El CICR hace un llamado a la adopción de acuerdos especiales en el marco de las negociaciones con grupos armados

A pesar de los esfuerzos que se están llevando a cabo para encontrar soluciones negociadas a los conflictos armados, la situación humanitaria en Colombia continúa siendo preocupante. El año pasado, la intensificación de la disputa territorial entre diversos actores armados generó dinámicas cambiantes en varias regiones del país, lo que planteó nuevos desafíos humanitarios.

"Es fundamental que el Estado colombiano y los grupos armados sitúen las preocupaciones humanitarias en el centro de los diálogos de paz. En medio de las negociaciones se pueden adoptar acuerdos especiales que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población afectada por los conflictos armados, reforzando las obligaciones que tienen las partes en conflicto frente al derecho internacional humanitario. Estas obligaciones deben cumplirse independientemente de que existan o no diálogos de paz", señaló Lorenzo Caraffi, jefe de delegación del CICR en Colombia, durante la presentación del informe anual Balance Humanitario 2024.

Estos acuerdos pueden enfocarse en temáticas específicas como el acceso de organizaciones humanitarias imparciales, personas desaparecidas y personas fallecidas sin identificar; reclutamiento, utilización y participación directa en las hostilidades de niños, niñas y adolescentes; uso, presencia y abandono de artefactos explosivos; personas privadas de libertad, respeto a la asistencia de salud, entre otros temas.

Además, es importante que los acuerdos especiales correspondan a medidas concretas y positivas, que se construyan sobre la base de las disposiciones existentes en el DIH, y que tengan como finalidad la protección de la población civil y de otras personas afectadas por los conflictos armados.

Balance Humanitario 2024

En 2023, según cifras oficiales, al menos 145 mil personas se desplazaron individualmente, lo que supone un aumento del 18 % respecto al año anterior. En algunos departamentos el incremento fue más alto. En Bolívar, por ejemplo, la población afectada por esta problemática aumentó en un 94 %, mientras que, en Cauca y Putumayo, el incremento superó el 50 %.

En cuanto al desplazamiento masivo, la población afectada se redujo en un 13 %. Aun así, la cifra continuó siendo elevada, ya que alrededor de 50 mil personas tuvieron que abandonar su hogar. Esta tendencia cambió en algunos departamentos en donde, por el contrario, el fenómeno se profundizó. El aumento más significativo se dio en Putumayo, que registró un incremento de más del 1.000 %. También es relevante la situación de Nariño. Allí se presentó el 52 % del total de población desplazada de manera masiva.

"En Colombia hay comunidades enteras que no pueden transitar libremente por su territorio porque el miedo y la zozobra sigue condicionando la vida de estas personas. Para la población civil el respeto del DIH no es algo abstracto, por el contrario, significa mucho. El respeto del DIH mitiga la barbarie de la guerra y puede representar un alivio concreto para las personas afectadas en medio de la incertidumbre y el dolor que provoca la violencia", añadió Caraffi.

El confinamiento de comunidades, como consecuencia del recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en los territorios, aumentó a nivel nacional en un 19 % en comparación con el año anterior. Alrededor de 47 mil personas estuvieron confinadas. Llama la atención la situación de Chocó, donde se concentró el 44 % de la población afectada. Además, en otros departamentos se registró un incremento considerable. En Antioquia la población confinada aumentó 11 veces en relación con 2022, mientras que en Cauca el incremento fue de más del doble respecto a ese mismo año.

El CICR registró 380 víctimas directas de artefactos explosivos como minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y de detonación controlada. La mayoría de ellas civiles. Si bien estas cifras suponen una reducción del 27 % en comparación con 2022, esto no implica una disminución de la contaminación por armas en el país. Por el contrario, este fenómeno se extendió a nuevas áreas: de los 73 municipios en los que se presentaron accidentes por artefactos explosivos, el 55 % no había reportado víctimas en 2022.

Las víctimas directas no son las únicas que sufren las consecuencias humanitarias de esta problemática: los familiares de las personas afectadas y las comunidades confinadas o desplazadas por la amenaza constante que representan estos artefactos sufren igualmente.

La desaparición de personas es también una preocupación humanitaria. En 2023, el CICR documentó 222 casos que ocurrieron en ese mismo año y que se relacionaron con los conflictos armados y la violencia. Esta cifra no da cuenta del número total de desapariciones que pudieron ocurrir en ese tiempo y que probablemente es bastante mayor.

Los actos violentos contra la asistencia de salud también se mencionan en el Balance Humanitario 2024. La Mesa Nacional de Misión Médica reportó 511 eventos, de los cuales el 27 % se relacionó con los conflictos armados. Los hechos que se presentaron en ese contexto fueron particularmente graves y afectaron a distintas comunidades que, debido a estos actos violentos, no pudieron acceder a los servicios de salud. Entre los casos registrados se encuentra el homicidio de nueve personas, la cifra más alta de los últimos cinco años. De estas personas, cinco eran sanadores tradicionales.

Los indicadores de las múltiples consecuencias humanitarias evidencian la complejidad del contexto actual. Para el CICR es fundamental tener presencia en las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia, para comprender la dura realidad que viven las personas que habitan en estos territorios y hacer todos los esfuerzos posibles para mitigar su sufrimiento a través de la labor humanitaria imparcial. El año pasado, cerca de 150 mil personas se beneficiaron con el trabajo humanitario de la organización.