Protocolo II

Artículo 7 - Protección y asistencia

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en el conflicto armado, serán respetados y protegidos.

2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre ellos distinción alguna que no esté basada en criterios médicos.


Referencias documentales

Actas

Actas I, 1a parte, p. 196; 3a parte, p. 37 (art. 12). Actas IV, pp. 45-47. Actas VII, p.111, CDDH/SR.51, párr. 16. Actas XI, pp. 209-215, CDDH/II/SR.21, párrs. 35-50; pp. 255-264, CDDH/II/SR.25, párrs. 10-63; pp. 271-276, CDDH/II/SR.26, párrs. 37-65. Actas XII, pp. 274-275, CDDH/II/SR.79, párrs. 45-54. Actas XIII, pp. 122-124, CDDH/221/Rev.1, párrs. 130-135; p. 231, CDDH/II/287; p. 282, CDDH/235/Rev.1.

Otras referencias

CE/5, pp. 53-55. CE/7 pp. 30-33 y 35. CE 1971, Informe, p. 30, párrs. 71-75; p. 35, Anexo II (art. 1); p. 53, párrs. 247-250. CE 1972, Textos, pp. 34-35 (art. 7). CE 1.972, Comentarios, 2a parte, pp. 19-23. CECR 1972, Informe, p. 28. CE 1972, Informe, vol. I, pp. 101-103, párrs. 2.354-2.366; vol. II, p. 40, CE/COM II/27; p. 50, CE/COM II/75. Comentarios de los proyectos, pp. 150-151 (art. 12).


Comentario

Generalidades

4633 Este artículo corresponde al proyecto del CICR reducido al enunciado de los principios fundamentales de protección y de asistencia; repite los cuatro imperativos que definían, desde 1929, la inviolabilidad de los heridos: el respeto, la protección, el trato humano y los cuidados que hay que prestarles [297]. El proyecto preveía, además, prohibir las acciones u omisiones injustificadas que atentaran contra la salud y la integridad física y mental, en particular las mutilaciones y las experiencias médicas o científicas. Esas precisiones no se incluyeron, pero el artículo 4 (Garantías fundamentales), párrafo 2, apartado a, el artículo 5 (Personas privadas de libertad), párrafo 2, apartado e, y el artículo 10 (Protección general de la misión médica), párrafo 2, proporcionan todas las garantías a este respecto.


4634 El artículo 7 reproduce el artículo 10 del Protocolo I (Protección y asistencia). El artículo 3 común se limitaba a prescribir, en su apartado 1, punto 2, que “los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos”. El artículo 7 reafirma y desarrolla esta norma fundamental y constituye la clave de bóveda de todo el Título. En efecto, los derechos y obligaciones enunciados en los artículos 8 a 12 se derivan del principio de inmunidad de los heridos y de los enfermos y son, de algún modo, su aplicación.


Párrafo 1

4635 En este párrafo se recuerda el principio del respeto y de la protección de los heridos, los enfermos y los náufragos. Las nociones de respeto y de protección se tomaron de los Convenios y se introdujeron con motivo de la revisión de 1906, la primera, y en 1929, la segunda. “Respetar” quiere decir “perdonar la vida, no atacar por ningún motivo”; es una obligación de abstenerse de todo acto hostil, completada por el deber de “proteger”. “Proteger” significa “salir en defensa de alguien, prestar auxilio y apoyo” [298]. Esto implica tomar medidas para apartar, si es posible, a los heridos, a los enfermos y a los náufragos de los combates y ponerlos a resguardo, y velar por que sean efectivamente respetados, es decir, que nadie se aproveche de su situación de debilidad para maltratarlos, robarles sus efectos o perjudicarlos de cualquier modo que sea. El deber de respeto y protección se impone a todos, tanto a las fuerzas armadas o a los grupos armados, como a la población civil.

4636 ¿Qué hay que entender por heridos, enfermos y náufragos? La protección de los heridos, los enfermos y los náufragos responde a una exigencia humanitaria fundamental y no se cuestionó en el marco de la reglamentación de los conflictos armados no internacionales; por eso es posible partir de la misma definición de heridos, enfermos y náufragos en los dos Protocolos. A la luz de las negociaciones, se puede comprobar que esta terminología básica es unitaria [299].

4637 A falta de una disposición relativa a las definiciones, que finalmente no se aprobó en el Protocolo II [300], nos remitimos al artículo 8 (Terminología), apartado a, del Protocolo I, en el que los heridos y los enfermos se definen como sigue:

“Se entiende por “heridos” y “enfermos” las personas, sean militares o civiles, que debido a un traumatismo, una enfermedad u otros trastornos o incapacidades de orden físico o mental, tengan necesidad de asistencia o cuidados médicos y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos términos son también aplicables a las parturientas, a los recién nacidos y a otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia o de cuidados médicos inmediatos, como los inválidos y las mujeres encintas, y que se abstengan de todo acto de hostilidad” [301].

4638 La definición de los heridos y de los enfermos protegidos por el presente Título se basa en dos criterios:

1) tener necesidad de cuidados médicos;
2) abstenerse de todo acto de hostilidad.

4639 Toda persona, militar o civil, que cumpla estas condiciones es asimilada a un herido o a un enfermo; las mujeres parturientas, los recién nacidos, los impedidos y las mujeres encintas son ejemplo de ello, pero esta enumeración no es limitativa. Así pues, esta definición difiere de la acepción ordinaria de los términos “enfermo” o “herido” [302] En efecto, un herido o un enfermo que continuara combatiendo no sería considerado como tal en el sentido del Protocolo y no tendría, por consiguiente, derecho a la protección del presente artículo.

4640 A falta de definición, el artículo 8 (Terminología), apartado b, del Protocolo I sirve asimismo de guía para interpretar la noción de “náufrago”:

“Se entiende por náufragos las personas, sean militares o civiles, que se encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que las afecte o que afecte a la nave o aeronave que las transportaba y que se abstengan de todo acto de hostilidad [...]” [303].

