Los temas más preocupantes para Colombia en 2019

Si pudiésemos tomar una radiografía de Colombia que resuma 2018, el resultado sería un mapa de regiones oscurecidas por el conflicto armado y la violencia. Aún falta mucho para hablar de la superación de tantos años de dolor.

Balance anual 'Retos humanitarios 2019'

Durante 2018, nuestros equipos en el terreno observaron las duras consecuencias humanitarias que dejó la combinación entre las violaciones a las normas humanitarias y el vacío estatal en muchas zonas de Colombia que han sido afectadas por la violencia.

Hubo un claro deterioro de la situación en la costa Pacífica y en amplias zonas del oriente y sur del país donde proliferan los constantes abusos hacia la población civil por parte de todos los actores armados.

En medio del reordenamiento de grupos armados, se han fortalecido las dinámicas de violencia que el país soñaba con dejar atrás después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP.

Dos hechos son el triste recordatorio de esta tendencia: en 2018, la Unidad de Víctimas registró un significativo aumento de desplazamientos masivos y el número de víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos se triplicó.

A esta tendencia, se suma una vergonzosa lista de abusos que parecen lejos de acabarse: homicidios selectivos, amenazas, desapariciones, violencia sexual, uso de menores de edad por parte de todos los actores armados, irrespeto a la Misión Médica, entre otros.

Solo el año pasado, ayudamos a más de 170 familias a cubrir los gastos fúnebres de su ser querido fallecido en medio del conflicto. Si bien mantendremos el apoyo y la orientación a las víctimas en la medida de nuestras capacidades, el Estado debe actuar con diligencia para detener este caudal incesante de violencia.

Aislados del debate público, para los habitantes de la Colombia que aún vive la violencia, las promesas de una vida mejor suenan muy lejanas. Por eso es tan importante que el Estado tenga una presencia integral, más allá del pie de fuerza, en las regiones donde más se lo necesita.

Los portadores de armas, por su parte, deben asegurar que sus integrantes respeten a la población civil y la mantengan al margen de las hostilidades.

Por otra parte, en 2018 registramos abusos generados por pandillas, 'combos' y 'parches', que ejercen control social y diversas formas de violencia armada en barrios de zonas urbanas y en sus periferias. Buenaventura, Tumaco, Quibdó, Medellín, Cali y Cúcuta son seis ciudades donde trabajamos sin descanso y somos testigos del impacto de la convivencia entre 'viejas' guerras y nuevos actores armados.

Como organización humanitaria, seguimos comprometidos con las víctimas, pero nuestro apoyo puntual nunca será suficiente. Para que la esperanza no se vuelva humo, es indispensable el rechazo de todo el país hacia las persistentes violaciones a las normas humanitarias.

80.000 preguntas: los desaparecidos

Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hemos documentado un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto y con la violencia armada cada cuatro días. Así, pudimos constatar que todos los actores armados presentes en el país aún utilizan la desaparición en el marco de sus acciones.

Nuestros datos representan solo una pequeña parte de lo que sucede en todo el territorio nacional y, por lo tanto, no pueden ser interpretados como cifras absolutas; no obstante, sí confirman que la desaparición no es un fenómeno del pasado, sino una terrible e injustificable realidad cotidiana.

En 2018, hicimos seguimiento a más de 2.500 casos de desaparición y obtuvimos información sobre la suerte de 216 de estas personas. Sin embargo, estos esfuerzos son apenas una gota en el océano: el Centro Nacional de Memoria Histórica estima que hay más de 80.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto.

Esta proporción entre los logros y la magnitud de la problemática pone de manifiesto que la búsqueda de los desaparecidos persiste como el reto de más largo aliento para Colombia. Probablemente, nunca podremos decir con exactitud cuántos colombianos desaparecieron. Cientos de familias viven bajo amenazas o en condiciones que limitan (o eliminan por completo) la posibilidad de buscar ayuda en las instituciones estatales encargadas.

Lo cierto es que la mayoría de los casos siguen sin resolverse mientras que cada día se suman nuevos hechos. Por desgracia, el tiempo juega en nuestra contra en la búsqueda, que se ve agravada por la falta de voluntad política para que este tema reciba la importancia que requiere. Mientras tanto, las familias sufren ante la indiferencia de una sociedad que parece darles la espalda.

Crisis carcelaria

Ante la falta de cambios estructurales en los centros penitenciarios de Colombia, en 2017 comenzamos a llamar la atención en ámbitos públicos sobre la crisis carcelaria que enfrenta el país. Lamentablemente, en 2019 debemos reconocer que los avances no han sido suficientes.

El hacinamiento, el deficiente acceso a la salud, los escasos proyectos de resocialización y las deplorables condiciones de numerosos establecimientos son apenas la punta del iceberg.

Seguiremos trabajando de la mano de las autoridades para promover una política penitenciaria que contribuya a garantizar el respeto de los derechos de los detenidos. Sin embargo, sin una clara voluntad política y si no se superan posiciones ancladas en el punitivismo desproporcionado, el país difícilmente alcanzará un marco normativo e institucional coherente y eficaz.

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