Declaración

Presidenta del CICR: “La fortaleza del derecho internacional humanitario depende de la voluntad de los líderes de respetarlo”

The ICRC president in the 11th HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Lecture on IHL.

Discurso pronunciado por Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, el 18 de agosto de 2025 en Bangkok, Tailandia, durante la 11.º Conferencia S.A.R. Princesa Maha Chakri Sirindhorn sobre Derecho Internacional Humanitario. 

Su alteza real princesa Maha Chakri Sirindhorn, excelencias, señoras y señores:

Es un gran honor estar hoy aquí con ustedes. Antes que nada, quiero expresar mi sincero agradecimiento a su alteza real la princesa Sirindhorn por su amabilidad al invitarme a pronunciar unas palabras en este prestigioso evento.

En épocas de crisis, el compromiso de la Cruz Roja Tailandesa de prestar asistencia humanitaria es profundamente admirable y les agradezco todo su esfuerzo. No tengo más que palabras de agradecimiento por todos los años de colaboración y trabajo conjunto para dar respuesta en casos de emergencia y promover la protección de la población civil en situaciones de conflicto armado.

Felicito a Su Alteza Real, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Cruz Roja Tailandesa por haber creado y sostenido hasta la fecha una de las plataformas de más larga data dedicadas a educar a los distintos públicos sobre las leyes de la guerra.

Durante más de veinte años, esta distinguida serie de conferencias ha demostrado un compromiso permanente con la promoción del DIH, mediante la promoción del diálogo entre expertos internacionales y la sociedad tailandesa, y la defensa de los valores humanitarios consagrados en los Convenios de Ginebra.

La fortaleza del derecho internacional humanitario crece junto con la conciencia pública de su importancia y con el peso político que le asignan los líderes de cada país. 

Este tipo de conferencias cumplen una función esencial: mantener grabado en nuestra conciencia colectiva el poder de protección de las leyes de la guerra. En el contexto actual, en el que cada vez hay más guerras, y el derecho internacional y los tratados multilaterales se encuentran sometidos a una gran presión, es fundamental centrarse en los Convenios de Ginebra.  

No se puede seguir ignorando la realidad: vivimos en una década caracterizada por la guerra. 

Actualmente, el CICR tiene clasificados alrededor de 130 conflictos armados. Esta cifra es superior a la del año pasado y muy superior a la de décadas anteriores.

Si bien la cantidad de países afectados por conflictos armados se mantiene relativamente estable, está aumentando el número de conflictos simultáneos o de conflictos que se han intensificado recientemente en esos países. Muchos son prolongados y suelen atravesar varias generaciones.

Las guerras actuales también se caracterizan por las coaliciones bélicas, la fragmentación de los grupos armados y los millones de personas civiles que viven bajo el control de actores armados no estatales.

Pero, sobre todo, en esta década somos testigos de un aumento de la cantidad de guerras entre Estados, cambios políticos estructurales, alianzas difusas y rápidos avances tecnológicos, que en conjunto agudizan el riesgo de que surjan más conflictos armados de gran intensidad con consecuencias humanitarias devastadoras. 

A medida que se multiplican las guerras y se profundizan las divisiones geopolíticas, el respeto por el DIH está en crisis y, con él, nuestra humanidad compartida.  Los conflictos armados son ahora el principal factor que determina las necesidades humanitarias. Gran parte de este sufrimiento podría haberse evitado si se hubiesen respetado más las leyes de la guerra.  

El CICR trabaja en las líneas del frente de diversos conflictos armados en todo el mundo. Conocemos la guerra muy de cerca y todos los días somos testigos de las cicatrices que deja en las personas, las familias y las comunidades.

En Myanmar, la situación humanitaria sigue siendo apremiante luego de varias décadas de enfrentamientos, a las que se sumó el terremoto devastador que tuvo lugar en marzo de este año. Las hostilidades continúan y, en algunos lugares, incluso se han intensificado. Mientras tanto, las restricciones impuestas a la circulación de personas y bienes siguen limitando el acceso a los servicios esenciales de muchas comunidades, como las de Rakáin.