4641 Se puede estimar, con toda lógica, que el náufrago, lo mismo que los heridos o los enfermos, debe abstenerse de todo acto de hostilidad para tener derecho a la protección. Parece, en efecto, difícil imaginar que un náufrago que continuara disparando desde una embarcación de salvamento fuera respetado por ser náufrago. Al estudiar los trabajos de la Comisión se pone de manifiesto que la noción de náufrago cubre no sólo los náufragos de un barco que se hunde, es decir, a los náufragos en el sentido estricto, sino también a quienquiera que se encuentre en peligro en el agua, tras un accidente de avión, por ejemplo, o por caerse accidentalmente de una embarcación. La situación peligrosa debe resultar de un infortunio. Quedan excluidas las personas que se hayan puesto voluntariamente en peligro (comandos de hombres-rana, por ejemplo). La Conferencia no tuvo en cuenta una propuesta, presentada en el transcurso de sus tareas, tendente a asimilar las personas extraviadas en tierra –en particular en los desiertos– a los náufragos, y que se encuentren por ello en una situación peligrosa. La disposición cubre a los náufragos en el mar y “en otras aguas”, es decir, lacustres o fluviales. El náufrago está considerado como tal hasta el final de la operación de salvamento. El relator de la Comisión II ilustró muy bien esta necesidad, señalando que:

“Por ejemplo, debe establecerse claramente que una persona náufraga transportada por helicóptero conserva su estatuto de náufrago durante el vuelo, si no el vuelo no estaría cubierto por la definición de transporte sanitario” [304] .

4642 En una situación de conflicto armado no internacional, una persona no puede adquirir otro estatuto en la misma medida que en un conflicto internacional, puesto que no hay en ella, estrictamente hablando, categorías de personas protegidas: están protegidas “todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas” [305]. No obstante, tras una operación de salvamento, el náufrago cesa de ser considerado como tal y se convierte, según las circunstancias, en persona protegida por una u otra de las normas del Protocolo. Será, según los casos, herido o enfermo, en el sentido del presente artículo, si su estado de salud requiere cuidados [306]; detenido o internado, si es recogido por la parte adversa [307], o simple civil [308]. La protección se extiende a todos los heridos, los enfermos y los náufragos, “hayan o no tomado parte en el conflicto armado”. No hay ninguna distinción entre militares y civiles, ni según que la persona provenga de una o de otra parte; la obligación de respeto y protección es general y absoluta.


Párrafo 2

4643 Los heridos, los enfermos y los náufragos “en toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado”.

4644 El trato humano es un principio general que se deriva del respeto y de la protección y que vale en todo tiempo y en todo lugar. Se trata de una reafirmación, en este contexto particular, del principio que figura ya en el artículo 4 (Garantías fundamentales), párrafo 1309.

4645 En materia de cuidados médicos, se insertó, por espíritu realista, una referencia a “la medida de lo posible”, a fin de tomar en cuenta los medios y el personal disponibles. A veces es materialmente imposible proporcionar en seguida los cuidados requeridos. La obligación sigue siendo prestarlos lo mejor y lo antes posible, teniendo en cuenta las circunstancias.

4646 No se hará entre los pacientes ninguna distinción basada en criterios distintos de los médicos, es decir:

“[...] de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo (denominada en adelante “distinción de carácter desfavorable”) [...]” [310].

4647 Solamente la urgencia y la deontología deben dictar las prioridades de los cuidados que se han de proporcionar.

Protocolo II

Artículo 10 - Protección general de la misión médica

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontología, cualesquiera que hubieren sido las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.

2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una actividad médica a realizar actos ni a efectuar trabajos contrarios a la deontología u otras normas médicas destinadas a proteger a los heridos y a los enfermos, o a las disposiciones del presente Protocolo, ni a abstenerse de realizar actos exigidos por dichas normas o disposiciones.

3. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, se respetarán las obligaciones profesionales de las personas que ejerzan una actividad médica, en cuanto a la información que puedan adquirir sobre los heridos y los enfermos por ellas asistidos.

4. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la persona que ejerza una actividad médica no podrá ser sancionada de modo alguno por el hecho de no proporcionar o de negarse a proporcionar información sobre los heridos y los enfermos a quienes asista o haya asistido.


Referencias documentales

Actas

Actas I, 1a parte, p. 196; 3a parte, p. 38 (art. 16). Actas IV, pp. 56-57. Actas VII, pp. 114-115, CDDH/SR.51, párrs. 39-42. Actas XI, p. 145, CDDH/II/SR.16, párr. 26; p. 148, párrs. 43-46; p. 183, CDDH/II/SR.19, párr. 59; pp. 209-215, CDDH/II/SR.21, párrs. 35-50; p. 243, CDDH/II/SR.24, párr. 15; pp. 293-297, CDDH/II/SR.28, párrs. 12-36; p. 327, CDDH/II/SR.31, párrs. 1-4; pp. 328-334, párrs. 8-48; pp. 441-447, CDDH/II/SR.39, párrs. 21-56; pp. 461-465, CDDH/II/SR.40, párrs. 80-98; pp. 467-477, CDDH/II/SR.41; pp. 479-491, CDDH/II/SR.42; pp. 493-500, CDDH/II/SR.43, párrs. 2-28; pp. 516-520, CDDH/II/SR.44, párrs. 47-63. Actas XIII, pp. 130-133, CDDH/221/Rev.1, párrs. 155-164; pp. 221-224, CDDH/II/269; p. 233, CDDH/II/287 (art. 16).

Otras referencias

CE/5, pp. 53-55. CE/7, pp. 30-32, 34, 36-37; pp. 012-013, Anexo II; pp. 014-016, Anexo III (art. 4). CECR 1971, Informe, pp. 24-25 y 48-49. CE 1971, Informe, pp. 30-31, párrs. 80-82; p. 35, Anexo II; p. 53, párrs. 249-250 (art. 4). CE 1972, Textos, p. 35 (art. 10). CE 1972, Comentarios, 2a parte, pp. 26-27 (art. 10). CE 1972, Informe, vol. I, pp. 104-105, párrs. 2.374-2.376; vol. II, p. 48, CE/COM II/64; pp. 50-51, CE/COM II/ 75; p. 53, CE/COM II/82. Comentarios de los proyectos, pp. 153-154 (art. 16). XXII Conf. Inter. CR, Informe, p. 79 (art. 16). ONU, Informe del Secretario General A/8052,1970, p. 52, párrs. 150-151.



