más aceptable. La creación de estos dos últimos tribunales se ha hecho son base en las facultades concedidas al Consejo de Seguridad en al Capítulo VII de la Cata de Naciones Unidas.

     

  2.2.1 EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA  

Las Naciones Unidas comenzaron a participar activamente en el conflicto yugoslavo el 25 de septiembre de 1991, cuando el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 713 de ese mismo año en la que expresaba preocupación por los combates en ese país, entonces se dispuso que todos los miembros de la ONU impusieran un embargo general y completo a todas las entregas de armamentos militares a Yugoslavia, así como un embargo económico. Otras acciones fueron tomadas por la ONU durante 1992, entre otr as la creación de una Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR por sus siglas en inglés) para el ex Yugoslavia. Sin embargo, en mayo de 1993 en respuesta a las pruebas abrumadoras de depuración étnica y actividad genocida en la guerra en la antigua Yugoslavia, el Consejo de Seguridad creó por votación el primer tribunal internacional de crímenes de guerra, desde los de Nuremberg y Tokio. Se estableció así el “Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento de Graves Violaciones de la Ley Humanitaria Internacional cometidas en el Territorio de la Antigua Yugoslavia desde 1991” mediante la resolución 827 del Consejo de Seguridad, con la convicción explícita de que la asignación de responsabilidades “contribuiría a la restauración y mantenimiento de la paz”. En septiembre de 1993 la Asamblea General de la ONU procedió a elegir a los 11 magistrados, quienes tomaron posesión el 17 de noviembre de ese año.

El Tribunal para la ex Yugoslavia es el primer tribunal penal internacional establecido verdaderamente por las Naciones Unidas, ya que fue creado como un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad con la administración y financiamiento por parte de las Naciones Unidas. Como un cuerpo judicial, el tribunal fue creado con completa independencia de los Estados. Su establecimiento bajo el Capítulo VII de la Carta era necesario para asegurar un método más rápido para su funcionamiento. A diferencia del Tribunal de Nuremberg, el Tribunal para la ex Yugoslavia fue el primero con un carácter internacional debido a que no es un órgano de un grupo de Estados, sino de toda la comunidad internacional ya que sus magistrados proceden de todas partes del mundo, su procedimiento y su jurisdicción no se encuentran sometidas a normas nacionales e, incluso, la Dependencia de Detención, en la que se custodiaría a las personas juzgadas por el tribunal, tiene un carácter internacional y no está sometida al control o supervisión del Estado anfitrión.

Por lo que respe cta a su competencia, se estimó que este es competente para conocer de crímenes de lesa humanidad a causa de la naturaleza de los mismos debido a que “los crímenes de lesa humanidad... no son sólo competencia del derecho penal interno, sino que están sujetos a un ordenamiento penal internacional al que son completamente ajenos los conceptos de fronteras y las normas sobre extradición que dimanan de él, así como de crímenes de guerra ya que éstos constituyen violaciones a las leyes del derecho internacional. "

Los objetivos del Tribunal de acuerdo con su Estatuto y con la resolución 827 son tres: el primero, hacer justicia, es decir “hacer comparecer ante la justicia a los responsables de los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia”; el segundo, disuadir de la comisión de nuevos crímenes; y, el tercero, contribuir a restablecer y mantener la paz.

En cuanto al procedimiento se enmarca en el conjunto de derechos de los acusados de acuerdo con las normas internacionales. Se respeta el principio de igualdad procesal en donde el fiscal y la defensa se encuentran en un mismo plano y tienen las mismas oportunidades, se reconoce el derecho del acusado a tener un defensor cualquiera que sea su situación económica, así como el derecho de apelar las sentencias sin que esto haga excesivamente compleja la labor del tribunal, lo cual dimana del artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

A continuación se resumen brevemente las etapas del procedimiento ante el tribunal:

La única persona que puede iniciar las diligencias judiciales ante el tribunal es el Fiscal, previa presentación de pruebas que hagan suponer la presunta responsabilidad de una persona en la comisión de delitos graves como genocidio o crímenes de guerra, dichas pruebas pueden ser obtenidas por iniciativa propia o pueden ser proporcionadas al Fiscal por las víctimas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales u otras fuentes.

Dicha acusación se presenta a un Magistrado previamente designado por el Presidente del Tribunal para que la examine, si el Magistrado la confirma, ésta adquiere en principio un carácter público. El Magistrado puede entonces librar una orden de arresto o remisión del acusado o una orden de allanamiento. Todos los mandamientos del Magistrado se envían a las autoridades competentes del Estado que corresponda.

Una vez detenido, el acusado es trasladado a la Haya donde permanece en custodia en la Dependencia de detención, bajo control estricto de la ONU. Se le hace comparecer, lo más pronto posible, ante una Sala de Primera Instancia y se le formulan los cargos en forma. El Fiscal debe comunicar a la defensa las pruebas que están en su posesión fijándose una fecha para la iniciación del juicio propiamente dicho en donde el acusado sólo podrá ser interrogado como testigo de descargo, pudiendo los particulares y las organizaciones o gobiernos, previa autorización, presentar exposiciones escritas u orales, ya que de esta forma se permite que otras partes interesadas presenten opiniones que puedan hacer que el tribunal se allegue mayores elementos en interés de la justicia.

Innovadora institución dentro del derecho internacional la constituye la División de Ayuda a las Víctimas y a los Testigos, la cual forma parte integrante de la Secretaría del Tribunal y se encuentra encargada por una parte de recomendar medidas de protección y, por otra, de prestar asistencia a las víctimas y a los testigos, así como protección tanto física como psicológica que se estime necesaria a fin de proteger a las víctimas y a los testigos de posibles represalias de los acusados.

