Minas en Colombia: volver a caminar sin miedo es un sueño que tardará años

Los estragos humanitarios que generan los artefactos explosivos y restos de guerra no desaparecerán de la noche a la mañana. Aunque los registros oficiales muestran una reducción de víctimas directas, muchas personas viven aisladas en zonas contaminadas. En ocho años, 90.000 personas han aprendido comportamientos seguros con el CICR y la Cruz Roja Colombiana.

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Mientras este informe se escribía, una comunidad de Chocó seguía de luto por la muerte de tres personas en diciembre pasado. Un campesino que caminaba por una zona rural falleció tras activar un artefacto explosivo. En la misión que sus vecinos organizaron para rescatarlo, murieron otras dos personas.

Antes de 2014, nunca se habían registrado accidentes de este tipo en esta zona; un pequeño indicador de que hay más áreas que pueden ser peligrosas para la población civil y sobre las que no se sabe exactamente qué grado de contaminación tienen.

Con la reducción de los enfrentamientos armados en varias regiones, el CICR ha registrado una tendencia: hay personas desplazadas que retornan a sus sitios de origen sin la certeza de que los caminos estén libres de artefactos explosivos. Otras personas en riesgo son población ‘flotante’ que está transitando por zonas peligrosas. Por eso, hoy la prevención sigue siendo la herramienta más importante para salvar vidas.

En los últimos ocho años, la Cruz Roja Colombiana y el CICR han capacitado a 90.000 personas sobre cómo evitar accidentes y cuáles son sus derechos como víctimas. A futuro, es necesario duplicar este número para prevenir más tragedias como la de diciembre pasado en Chocó.

Aunque, según cifras del Gobierno, las víctimas civiles de estos artefactos se redujeron en 2015 respecto del año anterior (de 103 a 73 casos), es imposible ignorar la tragedia de la población que se sigue viendo afectada y la que no figura en las estadísticas oficiales. De hecho, el año pasado, el CICR apoyó a casi 200 víctimas para que empezaran su proceso de reparación con el Estado.

Si algún día la guerra en Colombia llega a su fin, sobre el terreno quedará un problema: la contaminación por armas, es decir, la presencia de minas antipersonal, artefactos improvisados y restos explosivos de guerra. No se sabe exactamente cuántos hay ni cuánto tiempo tomará limpiar todo el territorio para que las comunidades afectadas vuelvan a caminar sin miedo.

Comunidades enteras viven aisladas

Las consecuencias de la contaminación por armas van mucho más allá de las cicatrices físicas y psicológicas permanentes. Hay zonas del país que nunca han tenido heridos o accidentes, pero que sí están afectadas. Miles de familias viven con otras problemáticas que no se visibilizan ante la opinión pública y que también tienen graves consecuencias humanitarias.

Entre ellas está el acceso limitado a los cultivos y terrenos fértiles, la muerte del ganado y otros animales de los que dependen para subsistir, así como la deserción escolar porque los niños tienen que hacer peligrosos recorridos para ir a estudiar. El resultado, según ha observado el CICR, son comunidades que quedan aisladas, que pasan hambre y que viven con temor todos los días.

El Acuerdo sobre Limpieza y Descontaminación del Territorio, firmado el 7 de marzo de 2015 por el Gobierno y las FARC-EP, significó un paso importante, que el CICR saluda. La voluntad política de las partes se materializó con proyectos piloto que se realizan en la vereda Orejón de Briceño (Antioquia) y en la vereda Santa Helena de Mesetas (Meta).

Sin embargo, quedan muchos territorios más y el trabajo para desminarlos será una de las tareas más complejas tras las negociaciones en La Habana.

“Uno queda con un zumbido”

Después de Afganistán, Colombia es el segundo país con más víctimas de minas antipersonal. Según datos recopilados por el Estado, dos de cada cinco de los afectados son civiles y más de 800 de ellos murieron tras el incidente en los últimos 25 años. Quienes sobreviven suelen necesitar apoyo por el resto de sus vidas. Ese es el caso de Jaime, quien trabajaba sacando oro en una zona montañosa de Nariño.

