El costo humano de los conflictos armados en Colombia

Durante 2023, estuvimos del lado de las comunidades que fueron desplazadas y que con miedo tomaron la única salida que tenían: abandonar su hogar con la angustia de perderlo todo. También brindamos apoyo a personas que, con determinación, iniciaron o continuaron la búsqueda de sus familiares dados por desaparecidos. Estuvimos del lado de aquellos que, en medio de la incertidumbre, se quedaron confinados en sus comunidades, soportando limitaciones en el acceso a recursos básicos.

La situación humanitaria en las regiones donde trabajamos no presentó mejoras significativas para las comunidades. A lo largo del año, nuestros equipos en el terreno documentaron 444 presuntas violaciones del DIH y otras normas humanitarias por parte de actores armados estatales y no estatales. Entre estas se encuentran amenazas; violencia sexual; reclutamiento, utilización y participación directa en las hostilidades de niños, niñas y adolescentes; homicidios; empleo de artefactos explosivos con efectos indiscriminados; tratos crueles, inhumanos o degradantes, y privaciones arbitrarias de la libertad, entre otras conductas.

Así mismo, registramos incumplimientos de las partes en conflicto en la conducción de las hostilidades. En la mayoría de los casos, responden a una falta de precaución para proteger a la población y bienes civiles de los efectos de las hostilidades.

De acuerdo con cifras oficiales, 145.049 personas tuvieron que desplazarse individualmente, lo que significó un aumento del 18 % en todo el país respecto de 2022. En algunos territorios el aumento fue mayor: tal es el caso del departamento de Bolívar, donde casi se duplicó el número de registros, con un 94 % de incremento frente al año anterior. Por su parte, en Cauca la cifra creció un 53 %. Esta es una problemática que tiende a ser menos visible con respecto a otras consecuencias humanitarias, pero que no deja de ser alarmante, pues muchas veces implica que las familias abandonen su hogar por largos periodos de tiempo o, incluso, que nunca regresen.

Sumado a lo anterior, 50.236 personas se desplazaron de forma masiva, fenómeno que supone una fractura de las prácticas sociales y culturales de las poblaciones afectadas. Nariño, por quinto año consecutivo, se mantuvo como el departamento con el mayor número de personas afectadas, al concentrar el 52 %.

El análisis de estas cifras muestra que, a nivel nacional, se observó una disminución del 13 % de este fenómeno respecto de 2022. Sin embargo, la problemática se extendió a otros departamentos como Amazonas, Huila, Meta y La Guajira, que en 2022 no registraron desplazamientos masivos, pero en 2023 tuvieron más de mil personas afectadas.

Además, en algunos departamentos hubo un aumento sustancial, por ejemplo, en Putumayo, que pasó de 169 personas desplazadas masivamente durante 2022 a 2.009 el año pasado, lo que representa un incremento de más de 1.000 %.

Las personas desplazadas enfrentan dificultades económicas debido a la pérdida de sus medios de subsistencia, además de los riesgos de revictimización que corren las comunidades especialmente vulnerables. Las consecuencias del desplazamiento también afectan de manera directa la salud mental.

Así mismo, las disputas territoriales entre actores armados y la presencia de artefactos explosivos llevaron al confinamiento de 47.013 personas, lo que representa un aumento del 19 % a nivel nacional, comparado con 2022. La situación continúa siendo crítica en Chocó, departamento que concentró el 44 % de la población confinada. Adicionalmente, en otros territorios se registró un aumento mayor que el porcentaje nacional. Es el caso de Antioquia, que pasó de 110 personas confinadas en 2022 a 1.224 el año pasado. Por su parte, Cauca pasó de 1.615 personas confinadas en 2022 a 4.000 en 2023. Estas situaciones generan incertidumbre, miedo y zozobra en las comunidades y dificultan el acceso a recursos y servicios esenciales como alimentos, agua, educación y atención médica.

En Arauca y el Sur de Bolívar, las comunidades se encuentran en medio de las confrontaciones. Es fundamental que los actores armados puedan respetar los principios del DIH para limitar al máximo las consecuencias para la población civil y así evitar a toda costa los desplazamientos, confinamientos, desapariciones, amenazas y despojos

Por otra parte, en 2023 registramos 380 víctimas directas de distintos tipos de artefactos explosivos. El número de víctimas de artefactos explosivos de detonación controlada disminuyó con respecto a 2022, lo que posiblemente sea un efecto de los ceses al fuego acordados entre actores armados y el Estado colombiano. No obstante, esta disminución no implica que la amenaza por la presencia de estos artefactos se haya reducido, sino que hay un cambio en su uso que implica afectaciones diferenciadas en las poblacione.

