Foto: Juan Duque / CICR Colombia

Los derechos no terminan tras las rejas

La problemática del hacinamiento en los establecimientos de reclusión del orden nacional continuó en aumento durante 2023 y alcanzó el 24,5 % al final del año. Esto significa que la población privada de libertad excede en cerca de 20.000 personas la capacidad instalada en estos lugares, lo que repercute negativamente en el acceso a recursos básicos, así como a derechos y garantías judiciales.
Artículo 03 abril 2024 Colombia

A lo anterior se suma el déficit de personal penitenciario, tanto de seguridad como técnico-profesional, y la falta de estrategias dirigidas a su bienestar y formación, lo que dificulta la atención digna y humana a las personas detenidas y la gestión penitenciaria en línea con estándares internacionales. Además, afecta la seguridad de los funcionarios, de las personas privadas de libertad y de los visitantes.

A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades para reducir la presencia de personas detenidas en los centros de detención transitoria, continúa siendo una realidad su permanencia prolongada en condiciones inadecuadas y a cargo de personal cuya formación, muchas veces, no cumple con los requerimientos para atender y responder a las necesidades de la población privada de libertad.

La deficiencia de un enfoque preventivo en salud en los entornos de privación de libertad, sumada al insuficiente acceso a servicios esenciales como agua, alimentación, higiene o a espacio y ventilación suficientes, ponen en riesgo la atención oportuna al estado de salud física y mental de las personas privadas de libertad. En particular, la carencia de un abordaje integral para personas con alteraciones de salud mental, farmacodependientes y/o consumidores de sustancias psicoactivas afecta aún más su condición de salud y aumenta, así, su vulnerabilidad.

Por lo anterior, saludamos las iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, así como los esfuerzos del Estado colombiano dirigidos a humanizar el sistema penitenciario, mejorar la gestión de los establecimientos, facilitar el acceso a la justicia y promover el conocimiento y el respeto de los estándares internacionales en materia de trato digno a la población reclusa.