Comentario

Título del artículo: Protección general de la misión médica

4678 La Conferencia Diplomática confirió, recordémoslo, un valor jurídico a los títulos de los artículos de los Protocolos. La mayoría de las veces, el título de la disposición se limita a indicar el contenido, sin plantear dificultades particulares de interpretación. En este caso, la expresión “misión médica” requiere una aclaración, puesto que sólo figura en el título y no en el texto del artículo.

4679 El artículo 10 establece el libre ejercicio y la realización de la actividad médica en un sentido amplio, protegiendo no sólo a los médicos, sino también a todas las personas que ejerzan profesionalmente esta actividad. También la expresión “misión médica” se refiere a la actividad médica, es decir, a las tareas que el personal asistencial cumple de conformidad con sus obligaciones profesionales. El texto inglés expresa muy bien esta noción con el empleo de la expresión “medical duties”.


Generalidades

4680 Esta disposición tiene por objeto reforzar el principio básico de la protección de los heridos y los enfermos [342], al establecer la protección general del cuerpo médico y del personal paramédico. Se trata, en particular, de garantizar la inmunidad de los médicos civiles que prestan asistencia sin formar parte del personal sanitario adscrito a las unidades sanitarias en el sentido de los artículos 9 (Protección del personal sanitario y religioso) y 11 (Protección de unidades y medios de transporte sanitarios) del Protocolo. El problema puede presentarse de distinto modo en función de la organización del sistema sanitario en cada país interesado, pero este artículo se aprobó con el espíritu de hacer que los heridos y los enfermos se beneficien de toda la asistencia médica disponible, tanto civil como militar; no se ocupa de las personas civiles sin formación médica que presten espontáneamente auxilio. El papel asistencial de la población civil está previsto en el artículo 18 (Sociedades de socorro y acciones de socorro), párrafo 1.

4681 Los Convenios no establecen esta protección específica. El artículo 3 común no dice, a fortiori, nada sobre este punto. Hay que señalar, no obstante, que la protección de la misión médica se desprende del principio de la protección de los heridos y los enfermos y se inspira en el artículo 18, apartado 3, del I Convenio, según el cual “nadie podrá ser molestado o condenado por el hecho de haber prestado asistencia a heridos o enfermos [343]. Los párrafos 1 y 2 ratifican el carácter neutral de la actividad médica y garantizan su libre ejercicio conforme a la deontología. Esas normas se tomaron del proyecto del CICR (artículo 16) [344] y figuran igualmente en el artículo 16 del Protocolo I (Protección general de la misión médica) [345]. La gran dificultad que encierra la protección de la misión médica es la preservación del “secreto médico”, estrechamente ligado al principio, aún controvertido, de la no delación de los pacientes a las autoridades.

4682 El CICR buscaba una solución flexible, “que dejara la decisión en manos del médico, depositando en él la confianza a la que es acreedor” [346]. A este efecto, el proyecto establecía que: “No se podrá obligar a ninguna persona que ejerza una actividad médica a dar a una autoridad información sobre los heridos y los enfermos por ella asistidos cuando dicha información pudiera ser perjudicial para estos últimos o para sus familiares”.

4683 Cabe señalar que esta propuesta era moderada, ya que los círculos médicos se habían expresado en varias ocasiones, particularmente en el marco de los congresos de la Asociación de Derecho Internacional, en favor del principio de la no delación, partiendo de la idea de que los heridos no se dejarían asistir si corrieran el riesgo de ser denunciados [347].

4684 En la Conferencia, la propuesta tropezó con el temor de introducir en el Protocolo una norma que atentara contra las soberanías nacionales y violara el principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, reafirmado por el artículo 3 (No intervención), párrafo 2, de este mismo Protocolo. El problema resultaba particularmente delicado en el contexto de los conflictos armados no internacionales. La Comisión II debatió esta cuestión durante mucho tiempo; al no lograrse una solución aceptable para todos en un primer Grupo de Trabajo, hubo que convocar un segundo, tras las numerosísimas enmiendas orales presentadas en la sesión plenaria de la Comisión [348]. Los párrafos 3 y 4 son el resultado de esas deliberaciones, que culminaron en una laboriosa y poco satisfactoria avenencia; garantizan el respeto del deber profesional de discreción del personal médico y prescriben la prohibición de castigar el eventual silencio del médico. Estos dos párrafos forman de hecho una misma cláusula, que fue escindida en dos por razones de claridad y de brevedad [349]. Esas garantías son útiles, e incluso indispensables, pero la mención de la reserva de la legislación nacional podría restringir mucho su alcance.


Párrafo 1

4685 Garantiza el principio de la neutralidad de la actividad médica, al establecer que: “No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontología, cualesquiera que hubieren sido las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad”.

4686 Esta norma se refiere no sólo a los médicos, sino también a todas las personas que ejerzan profesionalmente una actividad médica, como el personal enfermero, las comadronas, los farmacéuticos o los practicantes en medicina que no hayan obtenido aún el diploma.

4687 Conviene dar a la expresión “actividad médica” una interpretación muy amplia. La noción es más extensa que la de “cuidados”. El médico no solamente cuida, sino que puede tener que confirmar un fallecimiento, administrar una vacuna, establecer un diagnóstico, dar consejos, etc. [350] La asistencia médica debe permanecer neutral; no puede constituir una toma de posición en el conflicto en función de sus destinatarios. El criterio de acción se basa en una apreciación puramente humanitaria, prescindiendo de toda otra consideración. Ejercer una actividad médica en favor de quienquiera que sea, incluso de una persona de la parte adversa, no es sólo un acto lícito, sino también un deber para quienes es su profesión.

4688 La deontología es “la teoría de los deberes profesionales” [351]. Este término no se refiere solamente a la profesión médica, pero por ser la deontología médica a la que se hace referencia más a menudo, es la que se menciona aquí. Se trata de deberes morales que incumben a la profesión médica. Estos deberes están definidos por los organismos nacionales e internacionales del cuerpo médico [352].

4689 La deontología deja un amplio margen de apreciación a quienes se han comprometido, al hacer el juramento de Hipócrates, a proteger la vida humana en todas las circunstancias. Una persona que ejerza una actividad médica no debe, pues, ser castigada por el mero hecho de haber cumplido la misión que le incumbe, tanto si ha actuado espontáneamente como si le han solicitado que lo haga.