En Gaza ya no queda ningún lugar seguro. Lo que allí presenciamos trasciende toda norma jurídica o moral aceptable. La población civil resulta muerta o herida en su propio hogar, en camas de hospitales o cuando salen en busca de alimentos y agua. Niños y niñas mueren porque no tienen alimentos suficientes. Todo el territorio ha quedado reducido a escombros. La guerra indiscriminada y las restricciones extremas a la ayuda humanitaria han creado condiciones insoportables y carentes de toda dignidad humana. Al mismo tiempo, sigue habiendo rehenes en cautiverio, a pesar de que el derecho internacional humanitario prohíbe terminantemente esta práctica.

Los ataques a gran escala con drones y misiles en el conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania están matando e hiriendo a personas civiles que se encuentran lejos de la línea del frente, además de destruir infraestructura esencial. A fines de julio, se habían informado al CICR más de 146.000 casos de personas desaparecidas (tanto militares como civiles), una cifra impactante que refleja las profundas consecuencias psicológicas y emocionales de esta guerra.

En Sudán, la población civil se enfrenta a una constante pesadilla de muerte, destrucción y desplazamiento. La violencia sexual se ha extendido en el país y provoca traumas que afectarán a varias generaciones. Los ataques directos a obras de infraestructura crítica como hospitales, plantas de suministro de agua y centrales eléctricas agravan las consecuencias devastadoras que sufre la población civil. Los desplazamientos, tanto dentro del país como a través de las fronteras, se han incrementado notablemente, lo que aumenta el riesgo de desestabilización regional. 

Después de casi cuatro décadas de guerra en Afganistán, las personas civiles siguen atormentadas por la presencia de minas, municiones sin estallar y artefactos explosivos improvisados ya abandonados, que representan una amenaza mortal para las comunidades, en especial ahora que cientos de miles de personas regresan a su hogar tras haber huido de situaciones de violencia. Muchos niños y niñas suelen tropezar accidentalmente con esos objetos o recogerlos sin advertir el peligro que eso supone. El año pasado, el CICR registró más de 400 casos de niños heridos o muertos. También ayudó a alrededor de 7.000 sobrevivientes de explosiones de minas terrestres, labor que pone de relieve los efectos devastadores de estas armas, que cambian la vida de las personas para siempre.

La situación en Siria revela una de las consecuencias más desgarradoras y duraderas de los conflictos armados prolongados: el destino sin esclarecer de los desaparecidos. El CICR ha registrado más de 36.000 casos de personas desaparecidas, aunque probablemente, esta cifra sea solo una fracción de la cantidad real. Si el CICR hubiese tenido acceso ininterrumpido a todos los lugares de detención durante el conflicto armado, muchos de esos casos podrían haberse resuelto o incluso evitado. Aún en la actualidad, el suministro de agua y electricidad sigue en riesgo de colapsar. Al mismo tiempo, la situación de violencia que se ha desatado recientemente a lo largo de la costa y al sur de Siria pone de manifiesto lo frágil que es el camino hacia la paz en ese país y la rapidez con la que pueden estallar los enfrentamientos. 

Tal magnitud de sufrimiento humano —en Gaza, Myanmar, Ucrania, Sudán, Afganistán, Siria y decenas de otros países de todo el mundo— nunca debe aceptarse como algo inevitable. No se trata de efectos secundarios desafortunados de la guerra, sino de las consecuencias de una profunda falta de respeto del derecho internacional humanitario. 

Cuando se libran guerras con la mentalidad de obtener una “victoria total” o con el argumento de hacerlo “porque podemos”, se arraiga una peligrosa permisividad en la que se manipula la ley para justificar la matanza, en lugar de prevenirla. Los Convenios de Ginebra se crearon específicamente para prevenir el sufrimiento y la muerte sin sentido. 

Cuando las hostilidades se llevan a cabo de forma indiscriminada y se permite ejercer la violencia sin control, las consecuencias son catastróficas. La muerte y la destrucción se convierten en la norma, no en la excepción.