En septiembre de 2012, tras una noche marcada por combates en la zona, un accidente con un artefacto explosivo lo dejó sin piernas. Luego de solo cinco días en el hospital, a Jaime le dieron de alta y se encontró con el momento más difícil desde el accidente: salir en silla de ruedas a buscar un taxi. “No sabía cómo hacer para subirme al taxi sin piernas. Uno queda muy afectado psicológicamente”, dice. A unos 200 kilómetros de ahí, en una zona rural de Tolima, Arturo perdió el pie izquierdo mientras trabajaba en el campo. Ahora vive temporalmente en un albergue en otra ciudad, mientras recibe tratamiento.

Como Jaime, Arturo también estaba realizando labores rutinarias cuando la vida le cambió para siempre. La explosión los tomó por sorpresa: “Por ahí ya no había minas, sino en algunas partes de la montaña. No sabía que nos íbamos a encontrar con eso tan cerca de los cultivos”, agrega.

Su hermano salió ileso y el otro agricultor con el que se encontraba resultó con quemaduras y problemas en los oídos. “Uno queda con un zumbido en la cabeza. Estas son cosas que uno jamás imagina que van a pasar”, dice Arturo.

Estigma, el camino más difícil

Para niños y niñas, que representan el 26 por ciento de las víctimas, los efectos en los proyectos de vida son más agudos. Ese fue el caso de Dionardo, quien quedó ciego tras un accidente con una mina cuando tenía 16 años. Se dedicaba a trabajar en el campo con su familia, pero la situación se volvió tan complicada que tuvo que mudarse a Cúcuta, Norte de Santander. Aunque hoy trabaja como promotor de salud gracias al programa de oportunidades de empleo del CICR, asegura que “es muy difícil entrar a una empresa cuando se tiene una discapacidad física”.

Esa también ha sido la piedra en el zapato para los sueños de Jaime, a quien su médico le decía que se dedicara a vender lotería y quien ahora es dueño de su propia microempresa. “Este problema no es solo para uno sino para toda la familia y para toda la sociedad, porque también hay discriminación”, asegura.

En 2015, el CICR escuchó decenas de historias como las de Jaime, Arturo y Dionardo. Nuestros colaboradores observaron que la presencia de minas antipersonal, artefactos improvisados y restos explosivos de guerra siguió afectando la vida de muchos colombianos. La asistencia, la rehabilitación física y la orientación que la organización brindó a estas víctimas el año pasado se mantuvo y se mantendrá durante 2016, porque, por desgracia, sus necesidades no se esfumarán de la noche a la mañana. 

Minas, solo la punta del iceberg

Las minas antipersonal son solo una de las amenazas que matan, hieren y dejan aisladas a cientos de personas en Colombia. Por eso, cuando hablamos de la problemática hablamos de “contaminación por armas”, un término más amplio que abarca la totalidad de los artefactos que tienen efectos negativos en la población civil. La problemática no es exclusiva del campo, en las ciudades también ha dejado víctimas.

• Restos explosivos de guerra (municiones sin estallar y municiones abandonadas)
• Artefactos explosivos improvisados
• Armas trampa
• Armas cortas y ligeras
• Minas antipersonal: la mayoría son de fabricación improvisada, es decir, son en realidad artefactos explosivos improvisados. Sin embargo, se les conoce como “minas”, ya que se activan de la misma manera que una mina antipersonal industrial.

Cómo respondimos a esta problemática en 2015 de la mano de la Cruz Roja Colombiana

• 18.000 personas que viven en zonas afectadas por el conflicto aprendieron a mantenerse a salvo y cuáles son sus derechos como víctimas gracias a talleres realizados por la Cruz Roja Colombiana y el CICR.
• 17 personas que murieron por causa de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra tuvieron un funeral digno gracias al apoyo del CICR.
• 108 víctimas de contaminación por armas recibieron prótesis y/o rehabilitación física en seis centros patrocinados por el CICR.
• 140 víctimas de minas y otros artefactos explosivos recibieron ayuda económica del CICR para hacer los trámites que necesitaban para acceder a la ruta de atención, asistencia y reparación integral.
• 5.000 personas redujeron su vulnerabilidad ante la contaminación por armas con la construcción o rehabilitación de acueductos, albergues y baterías sanitarias escolares y otras infraestructuras cerca de sus hogares.
• 6.700 personas produjeron alimentos en zonas seguras, reduciendo su vulnerabilidad a la contaminación por armas. 

Colombia es una de las 15 operaciones más grandes del CICR en el mundo. En 2015 el presupuesto de esta delegación fue de 33,3 millones de francos suizos, unos 100.000 millones de pesos (cambio promedio en 2015).