4690 La obligación de no castigar se dirige a toda autoridad en condiciones de castigar, así se trate del Gobierno en el poder como de la autoridad que controla una parte del territorio, de conformidad con el artículo primero del Protocolo (Ámbito de aplicación material).

4691 El verbo “castigar” sitúa la prohibición al nivel de la sanción y cubre las sanciones de todo orden, penal o administrativo.


Párrafo 2

4692 El párrafo 2 ratifica el principio del libre ejercicio de la actividad médica, es decir, que el personal médico debe poder trabajar sin coacción, basándose sólo en la ética profesional. Así pues, está específicamente prohibido obligar a una persona que ejerza una actividad médica a una acción positiva, una omisión o una abstención que fuera contraria “a la deontología u otras normas médicas destinadas a proteger a los heridos y a los enfermos, o a las disposiciones del presente Protocolo”.

4693 Hay que señalar que la mención de la deontología se completa con la de “otras normas médicas”. Esta puntualización se explica, en particular, por el hecho de que, en algunos países, la deontología prohíbe a los médicos colaborar en el cumplimiento de tareas médicas a cargo de personal no diplomado [353]. Tal sería el caso de un médico en período de prácticas, por ejemplo. El artículo se refiere a las normas de deontología médica que protegen a los heridos y a los enfermos, en oposición a las que sólo rigen los intereses de la profesión médica, así como a las demás normas que responden a los mismos fines y que son aplicables en un caso determinado [354].

4694 La referencia a las disposiciones del Protocolo refuerza las normas de protección que ya figuran en él, como la prohibición de los “tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal” (artículo 4 - Garantías fundamentales, párrafo 2, apartado a). La coacción a la abstención u omisión sería, por ejemplo, el caso hipotético en que se prohibiera a un médico cuidar a un enfermo o herido, lo que constituiría, de todos modos, una violación del principio de la protección y asistencia debidas a los heridos y enfermos, estipulado en el artículo 7 (Protección y asistencia).

4695 Entre las coacciones a actuar evocadas más a menudo durante los debates en la Comisión, hay que mencionar el caso de la administración de drogas a fin de modificar el comportamiento de los detenidos y obtener informaciones; una delegación deseaba incluso que se prohibiera expresamente y presentó una enmienda a este efecto [355]. Los experimentos médicos son otro ejemplo de ellas.


Párrafo 3

4696 La deontología impone al médico el secreto médico, es decir, el deber de discreción sobre la naturaleza de la afección tratada en un individuo y de no divulgar, de una manera general, informaciones que pudieran perjudicar a su paciente o a los familiares de éste. Por otra parte, al principio del secreto médico va ligado el problema de la no delación, el cual, para muchos representantes del cuerpo médico, es asimismo parte integrante de la deontología.

4697 La no delación, en el sentido de la deontología, no significa que no se den jamás informaciones; este principio confiere al médico un margen de libertad de acción según su conciencia y su juicio.

4698 El objeto de este párrafo es establecer la protección y el respeto de la actividad médica, preservando sus obligaciones profesionales de discreción. Se estipula para ello que se respeten las obligaciones profesionales de las personas que ejerzan una actividad médica, por lo que atañe a las informaciones que éstas puedan obtener sobre sus heridos y enfermos, pero a reserva de lo dispuesto en la legislación nacional. La mención de la legislación nacional fue el precio que hubo que pagar por esta norma. Esta fórmula se adoptó finalmente tras numerosísimas discusiones en el Grupo de Trabajo.

4699 ¿Qué debe entenderse por legislación nacional? La legislación nacional se refiere aquí no solamente a la legislación en vigor al inicio del conflicto, sino también a toda nueva legislación que un Estado promulgue y haga aplicar después del comienzo del conflicto [356]. Esta situación jurídica, resultado de una avenencia, no deja de tener su punto flaco y corre el riesgo de poner en peligro la protección particular que debe otorgarse a los heridos y los enfermos.

4700 En efecto, la legislación nacional en una situación conflictiva que responda a los criterios del artículo primero del Protocolo (Ámbito de aplicación material) no será siempre conocida por la parte adversa si se modifica durante las hostilidades. En caso de duda acerca de las obligaciones del médico para con la autoridad, muchos heridos correrían el riesgo de sufrir o morir antes que exponerse a una denuncia. La obligación de revelar sistemáticamente la identidad de los heridos y enfermos despojaría de toda substancia al principio de la neutralidad de la actividad médica.

4701 En fin, hay que reconocer que, en una fase avanzada de las hostilidades, podrían existir simultáneamente dos reglamentaciones distintas en la práctica. Corresponderá a cada autoridad juzgar qué importancia le otorga a las exigencias militares y a sus obligaciones humanitarias. Si se tienen en cuenta los principios de humanidad y el objetivo del Protocolo, a saber, salvaguardar la vida de los heridos, las leyes deberían dejar al personal médico un margen de libertad y de responsabilidad suficiente para cumplir sus tareas.

4702 La obligación de notificar las enfermedades contagiosas, prevista en el proyecto del CICR y que figura en el artículo 16 del Protocolo I (Protección general de la misión médica), no se menciona, porque se trata de una medida que contienen casi todas las legislaciones nacionales.


Párrafo 4

4703 El párrafo 4 es el corolario del párrafo 3. Como ya hemos señalado, se han separado por afán de claridad. El respeto de la actividad médica y de las obligaciones profesionales que implica no tendría ninguna significación práctica si las personas que la ejercen fueran castigadas por respetar un principio de discreción, al rehusar o abstenerse de dar informaciones sobre los pacientes, ya que esta discreción es precisamente una obligación profesional.

4704 Pareció necesario que el texto estableciera expresamente la prohibición de sancionar a una persona que ejerza una actividad médica por el solo hecho de guardar silencio sobre los heridos y los enfermos a quienes asiste. Este comportamiento no debe ser considerado como un delito [357].