En un mundo sumamente interconectado, la violencia desenfrenada rara vez se limita a un único campo de batalla, sino que genera fuertes repercusiones. Cuando el mundo tolera la agresión desmedida en un conflicto armado, da a entender a otros — ejércitos, grupos armados no estatales y sus aliados— que ese comportamiento es aceptable en cualquier otro lugar. 

A medida que los conflictos armados se intensifican, también lo hace el uso de la información como arma. Hoy en día, las guerras no solo se libran sobre el terreno, sino también en el ámbito digital, donde se utilizan discursos dañinos y una retórica incendiaria para avivar las tensiones y justificar la violencia.

Los hechos más horrendos acontecidos a lo largo de la historia tienen su origen en un mismo elemento: la deshumanización. Despojar al prójimo de su humanidad crea un entorno en el que se justifican la tortura, los abusos y los asesinatos.

El animal humano no existe como tal. Jamás debería borrarse de la faz de la Tierra a ningún pueblo ni territorio.

En un mundo cada vez más influido por los algoritmos, la velocidad con la que se pueden difundir los discursos dañinos no tiene precedentes y trae aparejadas consecuencias peligrosas en el mundo real.

Somos testigos de cómo el vocabulario genocida acaba traduciéndose en realidades horrorosas en el terreno.

El odio virulento implícito en ese tipo de lenguaje destruye la empatía y crea un terreno fértil para que se cometan atrocidades; hace que la brutalidad resulte aceptable o, lo que es peor, que parezca inevitable.

Distinguidos invitados:

Vivimos en una época en la que el mundo no solo está en guerra, sino que se prepara para más guerras. El gasto militar mundial alcanza niveles récord. En todas las regiones, los Estados invierten en armamento, modernizan sus fuerzas y se reabastecen de armas con la sensación de que es inevitable.

Como presidenta de una organización que responde a las terribles consecuencias de los conflictos armados, mi principal responsabilidad es alentar a los Estados a que reduzcan la tensión y se abstengan de llevar al mundo a una guerra sin límites.

También es mi deber recordar a los Estados que la preparación responsable para un conflicto armado no se mide únicamente por sus recursos bélicos, sino que también exige una inversión sostenida en el derecho internacional humanitario en tiempo de paz, con el fin de garantizar su cumplimiento en tiempo de guerra.

La reciente escalada de los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya deja en claro cuán importante es este tipo de preparación y con qué rapidez las hostilidades pueden desencadenar consecuencias humanitarias nocivas para la población civil.

Esta preparación incluye la formación del personal militar en los principios básicos del DIH relacionados con la protección de personas civiles durante la conducción de hostilidades o el trato de los detenidos, por citar algunos ejemplos. También implica una planificación operacional y reglas de enfrentamiento detalladas relativas a las obligaciones específicas que se establecen en los Convenios de Ginebra, en especial durante los conflictos armados internacionales entre Estados.

Las obligaciones que impone el DIH en la guerra son muy estrictas. Los Estados no solo deben comprender estas exigencias, sino también preparar los sistemas y la infraestructura necesarios para poder ponerlos en práctica rápidamente en cuanto se desate una guerra. 

Por ejemplo, en los conflictos armados internacionales, los prisioneros de guerra y las personas civiles internadas gozan de protecciones específicas en virtud de los Convenios de Ginebra III y IV. Los Estados deben planificar cómo establecerán campos de internamiento —no centros penitenciarios ni centros de reclusión— que cumplan con las normas mínimas en materia de alojamiento, higiene, alimentación, agua y atención médica.

Aquí se incluye la dotación de instalaciones para alojar a hombres separados de mujeres, y a los menores de edad de los adultos, salvo que el menor esté acompañado por algún miembro de la familia. En virtud del DIH, todas las personas detenidas o internadas en relación con un conflicto armado internacional tienen derecho a recibir visitas del CICR para que supervise las condiciones en las que viven y el trato que reciben, y para que las ayude a mantenerse en contacto con sus seres queridos.

Las personas protegidas que se encuentren en manos del enemigo no deben ser privadas del contacto con sus familiares y solo se las puede retener hasta el cese de las hostilidades activas, momento en el que se les debe permitir regresar a su hogar. Aquí es donde entra en juego un requisito fundamental del DIH: la creación de Oficinas Nacionales de Información.

