Gubio, uno de los tantos campamentos para desplazados en Maiduguri, alberga hoy a 38.000 personas. En los últimos meses, han llegado unas 250 familias. Alrededor de dos millones de personas en el noreste de Nigeria han sido desplazadas a raíz del conflicto prolongado que allí se libra.
Alyona Synenko / CIRC
Aishatu, una viuda que vive en el campamento de Bakassi, en Maiduguri, comparte un refugio de cuatro por seis metros con sus diez hijos. Las condiciones de vida en los campamentos para desplazados dificultan la aplicación de la distancia física.
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Rebeca vive en un asentamiento informal para desplazados internos en las afueras de Yola. Su esposo está desaparecido hace cuatro años. Ella trabaja por jornada en campos cercanos para alimentar a sus seis hijos. Para complementar sus ingresos, recoge granos de arroz que quedan en la tierra tras la cosecha.
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Cuando en Yola se impuso el confinamiento por dos semanas para limitar los contagios de COVID-19, Rebeca no pudo salir más a obtener esa remuneración diaria. El impacto económico de las medidas de confinamiento para las personas desplazadas es muy profundo.
En el nordeste de Nigeria, la amenaza que presenta la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) se intensifica entre las personas desplazadas, pero el conflicto no cesa.
¿Quedarse en casa? Huyeron de su casa por los enfrentamientos.
¿Distanciamiento social? Les encantaría poder hacerlo, pero ¿cómo?
Se lavan las manos tantas veces como pueden y esperan que Dios los proteja de este mal, después de todo lo que han padecido. Las mujeres que se albergan en el campamento para personas desplazadas en Maiduguri, la capital del estado de Borno, se sientan tan cerca unas de otras que los cuerpos están en contacto entre sí y los llamativos colores de sus hiyabs se confunden. Decenas de ellas comparten unos pocos metros cuadrados de sombra bajo un techo de paja. En este lugar, cada centímetro vale. Se ven bidones y ollas apiladas; en los techos, la ropa colgada.
Afuera, el sol lo tiñe todo con una luz casi blanca y el calor de media mañana sofoca cualquier sonido y movimiento.
Estas mujeres vienen de pueblos y aldeas del castigado estado de Borno, donde, desde hace diez años se libra un conflicto entre los militares y diversos grupos armados. Ellas se suman a unos dos millones de personas desplazadas en el nordeste de Nigeria. En Gubio, uno de los tantos campamentos de desplazados en Maiduguri, las llaman las "recién llegadas".
Ser "recién llegada" significa tener que empezar de cero y, en muchos casos, no tener un lugar para vivir.
En las últimas semanas, han aparecido por el campamento contenedores plásticos de agua para lavarse las manos, mientras en las paredes se cuelgan afiches verdes y amarillos con mensajes de salud pública sobre el coronavirus.
Pero, para las 250 familias, aproximadamente, que han llegado al campamento en los últimos meses, es imposible seguir tantas indicaciones.
'Me aterra pensar qué será de mis hijos y de mí'
En Bakassi, el más antiguo de los campamentos de Maiduguri, la mayoría de los residentes llevan varios años desplazados. Por donde uno mire, se ven hileras de chozas de lona prolijamente dispuestas. Hay un refugio para cada familia. Pero, para muchas personas, aquí también es difícil aplicar el distanciamiento social.
Aishatu, una viuda de 38 años, comparte un espacio de cuatro por seis metros con sus diez hijos. "Dicen que hay que evitar las multitudes", dice. "Me pone nerviosa porque es muy difícil."
A medida que aumentan los casos de COVID-19, muchas personas en Nigeria sienten el impacto económico inmediato de las restricciones a la movilidad. Para algunos de los desplazados, que han perdido todo, incluso sus redes de apoyo social, es un golpe sumamente duro.
"Me aterra pensar qué será de mis hijos y de mí en un momento así", expresa Rebeca, madre de seis hijos. Vive en uno de los asentamientos informales para personas desplazadas cerca de Yola, capital del estado de Adamawa. Hace cuatro años, Rebeca y sus hijos huyeron de su hogar, en el sur de Borno, cuando atacaron su aldea. Hasta el día de hoy, ella no sabe si su marido está vivo o muerto. Para alimentar a sus seis hijos, Rebeca ayudaba en campos en las afueras de Yola por una retribución de 200 nairas (medio dólar estadounidense) por día. Pero, cuando se impuso el aislamiento en Yola por dos semanas, a comienzos de abril, la familia perdió este ingreso.
Un impacto económico que afecta a todo el mundo
La experiencia de Aishatu y Rebeca, lamentablemente, se replica en otras partes del mundo. Las consecuencias en materia de seguridad económica y alimentaria que genera la COVID-19 son enormes y, probablemente, empeoren con el tiempo. En países en conflicto, el acceso a la atención de salud, alimentos, agua y electricidad de por sí es escaso o inexistente para millones de personas, que, además, viven en entornos con precios volátiles e infraestructuras destruidas. El impacto de la pandemia podría activar un círculo vicioso de caída de ingresos, intensificación de la pobreza y hambre.
Los datos surgidos a partir de una nueva encuesta realizada por el CICR nos advierten que las dificultades económicas que ha generado la pandemia de COVID-19 podrían derivar en una nueva dependencia de ayuda humanitaria en países donde se libran conflictos si no se aplican respuestas coordinadas entre los Gobiernos, las instituciones internacionales y los actores humanitarios y de desarrollo. Los primeros indicios disponibles, en las zonas de conflicto donde desempeña sus actividades el CICR, revelan el enorme impacto que ha tenido la COVID-19.
Este ensayo fotográfico fue publicado por primera vez por Al Jazeera (en inglés).