4705 La prohibición de castigar comprende las sanciones de todo tipo, penales y también administrativas, como mandar cerrar una consulta médica, por ejemplo. La mención de la reserva de la legislación nacional reduce también aquí el valor del principio establecido y tiene el mismo alcance que en el párrafo precedente. Cabe señalar, a este respecto, tres elementos:

– esta disposición proclama la licitud de la discreción que podría observar una persona que ejerza una actividad médica con respecto a los heridos y los enfermos a quienes asiste, a reserva de lo dispuesto en la ley nacional. Así pues, en virtud del principio del derecho penal nullum crimen sine lege, a falta de una ley nacional, no se podrá imponer sanción alguna al médico por haber guardado silencio. Esta actitud no deberá interpretarse como una toma de posición en el conflicto;

– la promulgación de nuevas normas en el transcurso del conflicto implicaría una obligación de las autoridades de informar a sus destinatarios;

– deberá respetarse el principio de no retroactividad de la ley, de conformidad con el artículo 6 (Diligencias penales), párrafo 2, apartado c.

4706 Hay que recordar como regla general que, si se incoaran diligencias judiciales contra una persona que ejerce una actividad médica por no haber respetado la ley, ésta disfrutaría, en cualquier caso, de las garantías judiciales que confiere el artículo 6 del Protocolo (Diligencias penales).

Protocolo II

Artículo 11 - Protección de unidades y medios de transporte sanitarios

1. Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán respetados y protegidos en todo momento y no serán objeto de ataques.

2. La protección debida a las unidades y a los medios de transporte sanitarios solamente podrá cesar cuando se haga uso de ellos con objeto de realizar actos hostiles al margen de sus tareas humanitarias. Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.


Referencias documentales

Actas

Actas I, 1a parte, pp. 196-197; 3a parte, p. 38 (art. 17). Actas IV, pp. 58-59. Actas VII, p.115, CDDH/SR.51, párrs. 43-47. Actas XI, pp. 297-299, CDDH/II/SR.28, párrs. 38-46; pp. 520-522, CDDH/II/SR.44, párrs. 64-77; p. 525, CDDH/II/SR.45, párr. 2; p. 637, CDDH/II/SR.53, párrs. 34-37. Actas XII, p. 270, CDDH/II/SR.79, párr. 19. Actas XIII, pp. 133-134, CDDH/221/Rev.1, párrs. 165-170; p. 233, CDDH/II/287; pp. 261-262, CDDH/235/Rev.1, párr. 20; pp. 312-313, íd., Anexo I (art. 11); p. 354, CDDH/II/386.

Otras referencias

CE/5, pp. 53-55. CE/7, pp. 34 y 37. CECR 1971, Informe, p. 25. CE 1971, Informe, p. 31 (art. 5); pp. 65-66 (art. 6). CE 1972, Textos, p. 35 (art. 11). CE 1972, Comentarios, 2a parte, p. 28 (art. 11). CE 1972, Informe, vol. I, p. 105, párrs. 2.377-2.378; vol. II, p. 48, CE/COM II/64; p. 51, CE/COM II/75; p. 52, CE/COM II/80. Comentarios de los proyectos, pp. 154-155 (art. 17).


Comentario

Generalidades

4707 A semejanza de la protección del personal sanitario y religioso (artículo 9 –Protección del personal sanitario y religioso) y de la protección de la misión médica (artículo 10 –Protección general de la misión médica), la protección general de las unidades y los medios de transporte sanitarios [358] es indispensable para llevar a la práctica el principio de protección y de respeto a los heridos y los enfermos, enunciado en el artículo 3 común y reafirmado en el artículo 7 (Protección y asistencia) del presente Protocolo. El artículo 11 se inspira esencialmente en los artículos 19 y 21 del I Convenio, pero conviene igualmente relacionarlo con los artículos 20, 35 y 36 de este mismo I Convenio, con los artículos 22, 23 y 24 del II Convenio y con los artículos 18, 21 y 22 del IV Convenio. En efecto, esta disposición tiene por objeto la protección y el respeto de todos los medios de transporte sanitarios militares o civiles, ya sean terrestres, aéreos, marítimos, lacustres o fluviales.

4708 En las situaciones de conflicto armado internacional, la protección que confieren los Convenios en los artículos antes enunciados se desarrolla en los artículos 12 (Protección de las unidades sanitarias) y 13 (Cesación de la protección de las unidades sanitarias civiles) del Protocolo I, así como en la Sección II (Transportes sanitarios) del Título II del mismo.

4709 Por lo que se refiere al Protocolo II, el proyecto del CICR se limitaba a enunciar el principio de la protección de las unidades y los medios de transporte sanitarios, sin prever explícitamente el caso en que ella pudiera cesar, es decir, sin fijar los límites de ese derecho [359]. La negociación paralela de los dos instrumentos en Comisión determinó que los delegados aprobaran el párrafo 2 sobre el cese de la protección inspirándose en el artículo 13 del Protocolo I (Cesación de la protección de las unidades sanitarias civiles). El texto procedente de la Comisión comportaba igualmente un párrafo 3, en el que se enunciaban los actos que no serían considerados hostiles, siguiendo, en este punto, el modelo del artículo 13 del Protocolo I (Cesación de la protección de las unidades sanitarias civiles) [360]. Ese párrafo desapareció en la versión finalmente aprobada [361]. Esta simplificación hace que el texto sea menos claro, por ser menos explícito, pero no restringe el alcance del principio y no debe permitir interpretaciones subjetivas y extensivas de la noción de actos hostiles [362].


Párrafo 1

4710 El párrafo 1 enuncia el principio de la protección y del respeto de las unidades y los medios de transporte sanitarios.

4711 La expresión “unidad sanitaria” es un término genérico que cubre a la vez los establecimientos fijos, que permanecen donde han sido edificados (hospitales, laboratorios, depósitos de materiales, etc.) [363], y las unidades sanitarias móviles, que pueden desplazarse en función de las necesidades (hospitales de campaña, puestos de socorro, ambulancias, etc.).

4712 Por “medio de transporte sanitario” se entiende todo vehículo terrestre (automóviles, camiones, trenes, etc.), barco, embarcación o aeronave destinado al transporte de heridos, enfermos, náufragos, personal sanitario y religioso o material sanitario. La protección vale para las unidades y los medios de transporte sanitarios militares y civiles, tanto permanentes como temporales, a condición de que estén destinados exclusivamente a fines sanitarios; durante esta dedicación, de duración indeterminada o no, según sean permanentes o temporales, las unidades y los medios de transporte sanitarios no pueden utilizarse con otros fines distintos de los sanitarios [364]. La noción de “fines sanitarios” debe entenderse en sentido lato. Se trata no sólo de la asistencia prestada a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, sino también de toda actividad de prevención de enfermedades, de los centros de transfusión sanguínea, de los centros de convalecencia que proporcionan tratamiento médico y de los tratamientos odontológicos [365].