En los conflictos armados internacionales, los Convenios de Ginebra exigen explícitamente que los Estados establezcan Oficinas Nacionales de Información específicas destinadas a hacer el seguimiento y la transmisión de información sobre las personas protegidas.

Estas oficinas deben compartir información sobre las personas internadas, detenidas, enfermas, fallecidas o desaparecidas con la Agencia Central de Búsquedas (ACB) del CICR, lo que permite a nuestra organización transmitir esa información a la “otra parte” y, posteriormente, a sus familiares. En el caso de los prisioneros de guerra y los internados civiles, la potencia detenedora debe expedir tarjetas de captura y remitirlas a la ACB y a los familiares.

No se trata de sistemas que puedan improvisarse una vez iniciada la guerra. Las oficinas nacionales de información incluyen una serie de mecanismos complejos de gestión de la información que deben planificarse en tiempo de paz, desde tarjetas de captura hasta el seguimiento de personas heridas, enfermas y fallecidas. La demora en su creación no solo entraña el riesgo de incumplimiento del DIH, sino que también tiene consecuencias reales para la población, ya que hay personas desaparecidas de las que no se tiene registro.

Además, las oficinas nacionales de información son fundamentales para eliminar los obstáculos que impiden la paz y la reconciliación. También resultan esenciales para localizar a las personas desaparecidas y proporcionar información que pueda utilizarse a la hora de organizar la repatriación de prisioneros de guerra y miembros de las fuerzas armadas fallecidos.

Dados los riesgos que plantean las hostilidades a gran escala y de alta intensidad, la preparación para los conflictos armados internacionales y no internacionales también debe incluir medidas de mitigación de daños a la población civil. Por ejemplo, las instalaciones militares deben estar lo más lejos posible de la infraestructura civil para respetar el principio de distinción y minimizar el riesgo de daños incidentales a la población civil.

Las guerras que afectan al propio territorio de un Estado también imponen a los sistemas nacionales de salud la obligación de estar preparados para recibir un gran número de heridos de guerra y tratar lesiones relacionadas con el conflicto, sin dejar de satisfacer las necesidades de asistencia sanitaria habituales.

Es necesario aumentar la capacidad de los servicios forenses y funerarios para que se pueda identificar a los fallecidos y darles un trato digno a fin de evitar la desaparición de personas tras su muerte. 

Sabemos que las fuerzas armadas se están preparando para enfrentamientos militares, pero, dentro de ese contexto, los Estados también deben prepararse para las consecuencias humanitarias que traen aparejadas. La preparación comienza con una mayor inversión en el DIH, pero no una vez iniciados los enfrentamientos, sino ahora mismo.  

El derecho internacional humanitario no es un concepto abstracto que los abogados explican detalladamente en conferencias. El derecho internacional humanitario está directamente relacionado con la paz y la seguridad, tanto nacionales como internacionales. 

Si se invierte en defensa, también se debe prever un presupuesto para actividades relacionadas con el DIH.

Distinguidos invitados:

Estamos presenciando un cambio radical en la forma en que se libran las guerras. Mientras varios Estados compiten en la carrera armamentista del siglo XXI, es crucial preguntarse: ¿cómo se aplica el DIH a estas tecnologías en evolución y qué deben tener en cuenta los Estados a la hora de invertir en nuevos sistemas de armas?

Por su bajo costo y escalabilidad, los drones se están convirtiendo en una de las armas que caracterizan a las guerras actuales. Su uso generalizado está redefiniendo las líneas del frente y revolucionando el campo de batalla, desde Ucrania y Rusia hasta Gaza, Sudán, Myanmar y Yemen.

Estos dispositivos han arrojado un considerable saldo de víctimas civiles en muchos conflictos armados y han infundido un temor constante en las comunidades. Los drones de combate, que antes eran dominio exclusivo de los grandes ejércitos, ahora se producen en masa a una fracción del costo del poder aéreo tradicional, lo que los hace mucho más accesibles.

