Laberinto de ausencias: la huella de la desaparición

En 2023, documentamos 222 casos de personas desaparecidas en relación con los conflictos armados y la violencia que ocurrieron en ese año. Este dato confirma la persistencia de esta realidad en 18 departamentos, de los cuales Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca son los más afectados, con el 75 % del total de los casos documentados.

Estas regiones, caracterizadas por complejidades históricas y sociales, continúan siendo epicentros de esta problemática, al mantener una tendencia elevada. Los datos recopilados por el CICR revelan que, desde la entrada en vigor del Acuerdo de Paz en 2016 hasta diciembre de 2023, el fenómeno de la desaparición ha continuado de forma preocupante, con un total de 1.476 personas desaparecidas.

Las disputas territoriales entre actores armados estatales y no estatales hacen no solamente que la desaparición persista, sino que, además, generan un ambiente hostil que puede paralizar los intentos de los familiares de acceder a las instituciones encargadas de la búsqueda. Muchas familias, atrapadas entre el anhelo de buscar a sus seres queridos y el temor a represalias, optan por el silencio, lo que eleva el subregistro. En otros casos, las personas reportan a su familiar como desaparecido después de largos periodos, cuando las huellas de su desaparición pueden haberse borrado y su hallazgo se hace aún más difícil.

En tiempos de conflicto, la población civil se encuentra a menudo entre la espada y la pared, presionados por los actores armados, amenazados por la parte contraria y sufriendo las represalias. La población civil nunca debe ser involucrada en los conflictos y debe ser respetada en todo momento

En este escenario, resulta preocupante que, de los 222 casos registrados en 2023, 49 correspondan a niños, niñas y adolescentes. El análisis de esta problemática resalta la vulnerabilidad que enfrenta la niñez y la juventud en medio de los conflictos armados y la violencia. La desaparición de menores de edad tiene un impacto psicológico y psicosocial duradero en las comunidades, pues representa una tragedia que va más allá de la pérdida individual y pone en riesgo el futuro de la sociedad.

Estas cifras son solo un esbozo de la realidad de miles de familias, que encuentran más dificultades para acceder a las rutas de atención estatal en las zonas rurales y que padecen la angustia de desconocer el paradero de sus seres queridos, sin la posibilidad de reunirse con ellos con vida. Reiteramos nuestro llamado a todos los actores armados, tanto estatales como no estatales, para que respeten las normas humanitarias, que establecen que se debe prevenir la desaparición de personas y se deben tomar todas las medidas posibles para evitarla.

Instamos al Estado a implementar el Sistema Nacional de Búsqueda y fortalecer la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), así como al sistema medicolegal. Adicionalmente, insistimos en la necesidad de que se garantice a los familiares de las personas desaparecidas el acceso a las rutas de atención estatal.

Desde el CICR reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando a las familias y personas que buscan, así como a quienes continúan desafiando el tiempo y la ausencia, y que no descansarán hasta encontrar a sus familiares desaparecidos.