4713 Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán en todo momento:

1) respetados y
2) protegidos; y
3) no serán objeto de ataques.

4714 Las palabras “respeto y protección” forman parte del vocabulario clásico del derecho internacional humanitario. Ya figuran en los artículos 7 (Protección y asistencia) y 9 (Protección del personal sanitario y religioso) de este mismo título [366]. Recordemos que el respeto y la protección implican no sólo la obligación de no atacar, sino también la de tomar activamente medidas para que las unidades y los medios de transporte sanitarios estén en condiciones de cumplir sus funciones y de prestarles asistencia en caso de necesidad. “Respetar es no destruir, no atacar”, dice el diccionario de la Academia Francesa, citado en el comentario del artículo 19 del I Convenio. No era, pues, necesario mencionar que las unidades y los medios de transporte sanitarios no serán objeto de ataques. La fórmula nos viene de 1949 y es un refuerzo de la expresión “respetar y proteger”. El comentario señalaba que “ante la creciente amplitud de los bombardeos aéreos, ese refuerzo de la expresión general no es quizás superfluo” [367].

4715 Esta observación tiene, sin duda alguna, validez todavía hoy, pero, como ya hemos indicado, es lamentable que la mención de los ataques no figure también en el artículo 9 (Protección del personal sanitario y religioso), aunque esta omisión no tenga incidencia en el fondo [368].

4716 La obligación de respetar y proteger las unidades y los medios de transporte sanitarios vale “en todo momento” [369], es decir, incluso cuando aún no haya heridos o pacientes en ellos, o ya no los haya momentáneamente, a condición, claro está, de que su dedicación a fines sanitarios siga siendo exclusiva [370].

4717 El signo distintivo, al permitir identificar la unidad o el medio de transporte sanitario, hace visible la protección (artículo 12 –Signo distintivo). El empleo del signo distintivo de la cruz roja o de la media luna roja y, en general, las condiciones de utilización de las unidades y los medios de transporte sanitarios deben ser reglamentados por la autoridad competente de la que dependan. Este control es indispensable para evitar los abusos y hacer aplicar las normas de protección.

4718 Hay que resaltar, por último, que para aprobar definitivamente el artículo 11 en Comisión, la Conferencia esperó que se aprobara la Sección II (Transportes sanitarios) del Título II del Protocolo I, con el fin de que el Protocolo II no contuviera ningún elemento contradictorio con el Protocolo I [371]. El artículo 11 cubre todos los medios de transporte sanitario por tierra, aire y agua, pero su escueto texto se limita a enunciar un principio general, mientras que el Protocolo I es muy detallado a este respecto. En un caso de dificultad concreta, en particular para garantizar la protección de una embarcación o de una aeronave sanitaria, el Protocolo I puede ser una guía muy útil y proporcionar, por analogía, soluciones prácticas para aplicar el principio [372].

4719 La protección y el respeto de las unidades y los medios de transporte sanitarios son obligaciones permanentes: “en todo momento”. Hay, no obstante, algunos casos excepcionales en que la protección puede cesar, a saber: “cuando se haga uso de ellos con objeto de realizar actos hostiles al margen de sus tareas humanitarias”.


Párrafo 2

Primera frase

4720 Ese párrafo reproduce el artículo 21 del I Convenio, con ligeras diferencias de redacción. El artículo 21 no menciona, en particular, los “actos hostiles”, pero sí los “actos perjudiciales para el enemigo”. No hay diferencia de fondo entre ambas expresiones. En el proyecto de este artículo proveniente de la Comisión se hablaba de “actos perjudiciales para la parte adversa” [373], tras suprimir la mención de las partes en conflicto, a propuesta de la delegación de Pakistán [374], con el fin de eliminar toda posibilidad de interpretación que otorgara cualquier tipo de reconocimiento a la parte insurrecta; finalmente se optó por la expresión “actos hostiles”.

4721 La significación es la misma que la del artículo 21 del I Convenio: se trata de actos perjudiciales para el adversario. El carácter perjudicial u hostil de un acto debe apreciarse objetivamente.

4722 Las unidades y los medios de transporte sanitarios están obligados a observar una estricta neutralidad, es decir, a no inmiscuirse de ninguna manera en las operaciones militares. Puede suceder, sin embargo, que una unidad o un medio de transporte sanitario, ateniéndose estrictamente a su misión, sea involuntariamente una molestia o un obstáculo táctico [375]. Esta presencia podría ser interpretada equivocadamente como un acto hostil, pero no por ello cesa la protección. Sólo cesa cuando la unidad o el medio de transporte se utilice al margen de sus tareas humanitarias.

4723 Esos ejemplos se encuentran igualmente en el artículo 13 (Cesación de la protección de las unidades sanitarias civiles), párrafo 2, del Protocolo I. Sin tener un valor obligatorio en el contexto del Protocolo II, pueden no obstante facilitar su interpretación [376]:

“No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo:
a) el hecho de que el personal de la unidad esté dotado con armas ligeras individuales para su defensa propia o la de los heridos y enfermos a su cargo;
b) la custodia de la unidad por un piquete, por centinelas o por una escolta;
c) el hecho de que en la unidad se encuentren armas portátiles y municiones recogidas a los heridos y enfermos, aún no entregadas al servicio competente;
d) la presencia en tal unidad, por razones médicas, de miembros de las fuerzas armadas u otros combatientes” [377].

4724 Por lo que se refiere a la terminología, hay que señalar asimismo que la expresión “deberes humanitarios”, utilizada en el artículo 21 del I Convenio, se ha reemplazado, en el presente artículo, por la de “tareas humanitarias”. Este cambio es de orden redaccional. La palabra “fonction”, usada en francés, pareció más adecuada porque este término debe cubrir no solamente al personal, sino también los medios de transporte y los edificios. Por lo demás, la expresión “tareas humanitarias”, utilizada en la versión española, contiene a la vez la noción de deber y la de función.