No están prohibidos por el DIH, pero, como cualquier arma, deben utilizarse respetando plenamente las leyes de la guerra. Los sistemas analógicos de baja resolución y la falta de formación de los operadores, especialmente en lo que se refiere a drones de bajo costo con visión en primera persona, suscitan una gran preocupación en cuanto a la capacidad de distinguir entre objetivos militares y civiles.

La distancia no exime de responsabilidad. Los operadores de drones y sus comandantes siguen siendo legalmente responsables de los efectos causados por sus acciones, al igual que cualquier combatiente.

Si no se aplican una normativa y una rendición de cuentas más estrictas, la carrera armamentista de los drones se intensificará. Habrá más actores que desplegarán más drones con menos salvaguardias, por lo que se multiplicarán las consecuencias humanitarias.

Mientras los drones avanzan hacia una mayor autonomía, se cruzan con otro avance sumamente preocupante: los sistemas de armas autónomos.

Este tipo de armas puede seleccionar objetivos y aplicar la fuerza sin intervención humana tras su activación, lo que despierta una enorme preocupación humanitaria, jurídica, ética y de seguridad.

Las decisiones sobre la vida y la muerte jamás deben delegarse en sensores o algoritmos. Es fundamental que haya un control humano del uso de la fuerza para preservar la rendición de cuentas en la guerra. Las máquinas que tienen el poder de cobrarse vidas sin intervención humana deberían estar prohibidas en virtud del derecho internacional. 

También deberían prohibirse los sistemas de armas autónomos cuyo funcionamiento tiene efectos impredecibles. Por ejemplo, permitir el uso de armas autónomas controladas por algoritmos de aprendizaje automático, cuyo software se programa a sí mismo sin supervisión humana, es una propuesta de una peligrosidad inaceptable. Además, se necesitan restricciones claras para todos los demás tipos de armas autónomas a fin de que se cumpla con el derecho internacional.

Es fundamental contar con un nuevo instrumento jurídicamente vinculante que establezca prohibiciones y restricciones claras. Sin él, corremos el riesgo de condenar a las generaciones futuras a un mundo en el que las máquinas decidan quién vive y quién muere, y donde la responsabilidad se vea menoscabada a un nivel muy peligroso.

Además, vivimos en una era en la que el campo de batalla no es solo físico, sino también digital. Ya se han utilizado ciberoperaciones para interrumpir el funcionamiento de sistemas de electricidad y agua, así como de hospitales y demás infraestructura civil, que a menudo se encuentran alejados de la línea del frente.

El DIH se aplica a las ciberoperaciones al igual que a los métodos y medios convencionales de guerra. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución son igual de vinculantes en el ciberespacio que en tierra, mar o aire.

Es necesario que la protección de la población civil se incorpore de manera integral a la guerra digital. Esto implica que los beligerantes deben garantizar la supervisión humana, abstenerse de llevar a cabo ciberataques contra infraestructura civil y minimizar los daños previsibles tanto a la población como a los sistemas civiles.  

El derecho internacional humanitario también se aplica a cualquier actividad militar en el espacio exterior que esté relacionada con un conflicto armado.

La creciente importancia de los sistemas espaciales en las operaciones militares durante conflictos armados los expone aún más a ser atacados, y eso pone en riesgo el funcionamiento de los servicios esenciales en tierra. Cuando las hostilidades se extienden más allá de nuestro planeta, mediante ataques contra satélites o activos espaciales, las partes en conflicto siguen obligadas a cumplir con las leyes de la guerra.

La desactivación o destrucción de satélites puede tener graves consecuencias humanitarias, ya que los satélites que proveen servicios de navegación, comunicaciones y teleobservación se han vuelto imprescindibles para el funcionamiento de la vida civil.

Las organizaciones humanitarias también dependen de los servicios satelitales para llegar a quienes necesitan ayuda durante conflictos armados o casos de desastre. Sin esos sistemas, se torna aún más difícil prestar asistencia vital y ayudar a las comunidades a recuperarse.

Así como los Estados deben velar rigurosamente por que las nuevas tecnologías armamentísticas cumplan con el derecho internacional humanitario, también deben asumir sus responsabilidades en materia de armas convencionales.

