Colombia, aislada por la pandemia y el conflicto

En Colombia, seguimos hablando de la existencia de al menos cinco conflictos armados no internacionales, cuyos actores continúan afectando la dignidad y la vida de la población civil.

De acuerdo con el análisis del CICR, las partes en estos conflictos son el Estado colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), además de las estructuras de las antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz bajo un mando centralizado (Frentes 1, 7 y 40 - Comando Coordinador de Occidente).

La pandemia por COVID-19 hizo que las comunidades que viven en zonas afectadas por la violencia quedaran sumidas en un miedo aun mayor al que ya vivían, y no solo por la presencia de un virus que ha afectado a miles de familias, sino por lo que implica verse desprotegidas en medio de conflictos armados que parecieran empeorar a medida que pasan los meses.

El desplazamiento masivo* y el confinamiento en el marco del conflicto armado fueron una triste realidad para casi 50 mil colombianos, muchos de ellos con economías afectadas por la pandemia, que tuvieron que debatirse entre resguardarse dentro de sus hogares o huir dejándolo todo para salvar sus vidas. Nada más en Nariño, en promedio, hubo un desplazamiento masivo cada 11 días.

Las cifras de afectación por artefactos explosivos son alarmantes. El año pasado registramos un aumento del número de víctimas. En gran parte de los casos, estos accidentes ocurrieron en zonas alejadas de las cabeceras municipales y la atención sanitaria oportuna fue compleja, por lo cual, las comunidades terminaron siendo las primeras en responder.

Las amenazas, los homicidios, los tratos crueles e inhumanos, la violencia sexual, las agresiones contra la Misión Médica, la destrucción o afectación de bienes civiles, el reclutamiento y uso de menores, las desapariciones, no tomar medidas de precaución contra los efectos de los ataques entre quienes participan en las hostilidades fueron otras violaciones de las normas humanitarias presuntamente cometidas por todos los actores armados.

A ello se sumaron las dificultades para acceder a rutas de protección o garantías judiciales del Estado, ya fuese por las medidas para contener la propagación del virus o por las restricciones al movimiento que algunos grupos armados impusieron a los civiles.

En medio de esta situación, quedan las víctimas. Las que sobreviven, se adaptan de forma resiliente a nuevos tipos de violencia. 

Nuestro trabajo humanitario también atravesó dificultades, pero no se detuvo ni siquiera en los momentos más duros de la pandemia y, en 2021, seguiremos trabajando por aliviar el sufrimiento que causan los conflictos armados.

Sin embargo, nada de esto será suficiente si no hay un compromiso real de quienes causan este dolor en el país para poner límites a la guerra. Seguiremos insistiendo en que no todo vale.

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