Segunda frase [378]

4725 Cuando una unidad o un medio de transporte sanitario comete un acto hostil, pierde su derecho a la protección, pero, la mayor parte de las veces, tiene antes derecho a una prórroga: “Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos”.

4726 Los pacientes, heridos o enfermos, no son responsables de los actos ilícitos cometidos por el personal que los cuida; conviene, pues, otorgarles garantías de humanidad. Por otra parte, puede ocurrir que se trate de un error de interpretación del adversario y que la prórroga dé tiempo para justificarse. Ésta debe también permitir a los responsables poner fin al acto considerado hostil, es decir, rectificar su actitud o también poner a los enfermos y los heridos a resguardo. El adversario intimará, pues, a la unidad o al medio de transporte a que ponga fin a su acción hostil y le dará un plazo, a cuya expiración podrá pasar al ataque si éste no obedece la orden terminante.

4727 No se fija la duración del plazo razonable: es el tiempo necesario, a la vista de las circunstancias, para rectificar su actitud, justificarse si hay un error o evacuar a los heridos y los enfermos.

4728 El plazo se concederá “cuando proceda”. En el artículo 21 del I Convenio se habla de “en todos los casos oportunos”. De hecho, se trata, sobre todo, de situaciones en las que hay duda sobre el carácter hostil de la actitud de una unidad o un medio de transporte sanitario. En ciertos casos no hay razón para conceder un plazo. En el comentario del artículo 21 del I Convenio, se ilustra muy bien esta eventualidad imaginando el ejemplo de una tropa que se aproxima a un hospital y es recibida con fuego graneado, disparado desde todas las ventanas [379].

Protocolo II

Artículo 12 - Signo distintivo

Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos sobre fondo blanco será ostentado tanto por el personal sanitario y religioso como por las unidades y los medios de transporte sanitarios. Dicho signo deberá respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente.


Referencias documentales

Actas

Actas I, 1a parte, p. 197; 3a parte, p. 38 (art. 18). Actas IV, p. 60. Actas VII, p. 116, CDDH/SR.51, párr. 48. Actas XI, pp. 299-301, CDDH/II/SR.28, párrs. 47-58; pp. 327-337, CDDH/II/SR.31, párrs. 8-67; pp. 449-461, CDDH/II/SR.40, párrs. 1-79; pp. 485-491, CDDH/II/SR.42, párrs. 46-82; pp. 493-500, CDDH/II/SR.43, párrs. 2-29; pp. 522-523, CDDH/II/SR.44, párrs. 78-87; p. 525, CDDH/II/SR.45, párrs. 1-4. Actas XIII, pp. 221-224, CDDH/II/269; p. 234, CDDH/II/287 (art. 18); p. 355, CDDH/II/386 (art. 11, apdo. i).

Otras referencias

CE/5, pp. 53-55. CE/7, pp. 34 y 37 (art. 6). CECR 1971, Informe, p. 4; p. 014, Anexo II (art. 6). CE 1971, Informe, p. 31, párr. 87; p. 36, Anexo II (art. 8); p. 66 (art. 8); p. 69 (art. 9). CE 1972, Textos, p. 35 (art. 13). CE 1972, Comentarios, 2a parte, pp. 29-30 (art. 13). CE 1972, Informe, vol. I, p. 106, párrs. 2.381-2.383; vol. II, p. 51, CE/COM II/75. Comentarios de los proyectos, pp. 55-156 (art. 18).


Generalidades

4729 Para que la protección de los heridos, los enfermos y los náufragos sea efectiva, el personal que los asiste, los lugares en que se albergan y los medios de locomoción utilizados para transportarlos, los cuales también se benefician de la protección del Protocolo (artículo 9 – Protección del personal sanitario y religioso, y 11 – Protección de unidades y medios de transporte sanitarios), deben poder ser identificados. Si no, la protección que se les otorga sería ilusoria.

4730 Esta identificación es posible gracias a la utilización del signo distintivo de la cruz roja o de la media luna roja [380], que debe ser reglamentado y supervisado para que no dé lugar a abusos. Tal es el objeto del presente artículo, que constituye el último elemento del desarrollo del principio de respeto y protección de los heridos, enfermos y náufragos, ya contenido en el artículo 3 común a los Convenios y que se reafirma en el artículo 7 del Protocolo II (Protección y asistencia).

4731 Esta disposición se inspira en los artículos pertinentes de los Convenios, a saber, el Capítulo VII del I Convenio y el Capítulo VI del II Convenio, titulados “Signo distintivo”, así como en los artículos 18, 20 y 22 del IV Convenio. Esas normas se han completado, en el Protocolo I, mediante el artículo 18 (Identificación) y el Anexo I a ese Protocolo (Reglamento relativo a la identificación).

4732 Lo esencial del proyecto presentado por el CICR fue aprobado, aunque la versión final esté redactada de manera más concisa [381].


El signo distintivo

4733 El signo de la cruz roja y de la media luna roja puede tener dos funciones muy diferentes: una función protectora, en período de conflicto armado, y otra indicativa, válida para designar, ya en tiempos de paz, a personas o bienes relacionados con una institución de la Cruz Roja o de la media Luna Roja, sin conferirles el derecho a la protección.

4734 Con la expresión “signo distintivo”, los Protocolos se refieren solamente al signo utilizado con fines protectores. El artículo 8 (Terminología), apartado l, del Protocolo I, puntualiza:

“Se entiende por “signo distintivo” la cruz roja, la media luna roja o el león y sol rojos sobre fondo blanco, cuando se utilicen para la protección de unidades y medios de transporte sanitarios y del personal sanitario y religioso, su equipo y material” [382].

El artículo 12 se aprobó basándose en una definición idéntica, establecida para el Protocolo II [383].

4735 El signo distintivo indicado aquí protege a las personas y los bienes mencionados en la disposición, con exclusión de cualquiera otro, a saber: “tanto al personal sanitario y religioso como las unidades y los medios de transporte sanitarios”. Su definición reviste, pues, una importancia primordial y conviene recordar aquí los principales elementos de la negociación del artículo 12.