La puesta en práctica del DIH y la protección de la población civil no solo están presentes en las zonas donde hay conflictos activos. También lo están en las decisiones que toman los Estados con respecto a los tipos de armas que producen, almacenan o prohíben.

Hoy en día, el compromiso mundial de prohibir las minas antipersonal está empezando a resquebrajarse, ya que varios Estados que antes defendían el desarme ahora comienzan a tomar medidas para retirarse de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal. No se trata solo de retirarse por escrito en términos jurídicos, sino que al hacerlo se ponen en riesgo vidas humanas y se revierten décadas de avances logrados con gran esfuerzo.

La mayoría de los Estados miembros de la ASEAN son partes en el tratado sobre la prohibición de las minas. Cuando Tailandia adhirió al tratado a fines de la década de 1990, el Gobierno tailandés creó el Comité Nacional de Acción contra las Minas. Al cabo de un año, Tailandia había destruido alrededor de 10.000 minas antipersonal. Al mismo tiempo, se desplegaron equipos de desminado para limpiar los terrenos contaminados, lo que redujo notablemente el costo humano de las minas de 350 víctimas entre 1999 y 2001 a solo 24 en 2011.

Este mes también se cumplen 80 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, una catástrofe que todavía sigue causando sufrimiento emocional y físico a los sobrevivientes.

Lo más aterrador es que las armas nucleares que se encuentran hoy en día en los arsenales son mucho más potentes que las que, hace ocho décadas, arrasaron con Hiroshima y Nagasaki en cuestión de segundos. Según los parámetros actuales, la bomba lanzada sobre Hiroshima se clasificaría como un arma nuclear pequeña.

Pero no existen armas nucleares pequeñas. El uso de cualquier arma nuclear constituiría un fracaso catastrófico de la humanidad y causaría un nivel de sufrimiento y destrucción para el que no existe una respuesta humanitaria suficiente. Es sumamente improbable que alguna vez puedan utilizarse armas nucleares respetando el derecho internacional humanitario.

Y, aun así, seguimos viendo cómo se amplían los arsenales nucleares y cómo, con una frecuencia y liviandad preocupantes, se amenaza con utilizarlos. Sin embargo, la cantidad de Estados partes en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares continúa en aumento, con 73 Estados que ya son partes en el tratado y otros 25, signatarios. Entre ellos se encuentran la mayoría de los Estados de la ASEAN, incluida Tailandia.

Distinguidos invitados:

Quiero hacerles una pregunta: ¿Qué les sucederá a las sociedades, al mundo entero, si caemos en la trampa de creer solo en la ley del más fuerte, si no respetamos el estado de derecho y buscamos la victoria a cualquier costo?

El DIH no se creó para evitar la guerra, sino para evitar la crueldad en la guerra. 

Es muy importante hacer esta distinción, ya que el DIH reconoce la realidad de los conflictos armados, pero insiste en que, incluso en la guerra, la humanidad debe prevalecer, tanto en la forma en que prestamos asistencia a los heridos como en el modo en que protegemos a los civiles y tratamos a los prisioneros.

Proteger los hospitales como lugares de refugio para los heridos no es una debilidad.

Resguardar a la población civil de las hostilidades no es una debilidad.

Permitir que la ayuda vital llegue a quienes la necesitan no es una debilidad.

Tratar a los detenidos con dignidad tampoco es una debilidad.

Es una fortaleza.

Se necesita fortaleza para actuar con moderación en medio del caos de la guerra, para resistirse a la sed de venganza y dejar a un lado las represalias, y para preservar nuestra humanidad compartida cuando los conflictos armados amenazan con erradicarla.

El respeto del DIH es el poder blando en acción.

No se debe subestimar su influencia.

Promover el cumplimiento del DIH aumenta la reputación internacional de un Estado. Los Estados que defienden las leyes de la guerra y los principios humanitarios suelen lograr una mayor influencia diplomática gracias a su liderazgo moral.

