Colombia: asistencia de salud en peligro

El personal de salud ha sido atacado por civiles y portadores de armas. La acumulación del miedo y la fatiga empieza a tener un impacto en su salud mental, lo que hace más difícil el acceso a la salud para las comunidades.

Entre los eventos reportados se destacan por su gravedad: homicidios, privaciones arbitrarias de la libertad, agresiones y amenazas. Además, se suman la estigmatización, la violación de la confidencialidad de los pacientes y del secreto profesional, daños materiales a las estructuras en las que se prestan estos servicios, y forzar la atención sin respetar las prioridades de los profesionales sanitarios, entre otros.

También se destacan este año, debido a las movilizaciones sociales, el bloqueo a ambulancias, personal de salud e insumos médicos, lo que representa un 56 % del total de las agresiones.

El número de ataques perpetrados por actores armados reportados oficialmente ha aumentado y suponen el 20 %, aunque el CICR tiene constancia de que en muchos casos no se reportaron por el temor de las personas afectadas.

Por otra parte, el 66 % de estas 553 agresiones fueron cometidas por civiles, entre los que se encuentran personas de la comunidad, pacientes o sus familiares, cifra que aumentó por los eventos relacionados con las movilizaciones sociales.

El subregistro de los ataques en el marco de los conflictos armados no solo impide conocer la cantidad real de ataques, sino que además oculta los eventos más graves y el problema en estas zonas queda invisibilizado. Algunos trabajadores de la salud llevan a cabo sus funciones en medio del miedo y el silencio, no solo para preservar su vida y la de sus familias, sino para prestar estos servicios a quienes más lo necesitan, o dejan sus labores a causa del temor y la fatiga.

Según la información que recopilamos en los lugares más afectados por los conflictos armados, hubo, por ejemplo, casos de privaciones arbitrarias de la libertad, ingreso a hospitales con armas para solicitar atención prioritaria, además de la entrada a salas de urgencias con el fin de terminar con la vida de presuntos enemigos.

Sumado a esta situación, evidenciamos que cada vez más trabajadores sanitarios en las zonas de mayor afectación por conflictos armados afirman ser víctimas de amenazas y extorsiones.

En esta temática, el presunto incumplimiento del principio de precaución del DIH por parte de los portadores de armas también se hizo evidente tras el daño a la infraestructura de algunos puestos y centros de salud al quedar en medio de enfrentamientos.

Lo anterior tiene graves consecuencias para las personas enfermas o heridas, ya que los trabajadores de la salud a menudo prefieren renunciar y abandonar cuanto antes estas zonas, lo que deja a los más vulnerables sin atención durante una emergencia y dificulta su acceso a un derecho básico: la salud.

Prestar servicios sanitarios no debería ser un acto riesgoso o de valentía. Instamos a los portadores de armas y a los civiles a respetar al personal de salud en cualquier circunstancia, así como a las instituciones estatales a redoblar sus esfuerzos para proteger y apoyar a los profesionales de la salud, en especial en las zonas más afectadas por los conflictos armados.

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