Luego de las declaraciones y la presentación de pruebas de las partes se procede a los alegatos finales. Después de esto la Sala de Primera Instancia delibera el asunto y pronuncia sus conclusiones en público. Si considera que el acusado es culpable, la Sala procede al establecimiento de la pena. El Fiscal o la defensa pueden presentar un recurso contra la sentencia dentro de los 30 días siguientes. La Sala de Apelaciones se pronunciará al respecto, siendo esta última resolución inapelable.

A pesar de que la constitución del Tribunal fue relativamente rápida, ha tropezado con diversos problemas desde su constitución una de las más importantes lo es sin duda el reducido financiamiento económico y en especie (computadoras, personal de apoyo, etc.) con el que cuenta.

No cabe duda que el establecimiento del tribunal constituyó y sigue constituyendo una alternativa judicial a las exigencias que plantea la situación de la ex Yugoslavia, en la que de acuerdo con las evidencias, se perpetraron graves crímenes internacionales en gran escala.

El tribunal, lejos de ser un medio de venganza es un instrumento para promover la reconciliación y restablecer la paz. Si no se atribuye a personas físicas la responsabilidad de los crímenes cometidos, es posible que se atribuya de manera genérica a grupos étnicos o religiosos en su totalidad, lo cual genera irremediablemente nuevos círculos interminables de odio y venganza.

  2.2.2 EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA  

Ruanda tiene una larga historia de rivalidades políticas y económicas entre los dos principales grupos étnicos del país, los hutus, que son mayoría y los tutsis. En abril de 1994, las muertes e los presidentes de Burundi y Ruanda en un accidente aéreo causado por un cohete, dieron paso a una ola de intensas y sistemáticas masacres. Los asesinatos estimados en más de un millón de personas conmocionaron a la comunidad mundial ya que se trata, sin lugar a duda, de actos de genocidio.

Nuevos sitios de masacres y fosas comunes fueron identificados en octubre de 1995 en l as comunidades de Gisuma, Gafunzo, Cyangugu y Kibuye. Sobrevivientes de estos horrores han dado han dado a los observadores internacionales evidencias concretas y nombres de los asesinos.

El genocidio y otros crímenes toman una especial connotación cuando las víctimas son mujeres. La violación fue algo sistemático y era usada como un arma. De acuerdo con los testimonios, la gran mayoría de las mujeres tutsis fue violada.

Aunque el gobierno rwandés pretendía castigar a todos los que realizaron esos delitos el problema se complico porque el sistema de justicia penal en Ruanda fue diezmado durante la guerra, con alrededor del 95% de los abogados y jueces del país muertos o en el exilio o en la cárcel. En diciembre de 1995 el sistema judicial se encontraba en el siguiente estado: a) de las 147 Cortes de Distrito menos del 50% eran funcionales; b) de 12 Cortes de Primera Instancia, sólo la mitad estaba operando; c) ninguna de las cuatro Cortes de Apelación se encontraba en operación.

Así el panorama, la administración de justicia por crímenes de guerra en Ruanda requería de un método alterno que tomara en cuenta la cantidad enormemente grande de casos potenciales y la cantidad abrumadoramente pequeña de personal disponible en el sistema judicial ruandés para procesarlos.

El 8 de noviembre de 1994 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de ese organismo decidió por su resolución 995 aprobar por votación la creación de un Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con el propósito de enjuiciar a los presuntos responsables de genocidio y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en territorio de Ruanda y a los ciudadanos de Ruanda presuntamente responsables de las mismas violaciones en territorio de Estados vecinos entre el 31 de enero y el 31 de diciembre 1994.

El Tribunal tiene su sede en Arusha, Tanzania y esta conformado de la misma manera del Tribunal para la ex Yugoslavia.

Una de las más fuertes críticas hechas al Consejo de Seguridad por la creación de estos tribunales es su criterio selectivo, ya que en otras regiones del mundo se cometen actos similares sin que el Consejo decida crear el tribunal respectivo. No cabe duda que la experiencia de los tribunales ad-hoc ha sido positiva y demuestra que si es posible aplicar el derecho penal internacional a través de una institución judicial internacional que aplique la justicia a escala internacional de un modo imparcial. Sin embargo, se debe evitar que el Consejo de Seguridad y, especialmente, los cinco miembros permanentes, decidan donde y cuando se debe hacer justicia, por ello estamos totalmente convencidos de que un Tribunal Penal Internacional de carácter permanente es la instancia idónea para el tratamiento de estos abominables casos sin encontrarse bajo la tutela del Consejo de Seguridad, el cual como se ha visto, no necesariamente responde a los intereses de la comunidad internacional.

  BIBLIOGRAFÍA Y HEMEROGRAFÍA  

Bazan, Jan. Breve Historia de Europa Central (1938-1993), El Colegio de México, México, 1993.

Delgado Cánovas, Juan Bautista. " La creación por la ONU de un tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia: ¿Un fracaso del sistema de seguridad Colectiva? " , Anales de derecho, Universidad de Murcia, No. 12, 1994.

Devitch, Bogan. Nacionalismo y Etnicidad: La trágica muerte de Yugoslavia, Siglo XXI, México, 1995.

Schmit, Carl, " The Nuremberg Trial and International Law " , American Journal of International Law, vol. 43, no. 2, april, 1949.

  Susana Núñez Palacios ,   Doctora en Derecho Internacional, Profesora-investigadora en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana y Profesora de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México.