Continúan las agresiones contra la Misión Médica en Colombia

Balance humanitario 2020

03 marzo 2020
Continúan las agresiones contra la Misión Médica en Colombia
En zonas de conflicto, para un herido o enfermo la vida se debate entre la falta de acceso a servicios adecuados de salud y la presencia de actores armados. Fotos Isabel Ortigosa y Laura Aguilera / CICR

La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP cumple cuatro años en 2020. Los avances que ese histórico hecho representó para el país también suponen retos adicionales para las partes y para la sociedad civil en general.

Es innegable que la respuesta institucional a las víctimas se ha robustecido, a la vez que las comunidades han mejorado su capacidad de autoprotección y organización para la defensa de sus derechos.

Sin embargo, este potencial se pone en riesgo cada vez que se ataca la capacidad de algo tan esencial como salvar vidas. Ese ha sido el caso de las 218 agresiones que se registraron en 2019 en contra del personal sanitario y de las estructuras de salud. En algunos casos, las agresiones ocurrieron en contextos que implicarían graves violaciones al DIH.

Amenazas a la Misión Médica en Colombia

Buena parte de las zonas del país que requieren mayor atención aún no han visto el cumplimiento de los compromisos firmados. Allí es frágil la presencia estatal para garantizar la salud, la educación y los servicios básicos para vivir en condiciones dignas. A su vez, observamos con preocupación que la precariedad de la situación humanitaria en estas regiones favorece la agudización de la violencia y fortalece las economías ilícitas que la sostienen, como el narcotráfico y la minería ilegal.

El hecho de buscar o brindar atención médica se ha convertido en un acto de valor en departamentos como Norte de Santander y Valle del Cauca. Por un lado, los pacientes se encuentran con estructuras precarias o casi inexistentes justo en las zonas donde son más apremiantes los efectos del conflicto y la violencia armada.

Por otro lado, las amenazas y las peligrosas situaciones de inseguridad impiden que el personal de salud continúe con su trabajo.

En consecuencia, es imposible calcular la cantidad de enfermedades prevenibles, complicaciones médicas y muertes que se hubieran podido evitar cada vez que un trabajador de la salud fue obligado a huir o cada vez que un puesto de atención cerró por falta de recursos.

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