Las consecuencias invisibles de los artefactos explosivos

La presencia de así sea un solo artefacto o su sospecha puede confinar a una comunidad entera por largos periodos o, en ocasiones, de manera intermitente. Esto limita el acceso a recursos esenciales como fuentes de agua, escolaridad y atención médica.

Además de lo anterior, existe el riesgo de que se pierdan prácticas tradicionales arraigadas en las comunidades. Estas se ven obligadas a soportar el temor y la angustia de tener que recorrer rutas más extensas para evitar zonas donde podrían haber sido instaladas minas antipersonal o donde podrían encontrarse restos de explosivos de guerra. A esta situación se suma la de quienes han tomado la difícil decisión de abandonar su hogar debido al peligro constante que representa la presencia de estos artefactos, lo que agudiza el problema del desplazamiento en el país.

La sola sospecha de la presencia de estos artefactos explosivos ha afectado a las comunidades que dependen de sus economías locales, al interrumpir la dinámica de la pesca, la caza y el acceso a actividades agrícolas, especialmente en comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Estas consecuencias acumulativas van más allá de los daños inmediatos y visibles, y reflejan la complejidad de los conflictos armados en Colombia.

Nos preocupa que se restrinja arbitrariamente la movilidad a las comunidades y que se limite el acceso a servicios básicos como educación y salud 

Durante 2023, registramos 380 víctimas directas de minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y artefactos de detonación controlada. De esas personas, 61 fallecieron, y las demás resultaron heridas y tuvieron que afrontar por ello barreras en el acceso a la salud, extensos períodos de recuperación física y consecuencias económicas, sociales y psicológicas que alteraron radicalmente su vida. El número total de víctimas directas representa una disminución del 27 % frente a 2022, que se relaciona con la disminución de las víctimas por artefactos explosivos de detonación controlada, que pasó de 240, en 2022, a 75, en 2023.

No obstante, esta disminución no implica una reducción de la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos, sino un cambio en su uso ya que, paralelamente, se produjo un aumento significativo en el número de víctimas por artefactos activados por la propia víctima . Al respecto, cabe mencionar que, en 2022, nuestros equipos en el terreno registraron 169 casos, mientras que en 2023 fueron 184, cifra que indica un incremento del 9 % de víctimas por este tipo de afectación.

Así mismo, el análisis de la problemática evidencia que hubo nuevas áreas contaminadas. Esto se refleja en que 40 de los 73 municipios en los que se registraron accidentes por artefactos explosivos en 2023 no habían registrado víctimas en el año anterior.

Del total de víctimas registradas, el 54 % son civiles, 40,5 % son de la Fuerza Pública y el otro 5,5 % de grupos armados no estatales. En este escenario, las comunidades afectadas continúan enfrentando desafíos humanitarios significativos. Por ello, es imperativo que todos los actores armados dejen de usar armas que generen efectos indiscriminados en la población civil.

Detrás de cada estadística, se encuentran los familiares, que, por causa de los artefactos explosivos, sufren la pérdida irreparable de un ser querido. También están quienes sobreviven y que, a pesar de las adversidades que enfrentan a diario, encuentran la fuerza para sobreponerse a las secuelas físicas y emocionales.