Sumado a ello, el año pasado documentamos 222 casos de desaparición ligados directamente a los conflictos armados y la violencia ocurridos durante 2023. La cifra revela que este fenómeno se mantiene y sigue afectando a familias y comunidades enteras que viven entre la angustia y la incertidumbre de no saber dónde están ni qué pasó con sus seres queridos.

De igual forma, se reportó un incremento de hechos violentos contra la asistencia de salud. Entre esos hechos se incluye el ingreso de diferentes actores armados a establecimientos y unidades médicas, la restricción arbitraria de movimiento del personal y transporte sanitario, y su utilización forzosa. Además, resulta alarmante el incremento en la intensidad de esta violencia, expresado en asesinatos, amenazas y privaciones de libertad contra el personal de salud.

Adicionalmente, durante 2023 observamos con preocupación que los niños, niñas y adolescentes continuaron siendo asociados a actores armados, lo que exige una consideración especial. En muchos casos, estos menores de edad fueron separados de sus familias, lo que ha generado quiebres y sufrimiento psicológico o psicosocial, afectando su dignidad y desarrollo pleno. Esto se suma a la amenaza directa a su integridad física.

Por otra parte, la violencia sexual en el marco de los conflictos armados en Colombia se mantiene vigente. El año pasado documentamos 50 casos ocurridos en ese mismo año, que reflejan apenas una mínima fracción del universo de víctimas y sobrevivientes de este tipo de violencia. De manera similar a otras consecuencias humanitarias, aunque en ocasiones de forma mucho más acentuada, la violencia sexual se ha cometido para intimidar, aterrorizar, castigar y controlar territorios. En este escenario, especialmente las mujeres y niñas han sido las más vulnerables y afectadas; sin embargo, la mayoría de las víctimas y sobrevivientes no reportan sus casos por temor a la estigmatización, a la ausencia de garantías para su seguridad y a las dificultades para acceder a la justicia y reintegrarse en sus comunidades. La violencia sexual tiene consecuencias devastadoras para las víctimas y sobrevivientes, así como para sus familiares y comunidades, con efectos en la salud física y mental, así como en lo social y económico.

En cuanto a los enfrentamientos entre el Estado colombiano y grupos armados, en 2023 se presentó una disminución, al tiempo que se intensificaron las disputas entre actores armados no estatales. Lo anterior conllevó a la persistencia de los efectos que sufren las comunidades que quedaron en medio de las confrontaciones.

En Colombia existen ocho conflictos armados de carácter no internacional de acuerdo con nuestra clasificación jurídica actual, basada en los criterios del DIH. Tres de ellos son entre el Estado colombiano y los siguientes grupos armados, respectivamente: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz.

Los otros cinco conflictos son entre grupos armados no estatales: uno, entre el ELN y las AGC; y los cuatro restantes, entre las antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz y 1) la Segunda Marquetalia, 2) los Comandos de la Frontera - Ejército Bolivariano, 3) el ELN y 4) las AGC. El CICR clasificó recientemente este último conflicto armado luego de dos años de observación y análisis de las hostilidades entre ambos grupos armados y las consecuencias humanitarias generadas.

Los conflictos armados persisten en Colombia, y su impacto humanitario no se ha reducido sustancialmente. Los testimonios y las cifras sobre desplazamiento; confinamiento; violencia sexual; reclutamiento, utilización y participación directa en las hostilidades de niños, niñas y adolescentes; la presencia de artefactos explosivos y la afectación que generan en la población civil, así como los hechos violentos contra la asistencia de salud, ponen de manifiesto la necesidad de que todos los actores armados respeten el DIH.

La reconfiguración de los actores armados no estatales y las consecuencias humanitarias que afectan a la población civil, sumado todo ello a la histórica debilidad institucional en las zonas más apartadas de Colombia, evidencian el largo camino que aún queda por recorrer para mitigar el sufrimiento que provocan los conflictos armados y la violencia. Sin embargo, aun en este escenario, las comunidades siguen tejiendo historias de resiliencia.