El uso amplio del signo distintivo

4736 El proyecto del CICR proponía un uso amplio del signo distintivo, extendiéndolo a las organizaciones de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja:

“Deberá respetarse en todas las circunstancias el emblema de la cruz roja sobre fondo blanco (media luna roja, león y sol rojos), que es el signo distintivo del personal, de las unidades y de los medios de transporte sanitarios de las partes en conflicto y de las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja y León y Sol Rojos)” [384].

4737 En virtud de los Convenios, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja sólo tienen derecho al signo indicativo, de dimensiones relativamente más reducidas, ya que el signo protector está reservado a los servicios sanitarios de los ejércitos [385]. Para apoyar su propuesta, el CICR hizo valer el papel clave de la Cruz Roja en una situación de conflicto armado no internacional, en particular para la parte no gubernamental. A falta de servicios sanitarios organizados, aumentaría la importancia de los servicios de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, por ser ésta la única organización humanitaria que subsistiría en ambas partes [386].

4738 El Grupo de Trabajo encargado de estudiar el artículo examinó atentamente esta propuesta. Sus conclusiones fueron las siguientes:

“Al debatirse en el Grupo de Trabajo la cuestión de la necesidad de ampliar el uso del emblema distintivo, el Grupo tuvo conocimiento de diversos casos ocurridos en recientes conflictos armados sin carácter internacional en que se había puesto de manifiesto la necesidad de que las secciones locales de la Cruz Roja o incluso los grupos autorizados a asistir a los heridos y enfermos en tales circunstancias pudieran utilizar el signo distintivo” [387].

“El Grupo de Trabajo ha tratado de determinar el lugar más apropiado del proyecto de Protocolo II para insertar una norma que reúna las condiciones necesarias para extender el uso del signo distintivo. El problema puede resolverse insertando una norma específica en el artículo 18 [12] o bien con una definición adecuada del término “personal sanitario” en el apartado f del artículo 11 (Definiciones)” [388].

La elección se inclinó, en un primer momento, a favor de esta segunda posibilidad. Así fue como se incluyeron en el proyecto de definición del personal sanitario las categorías siguientes: “el personal sanitario de las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) reconocidas y autorizadas por una parte en conflicto” y “el personal sanitario de otras sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio se desarrolle un conflicto armado, reconocidas y autorizadas por una parte en conflicto” [389].

4739 A falta de una definición en el texto, el contenido de los debates parece indicar que la Conferencia se pronunció a favor de un uso amplio del signo. El hecho de que se mantuviera la expresión “organizaciones de la Cruz Roja” en el artículo 18 del Protocolo II (Sociedades de socorro y acciones de socorro) aboga en favor de esta interpretación. La expresión “organizaciones de la Cruz Roja” se utilizó en la definición para:

“abarcar no sólo la asistencia prestada por el Gobierno, sino también por los grupos o secciones de la Cruz Roja ya existentes en la parte contraria e incluso las organizaciones improvisadas que se hayan formado durante el conflicto” [390].

4740 Así pues, por razones pragmáticas, se trata de hacer extensivo el derecho al uso del signo al personal sanitario, a las unidades y a los medios de transporte sanitarios, sin reconocer por ello a una nueva Sociedad de la Cruz Roja.

4741 Además, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja prosiguen a menudo, en período de conflicto armado, las actividades sociales cotidianas del tiempo de paz. En este campo de acción distinto de la colaboración con los servicios sanitarios militares o civiles, se puede seguir utilizando el signo indicativo, pero éste será de dimensiones más reducidas que el signo de protección [391].


¿Es obligatorio el signo distintivo para tener derecho a la protección?

4742 El señalamiento es potestativo; de todas formas, la protección del personal sanitario y religioso, así como de las unidades y los medios de transporte sanitarios, está explícitamente estipulada en los artículos 9 (Protección del personal sanitario y religioso) y 11 (Protección de unidades y medios de transporte sanitarios). Sin embargo, por su propio interés, los beneficiarios procurarán ser identificados, no sólo por la parte adversa, sino también por las fuerzas armadas o grupos armados de su propia parte, sobre todo en un conflicto armado no internacional, en el que el teatro de las hostilidades no suele estar delimitado o es muy movedizo.

4743 En el artículo 18 (Identificación), párrafo 1, del Protocolo I, se dice: “Cada parte en conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario y religioso como las unidades y los medios de transporte sanitarios puedan ser identificados” [392].

4744 En el artículo 12 del Protocolo II se utiliza simplemente el futuro: “el signo distintivo [...] será ostentado”. Esta fórmula expresa un derecho e invita a ejercerlo.


Las dimensiones del signo

4745 El signo distintivo debe ser lo más visible posible: “[...] la necesidad de que el emblema tenga las mayores dimensiones posibles es una cuestión de sentido común y de lógica; no es necesario indicarlo de modo explícito [...]” [393]. Ésta fue la opinión que expresó la Comisión. En el Anexo I del Protocolo I se zanja la cuestión del tamaño del signo en el mismo sentido, señalando en su artículo 3 (Forma y naturaleza), párrafo 1, que: “El signo distintivo [...] será tan grande como las circunstancias lo justifiquen” [394].


La dirección de “la autoridad competente de que se trate”

4746 Para que el signo sea efectivamente respetado, es indispensable que se controle su uso, de lo contrario cualquiera podría utilizarlo. La protección que confiere el signo distintivo exige que su utilización esté supeditada a una autorización y a un control de la autoridad competente concernida. Corresponderá a cada autoridad responsable tomar las medidas necesarias para que ese control sea efectivo. La autoridad competente puede ser civil o militar. Para los que luchan contra el Gobierno legal, será la autoridad de facto en el poder. Cabe recordar que el umbral de aplicación del Protocolo implica cierto grado de organización en general y, en particular, la capacidad de los insurrectos para aplicar las normas del Protocolo [395].


El signo distintivo “deberá respetarse en toda circunstancia”

4747 La obligación es absoluta y válida en todo tiempo y lugar, teniendo en cuenta los casos excepcionales, previstos en el artículo 11 (Protección de unidades y medios de transporte sanitarios), párrafo 2 [396].


“No deberá ser utilizado indebidamente”

4748 El signo sólo puede utilizarse para proteger a las personas y los bienes mencionados en el presente artículo, es decir, al personal sanitario y religioso y las unidades y los medios de transporte sanitarios. Cualquier otro uso es un abuso y, por consiguiente, está prohibido [397].