Las partes en conflicto que hacen caso omiso del derecho internacional humanitario lo hacen a expensas de su legitimidad. La mancha de la brutalidad persiste por mucho tiempo una vez que las armas callan. Esa mancha complica la recuperación, la reconstrucción económica y la cooperación internacional tras el conflicto, y abona el terreno para que se arraiguen la violencia y las amenazas a la seguridad en el futuro.
 

Proteger a las personas civiles en la guerra es posible.

Cuando los combatientes respetan las leyes de la guerra —resguardan a la población civil, protegen la infraestructura crítica y atienden a los heridos—, reducen los costos a largo plazo del conflicto armado. Hacen posible la recuperación y preservan el tejido social necesario para la paz.

Como presidenta del CICR, soy testigo de lo peor de la humanidad, pero también de que la compasión puede aflorar incluso en las circunstancias más oscuras.

  • En Gaza, el CICR ha facilitado la liberación de 148 rehenes y más de 1.700 detenidos desde octubre de 2023, lo que permitió el reencuentro con sus seres queridos en Israel, el territorio palestino ocupado y otros lugares. Entre los rehenes se encontraban cinco tailandeses, que fueron liberados en enero. Estas operaciones, llevadas a cabo en el marco de los acuerdos alcanzados entre Hamás e Israel, fueron extremadamente complejas y fue necesaria una planificación meticulosa de la seguridad para realizarlas de forma segura.
  • En Myanmar, los delegados del CICR visitan los lugares de detención para supervisar las condiciones en las que viven los detenidos y el trato que reciben, y para ayudarlos a mantener el contacto con sus familiares. En lo que va del año, hemos visitado a miles de detenidos.
  • También hemos contribuido a que más de 2.000 personas detenidas en relación con el conflicto armado en Yemen fueran liberadas y pudieran regresar a su hogar.
  • El CICR ha prestado apoyo a Rusia y Ucrania para la repatriación de soldados caídos en más de 50 ocasiones, la más reciente de ellas fue en junio, con una compleja operación que se extendió por varios días. Esta labor es fundamental para que los familiares puedan hallar respuestas sobre sus seres queridos y llorar su pérdida con dignidad.
  • A principios de este año, en República Democrática del Congo (RDC), nuestra organización ayudó a transportar a más de 1.300 miembros desarmados de las fuerzas gubernamentales de ese país y a sus familiares desde Goma hasta Kinsasa. La operación se prolongó por más de dos semanas y fue necesario recorrer casi 2.000 kilómetros a través de una línea del frente. Más tarde, en el mes de julio, mediante una declaración firmada por RDC y la Alianza del Río Congo/ Movimiento M23, las partes se comprometieron a instaurar un mecanismo facilitado por el CICR que tiene por objeto organizar la liberación de las personas detenidas en relación con el conflicto.

Estos ejemplos demuestran que el DIH puede traducirse en acciones concretas para aliviar el sufrimiento.

La liberación de prisioneros, la evacuación de civiles y los corredores humanitarios no son solo acciones de socorro. Son distintas expresiones del DIH en acción y, con frecuencia, los primeros y frágiles hilos del diálogo entre las partes beligerantes que constituyen un camino hacia la paz.

Desde 1934, el CICR ha sido mencionado en unos 150 instrumentos de paz, como acuerdos de cese de hostilidades, acuerdos de paz y otros marcos. Esto se debe principalmente a la función que desempeñamos en la acción humanitaria descripta en los Convenios de Ginebra.

En cada uno de esos casos, el CICR ofició de intermediario neutral, un papel basado en nuestro cometido puramente humanitario y que fue posible gracias a nuestra interacción con todas las partes, sin importar de qué lado de la línea del frente se encuentren.

Como ha quedado demostrado en las últimas semanas con el alto el fuego entre Tailandia y Camboya, el grupo de Estados de la ASEAN ofrece una plataforma fundamental para la resolución de conflictos y la reducción de las hostilidades en el sudeste asiático. También brinda un espacio de diálogo propicio para acordar y llevar a cabo medidas humanitarias, como la repatriación de restos humanos.

Asumimos el compromiso de reforzar nuestro diálogo y cooperación con Tailandia y con todos los miembros de la ASEAN a fin de favorecer el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

Distinguidos invitados:

La fortaleza del derecho internacional humanitario depende de la voluntad de los líderes de respetarlo.

