La difícil realidad del conflicto armado en Colombia
La paz es todavía esquiva en muchos territorios de Colombia. En 2019, hubo 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas masivamente y 218 agresiones a la Misión Médica. Sin embargo, estos fueron solo algunos de los tristes indicadores del deterioro de las condiciones humanitarias en varias zonas del país.
A lo largo de 2019, nuestros equipos en el terreno documentaron 987 violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias.
El 77% de estos casos fueron amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores, entre otros hechos de suma gravedad. Sin embargo, se trata de una mirada parcial de la situación, resultado de los casos que conocemos de primera mano en las 13 oficinas que tenemos en el país.
Este panorama desalentador muestra que todos los actores armados en Colombia aún irrespetan las reglas mínimas de la guerra y dejan a la población civil frente a las peores consecuencias de sus acciones.
Editorial: Proteger la dignidad en medio del conflicto
Complejo panorama de abusos
Los abusos de la guerra no han menguado y tienen una configuración distinta en cada región del país. Esto significa que acciones como identificar las estructuras de los actores armados, establecer un diálogo para recordarles su obligación de cumplir las normas humanitarias y explicarles la importancia de permitirnos llegar a las víctimas todavía son nuestros grandes retos como trabajadores humanitarios, que también enfrentan otras organizaciones e instituciones estatales.
Si no hay voluntad para cerrar la espiral de dolor que sufren demasiados colombianos, las respuestas, tan necesarias en estos momentos de incertidumbre, quedarán solo en el papel.
Las agresiones a la Misión Médica
Es innegable que la respuesta institucional a las víctimas se ha robustecido, a la vez que las comunidades han mejorado su capacidad de autoprotección y organización para la defensa de sus derechos. Sin embargo, este potencial se pone en riesgo cada vez que se ataca la capacidad de algo tan esencial como salvar vidas.
Las amenazas y las peligrosas situaciones de inseguridad impiden que el personal de salud continúe con su trabajo.
Es imposible calcular la cantidad de enfermedades prevenibles, complicaciones médicas y muertes que se hubieran podido evitar cada vez que un trabajador de la salud fue obligado a huir o cada vez que un puesto de atención cerró por falta de recursos.
