La pandemia por COVID-19 se sentirá de forma aguda en las zonas de conflicto del mundo, donde millones de personas ya se están enfrentando a la falta de atención sanitaria, alimentos y agua.

COVID-19: al quedarse repentinamente sin ingresos, muchas personas podrían no tener para comer

La pandemia de COVID-19 amenaza con convertirse en un terremoto socioeconómico mundial. La situación se profundizará en las zonas de conflicto, donde millones ya están haciendo frente a la escasez o la falta de alimentos, agua, electricidad y servicios de atención médica y a medios de vida precarios, precios volátiles e infraestructuras destruidas.
Artículo 15 mayo 2020

Las medidas de salud pública tan necesarias que se han adoptado, como los cierres de emergencia y los toques de queda, dificultan o imposibilitan que muchas personas puedan sostenerse económicamente a sí mismas y a sus familias. Las tiendas pequeñas están cerradas. Las cafeterías no tienen clientes. Los vendedores ambulantes han perdido a su clientela.

Con el tiempo, podrían aumentar los niveles de hambre, desnutrición, enfermedad y estrés relacionados con los problemas económicos, mientras que las cadenas de suministro locales y mundiales se ven interrumpidas, principalmente las de los alimentos, al tiempo que los mercados de mano de obra, bienes y servicios se debilitarán por la reducción de la oferta y la demanda.

La falta de atención al impacto secundario que tiene actualmente la COVID-19 en la seguridad alimentaria y en los medios de vida provocará indefectiblemente consecuencias negativas, a corto y a largo plazo, en la salud y en la protección de las personas que viven en países frágiles y afectados por conflictos.

Se agravarán las necesidades profundas de ayuda humanitaria y surgirán nuevas necesidades si la comunidad internacional no incluye los aspectos socioeconómicos en la respuesta. Debe prestarse apoyo a las autoridades y al personal de asistencia local ahora para asegurar la protección de las vidas, los medios de sustento y la seguridad alimentaria de la población.

Los más afectados serán los hogares que ya sufren inseguridad alimentaria, los trabajadores irregulares, las poblaciones desplazadas (especialmente, las que viven fuera de los campamentos) y las personas que dependen de los mercados para el consumo de alimentos. Pero también se verá que las comunidades de personas que eran relativamente resistentes necesitarán asistencia tanto durante como después de la crisis actual. Esta crisis presenta un gran riesgo para los logros que tanto conseguir en materia de desarrollo.

Los sistemas de alimentos serán particularmente vulnerables durante esta crisis. La pandemia está alterando las temporadas agrícolas en todo el mundo, al tiempo que las personas luchan por tener acceso a insumos, como las semillas de calidad. Esto, junto con la ruptura de las relaciones comerciales y del acceso tanto a nivel local como mundial, las fluctuaciones en los precios de alimentos y el poder adquisitivo debilitado de los hogares vulnerables, tendrán un rápido efecto negativo.

Si bien los países desarrollados están dando paquetes de ayuda financiera para apoyar a las personas desempleadas y a las pequeñas y medianas empresas, los gobiernos de los países afectados por conflictos probablemente no tengan esa capacidad. Los sistemas de protección social, incluidos los subsidios a alimentos y las redes de seguridad financiera, son inexistentes o excluyen a algunas de las personas más vulnerables y marginadas; además, los fondos disponibles se destinarán a las iniciativas de salud pública.

Aun cuando los gobiernos de países frágiles y afectados por conflictos puedan adoptar medidas de protección social, es posible que estas medidas se vean demoradas o impedidas de llegar a todas las personas por la complejidad de la situación.

La comunidad internacional debe dar respuesta y distribuir recursos para frenar la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, es fundamental que continúen las actividades actuales de ayuda humanitaria relacionadas con la alimentación y la seguridad alimentaria. Deben reforzarse los programas de protección social, tanto formales como informales, incluido el uso y la ampliación de la ayuda económica cuando fuese posible; y debe prestarse apoyo a agricultores y pastores para que continúen sus actividades, almacenen productos y puedan mantenerse en contacto con los consumidores.