Para que los Convenios de Ginebra puedan cumplir su propósito de salvar vidas, es imprescindible que, una vez más, todos los Estados realicen esfuerzos excepcionales para reafirmar su compromiso inquebrantable de respetar las leyes de la guerra.

Al igual que en 1949, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los Estados se unieron para adoptar los Convenios de Ginebra, hoy toda la comunidad internacional debe unirse para recuperar el respeto por este marco jurídico.

No se trata de un gesto simbólico, se trata de proteger a las generaciones futuras de tácticas de guerra cada vez más brutales.

El DIH debe convertirse en una prioridad política.

El pasado mes de septiembre, Brasil, China, Francia, Jordania, Kazajistán y Sudáfrica, junto con el CICR, presentaron una iniciativa para reactivar el compromiso político con las leyes de la guerra. Desde entonces, más de 70 Estados se han sumado a este esfuerzo.

Veinticuatro de ellos se han ofrecido a liderar siete líneas de trabajo temáticas junto con los equipos jurídicos del CICR. De manera conjunta, están formulando recomendaciones prácticas para reforzar el respeto del DIH, entre las que se incluyen las siguientes:

  • Identificar buenas prácticas para la prevención de violaciones.
  • Brindar apoyo a las comisiones nacionales de DIH.
  • Analizar de qué manera el DIH puede contribuir a los esfuerzos de paz.
  • Reforzar la protección de la infraestructura civil, en particular de los hospitales.
  • Tratar los problemas que plantean las tecnologías de la comunicación y la información.
  • Examinar las repercusiones humanitarias de la guerra naval moderna.

Desde principios de año, más de 130 Estados han participado en consultas sobre estos temas. Actualmente, los 24 Estados que colideran la iniciativa trabajan en estrecha colaboración con el CICR para consolidar y presentar las conclusiones preliminares, que se publicarán en los próximos meses.

Me complace compartir con ustedes que estos debates revelaron un amplio apoyo a la interpretación protectora del derecho internacional humanitario, no a la más permisiva.

Estos esfuerzos continuarán durante el próximo año y culminarán en una reunión de alto nivel para defender la humanidad en tiempos de guerra en 2026.

Hoy tengo el honor de dar la bienvenida a Tailandia a la iniciativa mundial de DIH. Su liderazgo será decisivo para ayudar a que los Estados de la ASEAN y otros países se sumen a esta labor vital, y esperamos con interés comenzar a trabajar con ustedes en la preparación de la reunión mundial.
 

Como presidenta del CICR, a menudo me plantean la pregunta de si el DIH sigue teniendo relevancia hoy en día o si el nuevo orden mundial exige un nuevo conjunto de normas.

Y esta es mi respuesta: el DIH no es una reliquia del pasado. Es una rama del derecho viva, diseñada para proteger la dignidad humana en los momentos más difíciles. En él, se consagra el principio de que toda vida humana, sin importar de qué lado de la línea del frente se encuentre, tiene derecho a recibir la misma protección.

En la actualidad, sus principios conservan una vigencia imperiosa, ya que las guerras se libran cada vez más en centros urbanos, con nuevas tecnologías y con un número creciente de actores. La forma de hacer la guerra puede cambiar, pero la necesidad de defender la humanidad básica en los conflictos armados permanece inalterable. 

El sufrimiento de una madre al ver cómo su hijo muere de hambre es exactamente el mismo hoy que hace cien años. 

Los líderes de todos los Estados tienen la obligación jurídica de evitar por todos los medios, siempre, que las guerras se intensifiquen hasta llegar a un punto sin retorno. Lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial puede volver a ocurrir si no tomamos los recaudos necesarios para evitarlo.

Actualmente, en una década marcada por la guerra, los Estados deben aunar fuerzas para reavivar la visión de una paz y una estabilidad duraderas, fundadas en marcos consensuados internacionalmente y en un orden mundial regido por normas. Y deben hacerlo antes de que sea demasiado tarde.

Muchas gracias.